Karina Ponce Hernandez

Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
132/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Karina Ponce Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído tres de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Devuélvase al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, el anexo que allegó al presente juicio, adjuntos a su informe de ley (un tomo). En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de marzo de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Pruebas. De conformidad con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció el lineamiento de que debe privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, y como consecuencia de ello, únicamente se tiene permitido acudir a las instalaciones del juzgado de lunes a viernes con plantilla reducida para tal fin. Además de tratarse de un anexo voluminoso. En ese tenor ante la imposibilidad de digitalizar en tales circunstancias el anexo que acompañó la autoridad al oficio de cuenta, con tales documentales fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Para lo cual habrán de presentarse las partes en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Correo electrónico. Téngase a la autoridad responsable por señalando como correo electrónico el que indica. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de la materia, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza una causa de sobreseimiento, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad: - La omisión de calificar pruebas y señalar fecha y hora para el desahogo de las mismas, dentro de los autos del juicio laboral 370/2021/M-2. Precisado lo anterior, en el caso, la suscrita considera que con relación a dicha omisión reclamada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual dispone: De conformidad con el dispositivo legal en comento, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Así, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de sobreseimiento en comento, resulta pertinente destacar los antecedentes más relevantes que se desprenden de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, las cuales por ser documentos públicos merecen valor pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte lo siguiente: a) Mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, los Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, procedieron a calificar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 370/2021/M-2, y asimismo, señalaron hora y fecha para el desahogo de las que así lo ameriten. Lo expuesto con antelación evidencia que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la responsable emitió el acuerdo respectivo a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, como lo refiere en su informe de ley; de donde deviene inconcuso que la omisión de la cual se duele la parte quejosa, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (dos de febrero de dos mil veintidós). Ello es así, dado que al analizar el sello receptor de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el cual se encuentra impreso en la parte superior del escrito de demanda, se desprende que fue presentada el dos de febrero de dos mil veintidós, y como quedó establecido en el párrafo que antecede, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se dictó el proveído respectivo en el juicio laboral 370/2021/M-2, en el que se proveyó lo relativo a la calificación de pruebas y señalar fecha y hora para el desahogo de las misma; luego entonces, es evidente que a la fecha en que se instó la acción constitucional, no existía el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de la omisión reclamada señalada en párrafos que anteceden, al momento de la fecha en que se presentó la demanda de amparo, al haber prueba fehaciente de lo anterior, se actualiza lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere actos, no a omisiones, y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que existe prueba plena que demuestra que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía la omisión reclamada, pues ello quedó demostrado con las documentales públicas que allegó al presente sumario el Tribunal responsable, al rendir su informe de ley. En efecto, la anterior circunstancia se corrobora con la documental que acompaña la responsable a su informe de ley, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 370/2021/M-2, entre las que obra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto a la omisión que se reclamó, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de dicho cuerpo normativo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura; así como mediante oficios que se remitan a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Número de expediente: 132/2022 Acuerdo: San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de marzo de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad. Pruebas. De conformidad con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció el lineamiento de que debe privilegiarse el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias, y como consecuencia de ello, únicamente se tiene permitido acudir a las instalaciones del juzgado de lunes a viernes con plantilla reducida para tal fin. Además de tratarse de un anexo voluminoso. En ese tenor ante la imposibilidad de digitalizar en tales circunstancias el anexo que acompañó la autoridad al oficio de cuenta, con tales documentales fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Para lo cual habrán de presentarse las partes en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Correo electrónico. Téngase a la autoridad responsable por señalando como correo electrónico el que indica. Delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de la materia, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Estado de autos. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza una causa de sobreseimiento, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad: - La omisión de calificar pruebas y señalar fecha y hora para el desahogo de las mismas, dentro de los autos del juicio laboral 370/2021/M-2. Precisado lo anterior, en el caso, la suscrita considera que con relación a dicha omisión reclamada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual dispone: De conformidad con el dispositivo legal en comento, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Así, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de sobreseimiento en comento, resulta pertinente destacar los antecedentes más relevantes que se desprenden de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe de ley, las cuales por ser documentos públicos merecen valor pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte lo siguiente: a) Mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, los Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, procedieron a calificar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral 370/2021/M-2, y asimismo, señalaron hora y fecha para el desahogo de las que así lo ameriten. Lo expuesto con antelación evidencia que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la responsable emitió el acuerdo respectivo a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, como lo refiere en su informe de ley; de donde deviene inconcuso que la omisión de la cual se duele la parte quejosa, no existía a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (dos de febrero de dos mil veintidós). Ello es así, dado que al analizar el sello receptor de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el cual se encuentra impreso en la parte superior del escrito de demanda, se desprende que fue presentada el dos de febrero de dos mil veintidós, y como quedó establecido en el párrafo que antecede, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se dictó el proveído respectivo en el juicio laboral 370/2021/M-2, en el que se proveyó lo relativo a la calificación de pruebas y señalar fecha y hora para el desahogo de las misma; luego entonces, es evidente que a la fecha en que se instó la acción constitucional, no existía el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, con número 2a./J. 3/94, visible en la página 15, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de la omisión reclamada señalada en párrafos que anteceden, al momento de la fecha en que se presentó la demanda de amparo, al haber prueba fehaciente de lo anterior, se actualiza lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere actos, no a omisiones, y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que existe prueba plena que demuestra que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no existía la omisión reclamada, pues ello quedó demostrado con las documentales públicas que allegó al presente sumario el Tribunal responsable, al rendir su informe de ley. En efecto, la anterior circunstancia se corrobora con la documental que acompaña la responsable a su informe de ley, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 370/2021/M-2, entre las que obra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto a la omisión que se reclamó, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de dicho cuerpo normativo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la inspección judicial de cuenta; en consecuencia, con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, y en su lugar se programan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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