Karina Pelayo Pacheco

Expediente 1086/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1086/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Karina Pelayo Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA III-B "... Agréguese el oficio de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", con el cual, informa que la multa impuesta a la Titular del Unidad 202 de la Universidad Pedagógica Nacional, dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con sede en Tuxtepec, quedó registrada con el documento determinante 28149/2022, la cual se encuentra en proceso de cobro; de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento..."

  2. Principal

    MESA III-B "... Visto el estado de autos, así como, la primera certificación de cuenta, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós; sin que hiciera manifestación respecto a las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. En el caso, mediante sentencia firma y autorizada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a ******************** ********************, para que la autoridad responsable Directora de la Unidad 202 de la Universidad Pedagógica Nacional, en Tuxtepec, Oaxaca, dentro del plazo de treinta días, procediera en los siguientes términos: "1.- Concluir con el trámite de registro de título y cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; y, 2.- Hacer entrega a la quejosa del título y cédula profesional en la licenciatura en intervención educativa". Posteriormente, el treinta de noviembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable, el cumplimiento de la misma. Así, en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio y anexo de la Titular de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con la cual, remitió un formato de entrega de documentos, de la que se aprecia que se hizo entrega a la quejosa, entre otra documentación, del título profesional en la licenciatura en intervención educativa, en la que obra una firma de recibo de la solicitante de amparo; asimismo, se le hizo de su conocimiento el proceso que debe seguir para tramitar su cédula profesional, ya que este se trata de un trámite personal ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. De lo narrado con antelación, se llega la conclusión que, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la autoridad responsable, revela que se cumplió en su totalidad con el fallo protector, sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, se precisa que no es impedimento para proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la circunstancia de que el Titular de este Juzgado de Distrito, se encuentra gozando de su periodo vacacional; pues al ser de carácter urgente el presente auto, la Secretaria encargada del despacho está facultada para proveerse al respecto. En apoyo a lo anterior, se cita el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE". Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". Enseguida, vista la certificación de cuenta, toda vez, que el presente expediente físico coincide con el electrónico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que, este expediente, así como, el incidente de suspensión serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración y destrucción correspondiente; ello, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, como fue ordenado mediante interlocutoria que resolvió el incidente de suspensión de tres de octubre de dos mil veintidós, se reitera que transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución incidental, procédase a la destrucción del duplicado del incidente del presente juicio. Dedúzcase copia autorizada de la presente determinación y agréguese al original del incidente de suspensión, para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA QUEJOSA, PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO. CONSTE)

  3. Principal

    ...Vista la certificación de cuenta; toda vez que por sentencia firmada y autorizada el nueve de noviembre del presente año, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa; la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. (...) requiérase a la autoridad responsable Directora de la Unidad 202 de la Universidad Pedagógica Nacional, en Tuxtepec, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, informe las gestiones que se encuentra realizando para cumplir con el fallo protector.

  4. Principal

    "... Agréguese el oficio y anexo de la Directora de la unidad 202 de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, con el cual, primeramente, remite los datos que le fueron solicitados en resolución de nueve de noviembre del año en curso. Por tanto, mediante comunicación que para el efecto se libre, se ordena librar oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que realice el cobro de la sanción impuesta en sentencia de nueve de noviembre del presente año, a la autoridad responsable Titular de la Unidad 202 de la Universidad Pedagógica Nacional, dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, en cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional ($9,622.00). Se precisa que, al oficio de cuenta, deberá anexarse copia de las documentales necesarias, a efecto de que la autoridad recaudadora cuente con los elementos necesarios para realizar el cobro de la multa impuesta. Enseguida, con el oficio de cuenta, la autoridad responsable, también informa las gestiones que realiza para cumplir con la sentencia firmada y autorizada el nueve de noviembre de dos mil veintidós; sin embargo, de momento se reserva proveer al respecto, hasta en tanto, cause ejecutoria el fallo protector. Finalmente, se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta, para los efectos conducentes..."

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