Karina Ornelas Corrales

Expediente 1472/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1472/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Karina Ornelas Corrales

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda que promueve ********************, por propio derecho y en representación de su menor nieta de iniciales ********************, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: Autoridad responsable Juez Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México. Acto reclamado El auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, promovido por ********************en contra de la quejosa, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, en donde se ordenó la reincorporación de la menor ********************, a favor de su progenitor, dado que se le concedió la guarda y custodia. Admisión Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2°, 6°, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 126 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Ahora bien, en cumplimiento a la circular DGG/JSTG/20/2020, signado por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, se instruye a la Analista Jurídico Sise, para capture en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la edad del menor de iniciales ******************** de cuatro años de edad. Incidente de suspensión En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese por cuerda separada cuaderno único del incidente relativo. Intervención del agente del ministerio público federal adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, emplácese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrase traslado con copia de la demanda y del presente proveído, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Solicitud de informe justificado Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación: Que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al de la notificación del presente proveído. Al que deberá acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. En su caso, los legajos de pruebas que hayan rendido las partes en el procedimiento natural. Los cuales deberá enviarlos debidamente ordenados en tomos, con la respectiva carátula que los identifique, foliados, sellados, rubricados, completos y legibles. Asimismo, deberá remitir cualquier dispositivo de almacenamiento magnético u óptico que contenga íntegra la trascripción del acto reclamado. Bajo el apercibimiento que de no rendirlo; o bien, rendir su informe sin anexar los documentos que sean necesarios para fundarlo y con los requisitos antes apuntados, sin debida justificación para ello, se le impondrá en la sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional Se señalan para que tenga verificativo la audiencia constitucional las diez horas con veinte minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés. Requerimiento a las partes Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso y a las autoridades responsables para que comuniquen cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualicen causas notorias de improcedencia. Asimismo, informen si en relación con los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo; en caso, deberán indicar el número de expediente bajo el que se tramita dicho juicio y el órgano jurisdiccional que conoce o conoció del mismo. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 251, en relación con el diverso numeral 238, primer párrafo, todos de la ley de la materia, con relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pruebas Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales que acompaña el quejoso a su escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones personales Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba realizársele alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para realizarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo cuenten con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. Autorización consulta expediente electrónico Se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico con el usuario que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la analista jurídico SISE efectuar el registro interno del usuario que proporciona para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Tercero interesado y emplazamiento Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que le reviste el carácter de tercero interesado a: ******************** con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de la materia, en virtud de que es parte contraria de la quejosa en el juicio de origen ******************** del índice de la autoridad responsable. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Juez Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, para que, por su conducto, emplace al presente juicio de amparo al tercero interesado ********************a quien deberá correr traslado con copia simple de la demanda y del presente proveído, en el domicilio procesal que haya señalado en esa instancia, para oír y recibir notificaciones personales o en el que le haya tenido para tales efectos. Asimismo, se solicita a la responsable requiera a dicho tercero para que en el momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días, legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales, que se deriven del presente juicio de amparo, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con el apercibimiento, que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les practicarán por medio de la lista, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea Se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Medios de contacto Se tiene como medio de contacto el número telefónico que proporciona la quejosa. Por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota de lo anterior. Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: por lista a la quejosa; por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a la autoridad responsable y por conducto de ésta al tercero interesado.

  2. Incidental

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: atento a lo ordenado en el cuaderno principal se apertura cuaderno único incidental, para substanciar y resolver lo relativo a la suspensión de los actos que la quejosa ********************por propio derecho y en representación de su nieta menor de iniciales ********************, atribuye a la autoridad que enseguida se precisa: Autoridad responsable Juez Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México. Acto reclamado El auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, promovido por ********************en contra de la quejosa, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, en donde se ordenó la reincorporación de la menor ********************, a favor de su progenitor, dado que se le concedió la guarda y custodia. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140, 142 y 143 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que quede********************notificada del presente acuerdo. Al efecto, remítasele copia simple de la demanda y anexos que se estimen pertinentes. En el mencionado informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, ello de conformidad al artículo 140 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Es menester señalar que la falta de informe previo tiene por consecuencia que se presuma cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Si las autoridades responsables incurren en tal omisión se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL Se hace del conocimiento de las partes que se señalan las nueve horas con veintisiete minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es de conservación, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. b) Que exista la solicitud del quejoso. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme a lo previsto en el artículo 157, en relación con el diverso 146, fracción I, ambos de la Ley de Amparo , resulta necesario, en principio, establecer el acto reclamado respecto del cual se solicita la medida cautelar que, en esencia, consiste en lo siguiente:  Que no se ejecute la orden de entrega de la menor de iniciales ******************** a su progenitor. Fijados los actos reclamados, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se satisfacen. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En la especie, los actos reclamados son susceptibles de suspenderse, porque su ejecución eventualmente podría causar un daño a los derechos fundamentales del quejoso. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, examinado en el inciso que antecede, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece, en su fracción I, que la suspensión se decretará: "cuando la solicite el quejoso". Lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviada con el acto reclamado, pues según lo expuesto en la demanda de amparo, ********************(progenitor de la menor) tramitó ante la autoridad responsable el juicio de origen ********************, en contra de la quejosa, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, en donde se ordenó la entrega de la menor a su progenitor. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La fracción II del citado artículo 128 establece: (.) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, respecto del daño que se pretende evitar con la suspensión del acto, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. Ahora bien, con relación a la suspensión provisional que solicita el quejoso, cabe aclarar que de acuerdo con la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión solicitada en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En ese contexto, el artículo 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dispone:******************** Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; (.). Del contenido de dicho precepto se desprende que cuando se afectan intereses de menores o incapaces o se les pueda ocasionar un trastorno emocional o psíquico, con la concesión de la medida cautelar, se considera que se causan perjuicios al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. Lo anterior es así, pues independientemente que pudiesen ocasionarse daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si no se reúnen todos los requisitos que señala éste, no procede otorgar la suspensión, ya que de conceder la medida cautelar provisional se perjudicaría en mayor medida a la sociedad, pues la misma guarda especial interés en la tutela de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por tratarse de etapas de la vida del hombre que requieren de especial atención en aras de lograr un sano desarrollo de la infancia; derechos de entre los cuales destacan los relativos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y a la no violencia, lo que se engloba dentro del concepto del interés superior del menor, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la custodia de la menor de iniciales ********************, materialmente la tiene la quejosa ********************quien es la abuela materna. Ello, por lo menos desde el dos de junio de dos mil veintitrés, data en la que la hija de esta última, de nombre ******************** falleció (-lo que se corrobora con la copia certificada del acto de defunción respectiva que se adjunta a la demanda de amparo-). A mayor abundamiento, la quejosa -abuela materna de la menor-, da noticia de que el tercero interesado ********************-progenitor de la menor-, es una persona violenta, afecta a las bebidas alcohólicas y al uso de drogas que tiene constantes problemas en los lugares en los que habita, razón por la cual y para esconderse, se cambia de domicilio frecuentemente y que por ese motivo, desde que falleció su hija, éste no se hace cargo de ninguna manera de la menor. Asimismo, refiere la quejosa que ella se ha hecho cargo completamente de su nieta menor de iniciales ********************, pues la manda al Kinder, la lleva a tratamiento psicológico (pues refiere que no entiende que su mamá falleció y aún la espera), y la ha sometido a varias operaciones para que pueda hablar y comer, pues nació con labio y paladar hundidos, gastos que ha cubierto la quejosa y que el progenitor de la menor no la ha ayudado en lo absoluto desatendiéndose totalmente de ésta desde que falleció su hija, mamá de la menor.******************** Así las cosas, mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen ********************, instado por el tercero interesado en contra de la quejosa, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se ordenó a la aquí quejosa la entrega de la menor a su progenitor; razón por la cual, solicita la suspensión de dicho acto reclamado. Cabe mencionar, que hasta este momento para efectos de la suspensión provisional de manera indiciaria y sin prejuzgar, la quejosa acredita su dicho con las documentales que anexa a su demanda de amparo. Por tanto, atendiendo al interés superior de la menor,********************tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda de amparo, no existen indicios, ni elementos que indiquen que la menor al permanecer con su abuela sufra algún tipo de violencia o maltrato; por el contrario la quejosa da noticia de que el tercero interesado (progenitor de la menor), es una persona violenta, afecta a las bebidas alcohólicas y el uso de drogas y que tiene constantes problemas en los lugares en los que habita, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para los siguientes efectos: No se lleve a cabo acto tendiente alguno a la ejecución del acto reclamado y las cosas permanezcan en el estado que guardan; es decir, para que no se lleve a cabo la entrega de la menor a su progenitor. Lo anterior, toda vez que con los datos con los que hasta este momento procesal se cuenta, se estima que en caso de no concederse, se causaría una mayor afectación a la menor, con fundamento en la fracción II del primero de los citados numerales, en relación con el artículo 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal********************que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." Asimismo, apoya lo anterior la tesis emitida por el Cuarto Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito********************que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE CUSTODIA DE MENORES. PARA CONCEDERLA O NEGARLA DEBE ATENDERSE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto a noveno del artículo 4o. constitucional, se obtiene que para valorar si se satisfacen los requisitos para conceder la suspensión definitiva, consistentes en no seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, o no causar daños y perjuicios de imposible reparación, en casos de custodia de menores de edad, el Juez de Distrito debe inclinarse por el mayor beneficio para el interés superior del menor. De esta manera, concederá la medida cautelar, si la situación de los menores sin la ejecución de los actos reclamados representa mayores garantías para sus intereses y, el surtimiento de los efectos del acto reclamado genera mayores riesgos para su bienestar y desarrollo; y debe negarla, si con el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran, se produce algún grado de riesgo para tal bienestar y desarrollo. Lo anterior, considerando que la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcionen a los niños los satisfactores, los cuidados y la asistencia necesarios para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, el cual se ha erigido en interés superior de la Nación, en la legislación mexicana y en la normatividad del orden internacional, por lo que, si el interés superior tutelado por distintas normas jurídicas de orden público radica en dirigir todas las acciones, programas y decisiones de las autoridades, y de los gobernados inclusive, en pro del bienestar y mejor desarrollo familiar y social de la niñez, es inconcuso que los tribunales competentes para conocer y decidir sobre la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, deben obrar en igual sentido, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Sin que sea necesario que la parte quejosa exhiba garantía para reparar los daños e indemnizar los perjuicios que pudiesen ocasionarse a la parte tercera interesada, con la concesión de esta medida, atendiendo al interés superior de la menor, pues, de lo contrario, se podría causar un perjuicio mayor al que se pretende evitar con la medida cautelar, ya que se pondría en riesgo la subsistencia de la menor quejosa. NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO. Por otra parte, requiérase a la autoridad responsable Juez Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, para que, por su conducto, notifique el presente auto al tercero interesado ********************en el domicilio procesal que haya señalado en esa instancia, para oír y recibir notificaciones personales o en el que le haya tenido para tales efectos. AUTORIZACIÓN DE FIRMA Y HABILITACIÓN DE HORAS INHABILES. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen y para que entreguen los oficios que deriven de este incidente. Notifíquese: por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, por conducto de la responsable al tercero interesado.

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