Karina Olarte Ruvalcaba
Expediente 589/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/06/2021
Partes del expediente
- Karina Olarte Ruvalcaba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dos de junio de dos mil veintiuno. Vías de cumplimiento. Visto el oficio signado por el Delegado y Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, en representación de las autoridades responsables de dicha Secretaría, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de trece de mayo del año en curso, remite diversas constancias de las que se advierten las gestiones que ha realizado para dar cumplir con la ejecutoria de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Se concede prórroga por última ocasión. Ahora, cabe reiterar a la autoridad responsable, que en múltiples ocasiones se han autorizado prórrogas, sin que a la fecha hubiese dado cumplimiento a lo ordenado. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad responsable Director General Administrativo de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, por última ocasión una prórroga de diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que dé cabal cumplimiento al fallo protector. Requerimiento a la Secretaría de la Hacienda del Estado de Jalisco. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere, a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presenta acuerdo: Informe la repuesta que haya dado a la solicitud que le realizó el Secretario de Trasporte del Estado de Jalisco, mediante oficio 21213960, de doce de abril de dos mil veintiuno, en que se solicitó ampliación presupuestal para estar en posibilidad de realizar el pago correspondiente al aquí quejoso. Lo anterior, remitiendo constancia fehaciente de ello. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que dicha autoridad no haya sido señalada como autoridad responsable dentro del presente sumario; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, es de orden público, por tanto, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Quinta Época Registro: 394192 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 236 Página: 159 EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTAN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Apercibimientos. Se apercibe a las autoridades antes indicadas, de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se les impondrá a sus titulares una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Tiene sustento lo anterior, en la siguiente Jurisprudencia que reza de la siguiente manera: "Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Además, se apercibe a la autoridad responsable Director General Administrativo de la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, que de ser omiso a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que, en el ámbito de sus facultades, inicie la investigación de los hechos posiblemente constitutivos del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia que dice: "Registro digital: 2019625 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 29/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 556 Tipo: Jurisprudencia DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario del Transporte del Estado de Jalisco y Gobernado del Estado de Jalisco, quienes resultan ser los superiores jerárquico de las citadas autoridades, respectivamente, para que les ordenen a éstas, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibidos que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, y en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Vistos los escritos signados por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa y por *** perito oficial, por medio de los cuales, solicitan en forma coincidente, una ampliación del plazo para la rendición del trabajo técnico que fue encomendado en autos, por las razones que exponen en sus escritos de cuenta; por tanto, se les otorga una prórroga por el plazo de diez días, que establece el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para emitir su dictamen pericial, el que deberá estar ratificado ante la presencia judicial. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, la prueba se integrara con los peritajes que obren debidamente en autos, sin su intervención.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de mayo de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas, que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que les fue notificado el veinte de abril de dos mil veintiuno. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que, en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el dos de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "[.] 1. Deje insubsistente la resolución incidental de cinco de agosto de dos mil veinte, emitida en el juicio laboral ***. 2. En su lugar, dicte otra en la que tome en cuenta lo considerado en esta sentencia y resuelva congruentemente el incidente de origen, con plenitud de decisión y conforme a sus atribuciones. [.].". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución incidental de cinco de agosto de dos mil veinte, emitida en juicio burocrático de origen, y dictó otra en la que tomó en cuenta lo resuelto en esta sentencia, con plenitud de decisión y conforme a sus atribuciones. En esas condiciones, resulta claro que dicho efecto de la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIO´N, DEPURACIO´N, DESTRUCCIO´N, DIGITALIZACIO´N, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS O´RGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Cuenta en el incidente de suspensión. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
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