Karina Marcela Zavala Pérez

Expediente 1975/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1975/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Karina Marcela Zavala Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    . Tepic, Nayarit, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se observa que por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a la responsable denominada Universidad Autónoma de Nayarit, por conducto de su apoderado, remitiendo diversas constancias en cumplimiento al auto de trece de julio del año en curso, estableciéndose que se estaría en espera de que remitiera la impresión del correo por el que se dio contestación al ahora quejoso sobre la consulta que le elevó en su oportunidad y que se dice le fue contestado al correo particular consultorjuridico_dlg@hotmail.com., lo que le fue hecho de su conocimiento el cuatro de septiembre del año en curso. Sin embargo, al día en que se actúa la responsable no ha remitido la constancia de referencia. Entonces, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación en comento, por disposición expresa del precepto 2°, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación que se le haga del presente proveído, remita copias certificadas de la impresión del correo por el que dio contestación al ahora quejoso sobre la consulta que le elevó y que le fue contestado al correo particular consultorjuridico_dlg@hotmail.com; lo anterior, a fin de corroborar las manifestaciones realizadas por el accionante del amparo y determinar lo conducente. Asimismo, cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 363, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". De igual manera, sustenta lo anterior la tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías". Estado de autos. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que por proveído de cuatro de septiembre del año en curso, se señalaron las once horas con cuarenta y tres minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés, a efecto de que se llevara a cabo la prueba de inspección judicial admitida el trece de julio de la anualidad que transcurre, sin que se haya desahogado la misma en la fecha precisada. Por consiguiente, a fin de subsanar la aludida irregularidad, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se sirva desahogar la prueba de inspección judicial de que se trata, en las instalaciones que ocupa este recinto oficial, para lo cual, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Citación a las partes. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, para que de ser su interés ocurra al desahogo de la misma, en el día y hora fijados. Diferimiento y audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas que autoriza y da fe. Maricruz

  2. Principal

    . TEPIC, NAYARIT, UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se recibe informe. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 208, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene al Comandante de la Guardia Nacional y Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, ambos de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México, por conducto de su representante, rindiendo su informe relativo al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, dese vista a las partes, a fin de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia incidental. Consideración. En atención a las manifestaciones que realizan en el sentido de que no han sido notificadas de la resolución interlocutoria emitida en el presente incidente de suspensión, remítaseles copia certificada de citada determinación para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Josué Jesús Gaona Ortiz, que autoriza y da fe. Julia Esther

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Se recibe escrito. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con sede en esta ciudad, copias que del mismo acompaña y anexo, a través del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el cuatro de agosto de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en el arábigo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho medio de impugnación. Competencia. Por otra parte, en cuanto a la obligación que impone a los jueces de distrito, los arábigos 84 de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que la tramitación y resolución del recurso que se promueve es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno con sede en esta ciudad. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 89 de la ley en comento, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión y distribúyanse entre éstas, copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el presente expediente dentro del plazo de TRES DÍAS, junto con el escrito de agravios al tribunal constitucional competente. Cuaderno de antecedentes. Al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes al presente auto, sin que sea necesario agregar las anteriores dado que éstas obran en el expediente electrónico formado con motivo de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por representante social adscrito, así como a la autoridad responsable.

  4. Principal

    RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos que reclamó del Director General y Comité de Vigilancia ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al servicio del Estado de ********************; por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos quinto y último de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsable y por lista a las demás partes; asimismo, procédanse a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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