Karina Lizbeth Leonides Colin
Expediente 1039/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/12/2019
Partes del expediente
- Karina Lizbeth Leonides Colin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa y, en consecuencia, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos y por las autoridades a que se refiere en el considerando quinto de esta sentencia, en atención a las razones expresadas en el mismo. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** por los actos y autoridades responsables señalados en el capítulo correspondiente de la demanda, en atención a las razones expresadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en razón de que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Este plazo se estima suficiente para que transcurra en su totalidad nuevamente el plazo de ocho días a que se refiere el precepto citado, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 21/2008 (registro 170081), de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO". Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Amparos contra Leyes en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos y este en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE OFICIO Por recibido el oficio 21117, del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual se remite testimonio de la resolución dictada en el impedimento 12/2019 y se anexan los autos originales del juicio de amparo 1615/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, formado con motivo de la demanda de amparo presentada por *******, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. Acúsese recibo y estese a lo resuelto por el Pleno del Tribunal de Alzada, que determinó: "UNICO. Se declara sin materia el impedimento planteado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por tanto, remítanse los autos al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, para que se avoque al conocimiento del asunto." De lo anterior se toma conocimiento, y glósense a los autos las actuaciones originales para la debida integración del expediente en que se actúa. ESTADO PROCESAL. En ese sentido, del estado procesal de autos, se advierte que el Juzgado de origen no proveyó sobre la admisión de la demanda, con motivo de que la Titular del citado juzgado de Distrito se declaró impedida para conocer del asunto; sin embargo, éste ya fue resuelto; en consecuencia, se ordena levantar la reserva decretada en autos y se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO PARCIAL El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De acuerdo a lo anterior, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: La parte quejosa señala como autoridad responsable al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, a quien le atribuye la publicación del decreto reclamado; atento a ello, debe tomarse en consideración que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, tratándose de amparo contra normas generales, la parte quejosa deberá señalar con el carácter de autoridades responsables a aquellas que hubieren intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio respectivo, únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios, lo que en el caso no acontece, ya que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no formuló conceptos de violación tendentes a controvertir vicios de constitucionalidad formal de la publicación de la norma reclamada. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, este juzgador determina desechar la demanda de amparo respecto del acto y autoridad antes señalados. Ahora, la parte quejosa también reclama el siguiente acto: a) El Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus Artículos Transitorios Primero a Quinto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. En relación con ese acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyo texto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las adiciones y reformas a la Constitución implican agregar o modificar los principios, reglas, disposiciones y decisiones fundamentales referidas al funcionamiento, atribuciones y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos, así como las relaciones con los particulares." El procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contiene en el artículo 135, que establece: "Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas." Dicho procedimiento se encuentra conferido exclusivamente al denominado poder reformador, que se conforma por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión además de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. Asimismo, el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, hace el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaratoria de aprobación de las adiciones o reformas. Apuntado qué es una reforma o adición a la Constitución General, corresponde determinar el fundamento constitucional de la causa de improcedencia contra adiciones y reformas a éste. Su fundamento se encontraba implícito en los artículos 103, fracción I y 133 que prevén: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas." La primera norma constitucional citada establece que los Tribunales de la Federación resolverán las controversias suscitadas por normas generales, acto u omisiones que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el segundo precepto, refiere que las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados deben ser acordes con la Constitución y emanar de ella. En ese sentido, las violaciones a derechos humanos pueden provenir de normas generales, actos u omisiones, no respecto de nuestro máximo ordenamiento aunado a que todos los ordenamientos deben ser acordes a la Constitución -denominado principio de supremacía constitucional-. La causa de improcedencia analizada, fue creación jurisprudencial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la Ley de Amparo abrogada el dos de abril de dos mil trece, no la previó. En principio, la Corte estimó que era procedente el juicio de amparo contra el proceso de reformas constitucionales. El criterio mencionado se estableció por el Tribunal Pleno, en el amparo en revisión 1334/1998, del que derivó la tesis aislada P. LXVI/99, con número de registro 193253, y rubro: "REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN." A raíz de la controversia constitucional 82/2001, el Alto Tribunal cambió el criterio, estableciendo que en vía jurisdiccional no podía analizarse el procedimiento de reformas y adiciones regulado en el artículo 135 constitucional, puesto que las dos terceras partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales que intervienen en ese proceso, no actuaban en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en su función extraordinaria de Órgano Reformador de la Constitución Federal, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes parciales. El criterio mencionado, se desprende de la jurisprudencia P./J. 39/2002, con número de registro 185941, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL." Este criterio cambió nuevamente cuando el Pleno del Alto Tribunal resolvió el amparo en revisión 186/2008, en donde sostuvo que el órgano encargado de reformar la Constitución Federal, es limitado y sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto constitucional, por lo cual, era jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado Constitucional debe prever medios de control sobre aquellos actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales. Dicho criterio se estableció en las tesis aisladas P. LXXV/2009 y P. LXXVI/2009, con números de registro165713 y 165708; y de rubros: "PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL." "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO ES MANIFIESTA NI INDUDABLE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA." Por su parte, la Segunda Sala de la Corte estableció la improcedencia de la impugnación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente contra el artículo 116, fracción IV, inciso E), que regulaba disposiciones relativas a los partidos políticos y su derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargo de elección popular ; puesto que se permitiría registrar al quejoso como candidato a un cargo de elección popular, aun sin partido político; además se rompería con el principio de relatividad de las sentencias, pues la protección constitucional se extendería a personas extrañas. El criterio referido es la tesis aislada 2a. III/2013 (10a.), con registro 2002821 y rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR UN CIUDADANO SIN PARTIDO POLÍTICO CONTRA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Si bien es cierto que la Suprema Corte funcionando en Pleno, resolvió que era procedente impugnar vía amparo los actos que reforman la Constitución Federal; lo cierto es que, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, expresamente incorporó el impedimento para ejercer el control constitucional vía amparo contra adiciones y reformas al Máximo ordenamiento del país. La Segunda Sala, ya abordó el estudio de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. En la jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.), sostuvo que los artículos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. El criterio mencionado tiene el registro 2005466 y rubro siguiente: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Es de destacarse, que en el amparo directo en revisión 4267/2013, la Sala señaló que resultan inoperantes los conceptos de violación y agravios que impugnen el procedimiento de reformas a la Constitución Federal, ya que los derechos humanos previstos en tratados internacionales de la materia, se encuentran al mismo nivel de los derechos reconocidos en la Constitución Federal, conformando en todo momento un mismo catálogo o cuerpo de derechos humanos sin hacer referencia a una cuestión jerárquica. Además, se precisó que cuando se está en presencia de un supuesto de restricción, excepción o limitación constitucional inmediatamente prevalece o tiene aplicación directa el texto constitucional, el cual constituye un esbozo y una manifestación clara del Constituyente Permanente, que no es susceptible de revisión constitucional, pues se trata de una decisión soberana del Estado Mexicano. El razonamiento se plasmó en la tesis aislada 2a. XXXI/2014 (10a.), de registro 2005939 y rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO Y AGRAVIOS EN SU REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNA UN PROCEDIMIENTO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN." La razón de la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive sus procesos de reformas, resulta porque el órgano reformador ejerce una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía. Aunado a que dichas decisiones soberanas se refieren a principios, reglas, disposiciones y decisiones político fundamentales referidas a la organización, así como derechos fundamentales y garantías para su protección. De igual manera, importa resaltar que los artículos transitorios forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Corte al resolver el amparo en revisión 1238/2015. En ese asunto, se estableció si bien la vocación ordinaria de las disposiciones transitorias es precisar circunstancias de índole temporal relacionadas con la eficacia, vigencia, aplicación, aclaración, precisión, derogación y abrogación de las normas propiamente constitucionales; sin embargo, que no existía impedimento alguno para que en ellas se incorporan obligaciones de naturaleza sustantiva derivado del principio de unidad de la Constitución que obliga a interpretarla en su conjunto, sin que sus preceptos deban estar situados en determinada parte de su texto para adquirir la misma jerarquía que les caracteriza a la totalidad de ellos. El Pleno de la Corte en un diverso asunto, reiteró que las normas transitorias de una reforma a la Constitución Federal forman parte de la ley fundamental. Del asunto surgió la tesis aislada P. XLV/2004, de registro 180682 y rubro: "CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL PLANTEAMIENTO DE QUE UNA LEY SECUNDARIA CONTRADICE EL TEXTO DE LAS NORMAS TRANSITORIAS DE UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CONSTITUYE UN TEMA DE ESA NATURALEZA." Bajo esos razonamientos, la Corte estimó que los artículos transitorios de la Constitución Federal son inimpugnables al constituir un único cuerpo normativo con el resto de los preceptos, que conformar el marco constitucional origen del orden jurídico nacional. Luego, resulta claro que si en este juicio de amparo la parte quejosa reclama reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no procede el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se determina desechar la demanda de amparo, respecto de los actos antes precisados. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como en el referido Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se admite la demanda promovida por ********, por propio derecho, en relación con los restantes actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas en la demanda. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención de que el Juzgado de origen no señaló fecha y hora para que tuviese verificativo la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS En términos de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, las cuales deberán hacerlo dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas. De igual manera, se solicita a las autoridades responsables que, en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señalen el último período vacacional del que gozaron, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendieron sus labores, desde la emisión de los actos reclamados hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal, se apercibe a las citadas autoridades que en caso de que omitan rendir su informe justificado, o bien, no remitan las constancias correspondientes, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Sin que resulte necesario remitirles copia del escrito de demanda y sus anexos, ya que les fueron enviados por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el oficio mediante el cual les solicitó su informe previo, por auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. ACTUALIZACIÓN DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en el supuesto de que tengan conocimiento de la actualización de alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CONSULTA VÍAINTERNET, UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas en el escrito inicial de demanda y, en su caso, en escritos posteriores, sin perjuicio de que en el momento que promueva alguno de los señalados por la parte quejosa en términos amplios, se le reconozca dicho carácter en el acuerdo que recaiga, siempre y cuando cumpla con los requisitos del precepto legal citado. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 8° de la Constitución Federal, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición en un tanto de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal y por conducto de las personas autorizadas por las partes para tal efecto. DOMICILIO Toda vez que la parte quejosa señaló los estrados para oír y recibir notificaciones con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de este proveído, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista. Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la quejosa las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda. TERCERO INTERESADO En el caso concreto, la parte quejosa señaló que no existe tercero interesado. De igual modo, este juzgador no advierte la existencia de alguno en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO (HOY FISCAL EJECUTIVO TITULAR) Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al agente del ministerio público de la federación adscrito (hoy Fiscal Ejecutivo Titular). Al respecto, siendo que en el presente asunto se reclaman normas generales, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquense vía oficio las determinaciones de este expediente a la representación social. TRANSPARENCIA (OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, podrán oponerse a la publicación de sus datos informando tal circunstancia a esta potestad judicial para que se acuerde lo conducente. JURISPRUDENCIA La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." DOMICILIO DEL JUZGADO Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. PROMOCIONES RESERVADAS Ahora bien, en relación con las promociones con folio 605, 1095 y 1166, del índice del juzgado de origen, que fueron reservadas con motivo del impedimento tramitado en autos, se levanta la reserva decretada y al respecto se provee: REPRESENTACIÓN PRESIDENCIAL Agréguese a los autos el oficio con folio 605, signado por la Consultora Jurídica General en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, por el que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informa la designación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que represente al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en los autos del juicio de amparo en que se actúa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a los autos el oficio con folio 1095 signado por la Subdirectora de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; atento su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo se tienen como delegados a las personas que menciona, quienes tendrán las facultades de rendir pruebas, alegar y hacer promociones únicamente en el acto de la audiencia, así como para interponer recursos. Finalmente respecto del oficio con folio 1166, no ha lugar a tener por rendido el informe justificado presentado por el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese.
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