Karina Janeth Pérez Hernández

Expediente 1472/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1472/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Karina Janeth Pérez Hernández
  • Director del Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría

Actuaciones

  1. Principal

    Revisado el estado procesal que guardan los presente autos, se aprecia que en proveído de tres de agosto de dos mil veinte, entre otras cosas, se recibió el testimonio remitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, relativo a la ejecutoria dictada en el recurso de queja 177/2020 de su índice; respecto del cual el Tribunal de alzada declaró fundado el recurso de queja y, al efecto, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es fundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo combatido. TERCERO. Se concede la suspensión provisional a Ricardo Limón Ramírez, por conducto de su apoderado legal, en contra de los efectos y consecuencias de los actos reclamados a las autoridades responsables, Pleno del Tribunal de Justicia de Administrativa del Estado de Jalisco; Cuarta Sala Unitaria del aludido órgano jurisdiccional; Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Jalisco del Poder Judicial del Estado de Jalisco; Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; así como al Síndico, Director de Ordenamiento de Territorio y Director de Obras Públicas e Infraestructura, todos del Ayuntamiento de mérito, para el efecto y bajo las condiciones y requisitos de efectividad establecidos en el último considerando del presente fallo." Asimismo, el Tribunal Colegiado de referencia, determinó conceder la suspensión provisional para los siguientes efectos: "En esa tesitura, ante lo fundado de los agravios hechos valer, con fundamento en lo dispuesto por los arábigos 128, 129, 138 y 147 de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar el auto combatido y conceder a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada para el efecto de que las autoridades responsables continúen con los trámites administrativos iniciados con sustento en el dict-2013-1233 para demoler, urbanizar y/o construir en el predio ubicado en Boulevard Puerta de Hierro número 6550 -predio que tiene diversa entrada por Av. Acueducto 6075- [antes conocido como predio ubicado en Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín sin número, esquina con Avenida Acueducto, entre esa y la Prolongación Juan Palomar y Arias, en el Fraccionamiento Puerta de Hierro], en el municipio de Zapopan, Jalisco, emitida en cumplimiento de la sentencia 600/2013 del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, pero se abstengan de emitir la resolución correspondiente que defina su procedencia y, en caso de haberlo hecho (emisión de licencias), para que se dejen sin efectos de manera temporal; esto es, hasta en tanto se emita resolución sobre la suspensión definitiva." Consecuentemente, en el referido auto de tres de agosto pasado, se hizo del conocimiento a la parte quejosa, que el Tribunal de alzada, determinó como requisito de efectividad a fin de que subsistan los efectos de la medida cautelar, el otorgamiento de una garantía económica que debía exhibir, en cualquiera de las formas legales, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100, moneda nacional), la cual se fijó de manera discrecional. Finalmente, en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veinte, se recibieron los escritos de Ricardo Navarro Plazola, apoderado de la parte quejosa (véase auto de veintiuno de julio de dos mil veinte), mediante los cuales exhibe billete número N 867061, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los terceros interesados con la concesión de la suspensión provisional. Se recibe escrito de la parte tercera interesada, solicita se fije contragarantía. Por su parte, se tiene por recibido el ocurso electrónico suscrito por Luis Gabriel Piña Flores, en su carácter de autorizado en amplios términos de la tercera interesada Laura Paola González Polit; a través del cual, solicita se fije contragarantía a fin de levantar la suspensión y, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Procedencia de la solicitud de contragarantía. En primer lugar, conviene apuntar que, el artículo 133 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." De lo anterior, se colige que, no se admitirá la contragarantía cuando con la ejecución del acto reclamado quedara sin materia de estudio el juicio de amparo principal o, cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada. Por su parte, los numerales 150 y 151 de la Ley de la materia, prevén dos supuestos en los cuales la medida cautelar es procedente: El primero, cuando con la suspensión de los actos reclamados, se permita la continuación del juicio de origen hasta antes del dictado de la resolución que ponga fin y; el segundo supuesto, cuando, con la concesión de la medida cautelar, se impida que la secuela del procedimiento de origen avance, puesto que, con ello, se consumaría irreparablemente el daño o perjuicio que al quejoso se le pudiera ocasionar. Disposiciones, cuyo contenido literal es el siguiente: "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Artículo 151. Cuando se promueva el amparo contra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de remate de inmuebles, la suspensión permitirá el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega de los bienes al adjudicatario. Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspensión será el de impedir su entrega material al adjudicatario." En esas condiciones, no ha lugar a la admisión de la contragarantía peticionada por la parte tercera interesada a fin de no dejar sin materia el presente asunto. Lo anterior es así, puesto que, quien ahora provee estima que de ejecutarse el acto reclamado quedaría sin materia el juicio de amparo principal, y resultaría en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada; en atención a lo previsto por el artículo 133, párrafo segundo de la Ley de amparo. Se explica En principio, cabe recordar que la parte quejosa en lo que interesa, reclama como actos destacados: Asimismo, es importante precisar, que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio y se duele que con motivo del dictamen reclamado se emitan diversos trámites y, en su caso, licencias o autorizaciones, no obstante, que refiere no fue llamado al procedimiento respectivo, tal como lo refirió, en su demanda de amparo: ". ." Ahora, la suspensión provisional concedida a la parte quejosa, en atención a las consideraciones tomadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de queja 177/2020, se concedió para los efectos siguientes: "(.) para el efecto de que las autoridades responsables continúen con los trámites administrativos iniciados con sustento en el dict-2013-1233 para demoler, urbanizar y/o construir en el predio ubicado en Boulevard Puerta de Hierro número 6550 -predio que tiene diversa entrada por Av. Acueducto 6075- [antes conocido como predio ubicado en Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín sin número, esquina con Avenida Acueducto, entre esa y la Prolongación Juan Palomar y Arias, en el Fraccionamiento Puerta de Hierro], en el municipio de Zapopan, Jalisco, emitida en cumplimiento de la sentencia 600/2013 del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, pero se abstengan de emitir la resolución correspondiente que defina su procedencia y, en caso de haberlo hecho (emisión de licencias), para que se dejen sin efectos de manera temporal; esto es, hasta en tanto se emita resolución sobre la suspensión definitiva." Sobre esa base, en el caso se considera que no se actualizan los supuestos de procedencia de la contragarantía, en términos de los numerales 150 y 151 de la Ley de amparo. Ello, es así, dado que, de ordenarse la fijación de una contragarantía, y con ello el levantamiento de la suspensión provisional, la materia del juicio de amparo se vería destruida ante el cambio de situación jurídica que se diera con la emisión de la resolución final en el juicio natural y, en su caso, con la emisión de licencias con motivo del dictamen reclamado, haciendo en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Puesto que, al emitirse autorizaciones, licencias o cualquier otro acto con sustento en el dictamen reclamado, ello se traduciría en que, se afectaría al quejoso en sus derechos humanos que estima violados, pues se "ampliarían" a diversos actos que podrían implicar que sea difícil restituir dichos derechos, ya que se la ubicaría en una situación vulnerabilidad al extenderse los actos a personas o negociaciones diversas, con el consiguiente daño moral cuya naturaleza es irreparable. De ahí que, en el supuesto que de concederse el amparo para que se llame a la quejosa al juicio de origen, quedaría sin efectos todo lo actuado, incluido el dictamen, y por ende, las licencias derivadas del mismo y de igual manera sucedería si lo que se declara inconstitucional es el propio dictamen, por lo que, se haría difícil la restitución de sus derechos humanos, al permitirse que se otorguen diversas licencias bajo el amparo del citado dictamen. Además, de llegarse a emitir la licencia o permiso, se permitiría la realización de obras o demoliciones, las cuales, pudieran llegar a quedar irremediablemente consumadas, esto es, los efectos serian irreparables. Por lo anterior, resulta improcedente la solicitud de la parte tercera interesada. Notifíquese y, personalmente a la parte tercera interesada.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinte de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Realizando un estudio del expediente se advierte que en proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guadalajara, Jalisco, para que en el plazo de diez días remitieran copia certificada de las constancias con las cuales acreditaran el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o en su defecto, informaran la imposibilidad que tuvieran para ello, sin que hubiesen atendido dicho requerimiento, toda vez que la determinación en cuestión, fue notificada el treinta y uno de mayo del año en curso. Pues bien, del análisis del sumario, se advierte que mediante sentencia de amparo, se concedió para los efectos siguientes: "provean lo conducente a fin de que se le otorgue la atención médica al quejoso E. Z. G. L., le brinden las providencias médicas, idóneas para atender su padecimiento, con la urgencia que amerita el caso y le proporcionen los medicamentos necesarios para el restablecimiento de su salud, así como se le realicen las consultas en su domicilio particular que resulten necesarias, ello hasta en tanto exista un dictamen emitido por estas, fundado y motivado, en el que, bajo su más estricta responsabilidad, determinen que ya no implica ningún riesgo para el menor quejoso de salir de su domicilio y, por ende, acudir a consultas habituales." Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para que en el plazo improrrogable de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se les realice, remitan copia certificada completa y legible de las constancias con las cuales acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o en su defecto, informen la imposibilidad que tenga para ello, esto es, informen la hora y fecha de la cita generada de la siguiente consulta médica para la continuación del tratamiento a fin de emitir el dictamen correspondiente. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá a la autoridad responsable que desacate este mandato judicial federal, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiséis de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de este asunto, se pudo advertir que no obra incorporada electrónicamente la constancia de notificación del quejoso Ricardo Rizo Franco, relativa a la sentencia de engrose de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, tal y como se advierte a continuación: Instrucción al actuario judicial. Bajo dicho tenor, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que proceda de inmediato a notificar personalmente a la parte quejosa el contenido de la sentencia emitida en autos, o en su caso, para que corrobore el paradero de ésta y la integre de inmediato al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Solicitud ejecutoria. En otro orden de ideas, se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por Perla Stephanie Almanza Rodríguez, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual, solicita se declare ejecutoriada a sentencia dictada en el presente juicio, así como se requiera a las autoridades responsables su cumplimiento. Bajo dicha circunstancia, indíquesele a la promovente que una vez que obre incorporada electrónicamente la constancia de notificación relativa a la parte quejosa respecto de la sentencia de mérito, en la que por una parte se sobreseyó el juicio, y por otra se concedió el amparo solicitado, y a su vez exista certeza de que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que se inconforme con la misma, de oficio, se proveerá lo conducente a sus pretensiones. Notifíquese; y, cúmplase.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a quince de julio de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Téngase por recibido el comunicado signado por la Delegada de las autoridades responsables del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de seis de julio de dos mil veintidós, remite copia certificada del acuerdo de la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrado el veinticinco de marzo de dos mil quince, así como de diversas actuaciones. De conformidad con el numeral 143 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas de cuenta; con lo anterior, hágase la relación correspondiente en la audiencia incidental, para los efectos legales conducentes. Vista a las partes. Corolario de lo anterior, en términos del numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, manifiesten lo que a su interés legal convenga; en la inteligencia que de no desahogar la vista que nos ocupa, se les tendrá por conformes con las constancias remitidas. Notifíquese.

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