Karina Guadalupe Moran Martín
Expediente 2006/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2006/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 01/08/2023
Partes del expediente
- Karina Guadalupe Moran Martín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual, informa que se admitoó el recurso de revisión interpuesto por el autorizado en termino amplios de la parte quejosa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vistas las certificaciones que anteceden, se advierte que obran físicamente y digitalizadas en el expediente electrónico las constancias de notificación por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión. Atento a lo anterior, remítanse los autos originales del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno. Por otra parte, visto el escrito de cuenta signado por *********; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que antecede.
- Principal
Visto el escrito de cuenta suscrito por la parte quejosa mediante el cual interpone revisión en contra de la sentencia dictada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés; al respecto, se provee: agréguese a los autos el escrito de cuenta y en razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 84, 86, 87, 88 y 89 y demás relativos de la Ley de Amparo, y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene por interpuesto el recurso de revisión. Por otra parte una vez que obren la totalidad de las constancias de notificación de este proveído y de la sentencia dictada en autos, remítanse los autos originales del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. En términos del artículo 89 de la Ley de Amparo, se ordena distribuir entre las partes copia del escrito de agravios para los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios; quedando a disposición de la parte tercera interesada la copia correspondiente en la Secretaría de este Juzgado.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE TERCERO INTERESADO E.P.R LA RESOLUCIÒN DICTADA EL DIA DE HOY, LO ANTERIOR PUESTO QUE SEÑALÓ COMO DOMICILIO PROCESAL LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 2006/2022-III y su acumulado 2031/2022- IV, promovidos por **, contra actos del Juez de Primera Instancia Civil de San Juan de los Lagos, Jalisco, que estiman violatorios de los derechos fundamentales protegidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Karina Guadalupe Morán Martín, por propio derecho, el tres de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto en contra del Juez de Primera Instancia Civil de San Juan de los Lagos, Jalisco, por los actos que se precisarán en el considerando respectivo. SEGUNDO. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, donde se dictó proveído el diez de octubre pasado, en que se ordenó admitirla a trámite; registrarla bajo el expediente 2006/2022-III; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; emplazar a la parte tercera interesada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. También Eduardo Pérez Romo, por propio derecho, el seis de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto en contra del Juez de Primera Instancia Civil de San Juan de los Lagos, Jalisco, por los actos que se precisarán en el considerando respectivo. CUARTO. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, donde se dictó proveído el trece de octubre pasado, en que se ordenó admitirla a trámite; registrarla bajo el expediente 2031/2022-IV; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; emplazar a la parte tercera interesada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Luego, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo 2006/2022-III, se ordenó la acumulación del diverso juicio de amparo 2031/2022-IV. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 60, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 41/2018. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción I y 76 de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o y acumulado 2031/2022 actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la lectura de las demandas de amparo 2006/2022-III y 2031/2022-IV, se advierte que, el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente mercantil ejecutivo 402/2018 del índice del juez responsable, en el que resuelve el INCIDENTE DE REGULACIÓN DE GASTOS Y COSTAS. TERCERO. El Juez de Primera Instancia Civil de San Juan de los Lagos, Jalisco, al rendir sus informes justificados, reconoció la existencia del acto que se le atribuye, precisado en el considerando que antecede. Al respecto, cobra aplicación, la tesis jurisprudencial 305, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, visible a página 206, tomo VI, SCJN, Quinta Época, Apéndice de 1995, bajo el rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Al no invocar las partes ninguna causa de improcedencia, ni este Juzgador, de oficio, advertir su configuración, procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, a la luz de los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Estudio de fondo. Los argumentos hechos valer por la quejosa **, en su único concepto de violación son infundados, en ellos la quejosa señala medularmente lo siguiente: 1. Que el Juez responsable realizó el cálculo relativo al incidente de LIQUIDACIÓN DE COSTAS EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE ABOGADO, como si el juicio se hubiera llevado en dos instancias cuando solo se llevó en una. 2. Que el Juez responsable no funda ni motiva adecuadamente su resolución, puesto que solo incluye el artículo 1194 del Código de Comercio. 3. Que el Juez responsable hace una incorrecta intelección del artículo 11 del Arancel de Abogados para el Estado de Jalisco, puesto que este nunca menciona que el valor de las instancias sea diferente como lo hace al marcar dos terceras partes para la primera instancia y una tercera para la segunda. Resulta importante acotar que, en la especie, los argumentos hechos valer en el único concepto de violación serán analizados en conjunto, por guardar estrecha relación, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como cuestión previa y dada las violaciones alegadas en dichas apologías, cabe hacer algunas acotaciones en torno a la garantía de seguridad jurídica en el orden constitucional mexicano, género al que pertenece la garantía o principio de legalidad. En relación con el concepto de seguridad jurídica, en la obra titulada "Las Garantías de Seguridad Jurídica", editada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera edición, primera reimpresión, páginas nueve y diez, se señala: "La palabra "seguridad" deriva del latín securitas, - atis, que significa "cualidad de seguro" o "certeza", así como "cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación". La última de las acepciones señaladas es la que debe tomarse en cuenta para indicar lo que ha de entenderse por seguridad jurídica. En efecto, la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias." Es decir, la seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones tanto constitucionales como legales que, a un tiempo, definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación que se haga del orden jurídico a los gobernados será eficaz. De lo expuesto, se aprecia, que las garantías de seguridad jurídica entrañan la obligación para las autoridades, cuando deban llevar a cabo actos de afectación en contra de particulares, de cumplir con los requisitos previamente establecidos en la ley, con el fin de no vulnerar la esfera jurídica de los individuos a los que dicho acto está dirigido. Ello, permite que los derechos públicos subjetivos se mantengan libres de daño, es decir, que las personas no caigan en estado de indefensión, lo que trae por consecuencia que las autoridades del Estado respeten irrestrictamente los cauces que el orden jurídico pone a su alcance para que actúen. Sentado lo anterior, cabe precisar que: *, en el juicio mercantil ejecutivo Mediante resolución de doce de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió la planilla de liquidación correspondiente. Ahora bien, es necesario imponerse del contenido del artículo 1054 del Código de Comercio establece lo siguiente: "ARTICULO 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." Del artículo antes transcrito se desprende que, la cuantificación de costas en un juicio mercantil, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1054 del Código de Comercio, debe hacerse aplicando supletoriamente y, en primer lugar, el ordenamiento legal local que exista en materia de costas, que contenga los mecanismos legales para tal cuantificación, que en el caso de Jalisco es el Arancel para Abogados, cuyo objeto es regular los honorarios de tales profesionistas. En ese orden, la cuantificación de costas en un juicio mercantil debe hacerse aplicando supletoriamente y, en primer lugar, el ordenamiento legal local que exista en materia de costas, que contenga los mecanismos legales para tal cuantificación, que en el caso de Jalisco es el Arancel para Abogados, cuyo objeto es regular los honorarios de tales profesionistas. Por tal motivo, es inexacto que a fin de cuantificar costas necesariamente tenga que aplicarse de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles local, pues la expresión utilizada en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia antes referida, atinente a que debe aplicarse supletoriamente "la legislación procesal local que exista en materia de costas", no debe entenderse de manera restringida al código procesal civil local, sino a la legislación que en materia de costas, exista en un determinado Estado de la República mexicana, que contenga los mecanismos legales necesarios que faciliten dicha cuantificación, y que en la mayoría de los casos, como sucede en Jalisco es el Arancel para Abogados el que da los parámetros necesarios para la cuantificación de los honorarios de ese tipo de profesionistas." Señalado lo anterior, resulta importante destacar lo establecido en los artículos 11 y 12 del Arancel de Abogados para el Estado de Jalisco: "Artículo 11. Por todo juicio contencioso, civil, laboral, administrativo, de amparo u otros semejantes, por cantidad determinada, desde su principio hasta su conclusión, por pago, convenio o sentencia definitiva, incluyéndose consultas, conferencias, juntas, vistas de autos y documentos, escritos, informes y cuanto trabajo se relacione con el asunto, cobrarán un 25% del valor del negocio, si no pasa de 300 días de salario mínimo general vigente en la entidad (S. M. G. V.); un 20% de lo que exceda hasta la cantidad de 1,200 días de S. M. G. V.; un 15% de lo que exceda de la anterior cantidad hasta 6,000 días de S. M. G. V. y un 10% de lo que rebase esta cifra, sea cual fuere la cantidad.". "Artículo 12. Cuando el abogado se encargue de un negocio ya comenzado, o no concluya el que haya principiado, cobrará la parte proporcional, considerando para tal efecto que: a la primera instancia corresponden dos terceras partes, de las cuales a la demanda o contestación con las que se plantea la litis, le corresponde la mitad de dichos honorarios; a las actuaciones siguientes hasta antes de presentar alegatos un 40% de los mismos; y 10% para el escrito de alegatos. La otra tercera parte se causará por la segunda instancia. En caso de que sea más reducida la intervención del abogado, se estará a lo dispuesto por el artículo 20 de este arancel.". De la correcta interpretación de los artículos antes citados, se desprende que el arancel en cita, establece la forma en la que se ha de calcular la tarifa para cada juicio que se lleve de principio a fin en el Estado de Jalisco, atendiendo al valor del negocio según corresponda. Siendo así, que se cobrará un 25% del valor del negocio, si no pasa de 300 días de salario mínimo general vigente en la entidad; un 20% de lo que exceda hasta la cantidad de 1,200 días de salario mínimo general vigente en la entidad; un 15% de lo que exceda de la anterior cantidad hasta 6,000 días de salario mínimo general vigente en la entidad y un 10% de lo que rebase esta cifra, sea cual fuere la cantidad. Situación de la que se desprende categóricamente que el cálculo para obtener la tarifa por un asunto obedece únicamente al valor del negocio, y no a la cantidad de instancias en que se lleve. Por otro lado, también el artículo 12 del arancel en cita establece que si se ha de condenar según instancias, lo será únicamente cuando el abogado se encargue de un negocio ya comenzado, o no concluya el que haya principiado, debiendo cobrar la parte proporcional, considerando para tal efecto que: a la primera instancia le corresponden dos terceras partes, y la otra tercera parte se causará por la segunda instancia. Ahora bien, como ya se mencionó, la quejosa Karina Guadalupe Morán Martín, aduce que, la resolución aquí combatida, viola en su perjuicio la garantía de legalidad, porque la responsable, no funda ni motiva adecuadamente su resolución, ya que, hace una incorrecta intelección del artículo 11 del Arancel de Abogados para el Estado de Jalisco, puesto que este nunca menciona que el valor de las instancias sea diferente como lo hace marcar dos terceras partes para la primera instancia y una tercera para la segunda; y por lo tanto, condenó erróneamente a la demanda incidental por el pago de gastos y costas en concepto de honorarios de abogado puesto que el juez responsable la condenó a pagar dos instancias, siendo que solo se llevó el juicio en una sola instancia. Pues bien, como se adelantó, dichos argumentos son infundados. Ahora bien, se reproducen a continuación capturas de pantalla del considerando séptimo, de la multicitada interlocutoria aquí reclamada de trece de septiembre de dos mil veintidós. Ahora bien, conviene acotar que el precitado artículo 11, señala como se ha de dividir el negocio total, sin hablar de primera o segunda instancia, puesto que expresamente señala "Por todo juicio contencioso, civil, laboral, administrativo, de amparo u otros semejantes, por cantidad determinada, desde su principio hasta su conclusión.". De todo lo anterior, se advierte que, contrario a lo alegado por la parte quejosa, en la resolución aquí combatida, el juez responsable, al momento de calcular la condena, no utilizó argumentos del artículo 12 del Arancel de Abogados para el Estado de Jalisco, como alega, ya que, lo realizó de conformidad a lo establecido por el diverso artículo 11, de dicho ordenamiento, puesto que el juicio se siguió de principio a fin, y dividió los montos totales del negocio que ascendió a la cantidad de $417,767.38 (cuatrocientos diecisiete mil setecientos sesenta y siete pesos 38/100 m.n.), primeramente en un 25% del valor del negocio hasta las 300 UMAS, luego extrajo un 20% en la siguiente parte de lo que excediera lo anterior hasta la cantidad de 1,200 UMAS, es decir 900; luego, en tercer lugar, extrajo el siguiente 15% por lo que vio de las 1,200 UMAS ya cuantificadas con el restante, que fue un total de 3141.70 UMAS; por lo que contrario a lo alegado por la quejosa, la responsable sí calculó correctamente el valor del negocio. Ahora bien, si bien es cierto que, el juez responsable en la resolución combatida, señala que, sumando los tres subtotales se obtiene la cantidad de $ **que correspondería por ambas instancias; empero, también lo es que, como se precisó, en párrafos que anteceden, el juez responsable, no dividió la condena en instancias, sino con el valor total del negocio, pues la suma **se obtuvo de dividir conforme la legislación prevé, el monto total del negocio, que en este asunto ascendió a y no de calcular instancias como lo alega la quejosa. Se hace la acotación y se insiste, que el juez responsable al momento de calcular no lo hizo valiéndose de lo establecido por el artículo 12 del arancel de marras, sino en el diverso numeral 11, como ya se vio en el epígrafe que antecede, sin embargo, al momento de condenar, sí lo hizo en partes, sin embargo, tal situación será motivo de estudio del siguiente considerando. Por último y atendiendo a lo anteriormente expuesto, deviene infundado el argumento contenido en su único concepto de violación, en el que aduce que, el juez responsable solo utilizó el artículo 1194 del Código de Comercio para fundar y motivar la interlocutoria combatida, puesto que como se vio en párrafos que anteceden, el juez de origen utilizó fundamentó y motivó su actuar en el Arancel de Abogados para el Estado de Jalisco, así como en el diverso 1054 del Código de Comercio. De ahí que, si en el incidente de liquidación se realizó la división tal y como lo prevé la legislación local dispuesta para tal efecto, son infundados los argumentos hechos valer por la parte quejosa Karina Guadalupe Morán Martín, en el único concepto de violación. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Los argumentos, hechos valer por el quejoso Eduardo Pérez Romo, en su único concepto de violación, son fundados. Así lo es, el quejoso Eduardo Pérez Romo, señala que, la resolución reclamada viola sus derechos humanos previstos en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, consistentes en el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, así como en la fundamentación y motivación que deben observar las resoluciones judiciales, pues en el incidente de LIQUIDACIÓN DE COSTAS EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE ABOGADO, el juez responsable, aplicando los artículos 11, 12 y 22 del Arancel de Abogados para el Estado de Jalisco, únicamente condena a 2/3 partes del gran total calculado en $69,880.25 (sesenta y nueve mil, ochocientos ochenta pesos 25/100 m.n.), otorgando en favor del quejoso de marras únicamente la cantidad de $ Así lo es, como lo indica el solicitante de la tutela Federal en los conceptos de violación en estudio, se debió haber tomado en cuenta el gran total de $ puesto que el numeral 11 del arancel en cita refiere que tales porcentajes han de cobrarse por los profesionales del derecho cuando el procedimiento lo tramiten desde el principio y hasta su conclusión. Para mejor comprensión se reproducen de nueva cuenta los artículos 11 y 12 de tal arancel: "Artículo 11. Por todo juicio contencioso, civil, laboral, administrativo, de amparo u otros semejantes, por cantidad determinada, desde su principio hasta su conclusión, por pago, convenio o sentencia definitiva, incluyéndose consultas, conferencias, juntas, vistas de autos y documentos, escritos, informes y cuanto trabajo se relacione con el asunto, cobrarán un 25% del valor del negocio, si no pasa de 300 días de salario mínimo general vigente en la entidad (S. M. G. V.); un 20% de lo que exceda hasta la cantidad de 1,200 días de S. M. G. V.; un 15% de lo que exceda de la anterior cantidad hasta 6,000 días de S. M. G. V. y un 10% de lo que rebase esta cifra, sea cual fuere la cantidad. Artículo 12. Cuando el abogado se encargue de un negocio ya comenzado, o no concluya el que haya principiado, cobrará la parte proporcional, considerando para tal efecto que: a la primera instancia corresponden dos terceras partes, de las cuales a la demanda o contestación con las que se plantea la litis, le corresponde la mitad de dichos honorarios; a las actuaciones siguientes hasta antes de presentar alegatos un 40% de los mismos; y 10% para el escrito de alegatos. La otra tercera parte se causará por la segunda instancia. En caso de que sea más reducida la intervención del abogado, se estará a lo dispuesto por el artículo 20 de este arancel." De los numerales antes transcritos, se advierte que le asiste la razón al impetrante de amparo, puesto que en efecto, como se recordará, el artículo 11 del Arancel de Abogados para el Estado de Jalisco, señala la forma en como se han de dividir y extraer los porcentajes para el pago de honorarios a los diestros del derecho desde el inicio hasta el fin de un asunto, sin hablar de instancias llevadas, y en cambio, el artículo 12 de dicho ordenamiento legal, habla de instancias, pero esta situación deberá ser tomada en cuenta únicamente cuando el abogado se encargue de un negocio ya comenzado, o no concluya el que haya principiado. Así las cosas, de las constancias que se recibieron en autos, no se advierte que, el abogado del quejoso Eduardo Pérez Romo, haya tomado el asunto ya comenzado, o lo haya abandonado sin concluir. Razón suficiente para afirmar categóricamente que el juez responsable, yerra al momento de considerar solo 2/3 partes para condenar, ya que, como se mencionó, no se advierte que, el abogado del quejoso Eduardo Pérez Romo, haya tomado el asunto ya comenzado, o lo haya abandonado sin concluir, situación respecto la cual la quejosa Karina Guadalupe Morán Martín, tampoco probó lo contrario. Así pues, la división a que alude el numeral 12 del arancel en cita, se insiste, se hace para calcular los honorarios, cuando los abogados hayan tomado los asuntos comenzados o los hayan abandonado sin concluir, única situación en la cual es dable condenar en partes, como erróneamente lo hizo el juez responsable, siendo lo correcto, haber condenado por el monto total que se haya calculado atendiendo al valor del negocio, como lo prevé el diverso numeral 11 del arancel de marras. Consecuentemente, ante lo fundado de los argumentos hechos valer por el quejoso Eduardo Pérez Romo en el único concepto de violación, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita en contra del acto que reclama de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de lo Civil de San Juan de los Lagos, Jalisco, consistente en la interlocutoria de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente, del índice de la citada autoridad, para el efecto de que esa autoridad: - Deje insubsistente la resolución aquí combatida, y reiterando lo que aquí se estimó correcto, emita otra, en la que resuelva el incidente de LIQUIDACIÓN DE COSTAS EN CONCEPTO DE HONORARIOS DE ABOGADO atendiendo los lineamientos motivo de la concesión del amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, contra el acto que reclamó del Juez de Primera Instancia de lo Civil de San Juan de los Lagos, Jalisco, por las razones precisadas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a **, contra el acto que reclamó del Juez de Primera Instancia de lo Civil de San Juan de los Lagos, Jalisco, por los motivos y efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
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