Karina Guadalupe Cardiel Guijarro
Expediente 1200/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1200/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2021
Partes del expediente
- Karina Guadalupe Cardiel Guijarro
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual, lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales para devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No fue tramitado. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
EN ATENCION AL AUTO DE SEIS DE NOVIEMBRE CURSANTE SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUEROD S A LA PARTE QUEJOSA *********** EL SIGUIETE AUTO QUE REZA: Mexicali, Baja California, a tres de septiembre de dos mil veinte. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte, éste juzgado federal determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: "(.) a) Dado, que se fijaron las nueve horas del trece de marzo de dos mil veinte, para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fecha que próxima al día que esto se resuelve, a efecto de no retardar más el procedimiento natural, deberá concluir la primera de las etapas de la audiencia, esto es la de conciliación, conforme a la ley de la materia. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento." Causa ejecutoria. Por proveído de diez de marzo del presente año, causó ejecutoria la sentencia dictada. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Deberá concluir la primera de las etapas de la audiencia, esto es la de conciliación, conforme a la ley de la materia, a efecto de no retardar más el procedimiento natural. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento." Actuaciones llevadas a cabo en acatamiento al fallo protector. En cumplimiento del fallo protector, el diecisiete de marzo del presente año, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, remitió oficio en que informaba el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y remitía copia certificada de la audiencia celebrada el día trece de marzo de dos mil veinte, en el expediente 925/19-28, en la que concluyó la primera de las etapas, es decir, la de conciliación. Vista. Con dichas constancias remitidas y demás obrantes en autos, en el mismo proveído se dio la vista a las partes, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Dictamen de fallo cumplido. Pues bien, de las constancias relatadas se evidencia que la autoridad responsable dio total cumplimiento al fallo protector. Toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, celebró audiencia, en la que concluyó con la primera etapa procedimental, esto es, la conciliación. Así pues, del examen de las constancias remitidas tanto por la autoridad responsable al cumplimiento, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte amparista, por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida presentada por ********, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, con sede en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; ordénese admitir la demanda, formar el expediente respectivo, y registrar el ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1200/2019. Incidente de suspensión. No fue solicitado. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídasele a la autoridad señalada como responsable el informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual debe acompañar, en el caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no rendir el respectivo informe justificado dentro del término conferido, este órgano jurisdiccional presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, podrá imponer multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Autorización correo electrónico institucional. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan su informe justificado vía correo electrónico institucional 6jdo15cto@correo.cjf.gob.mx el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Audiencia constitucional. Para tal efecto, fíjense las once horas con diez minutos del nueve de enero de dos mil veinte, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Notificación por lista de los diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se notifiquen a las partes en el presente asunto por medio de lista que se fija y publique en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción I, de la ley de la materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control constitucional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que las que se realizan en forma personal a la partes; es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26 fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional; ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, con independencia de que si dicho proveído contuviere algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, podrá imponerse en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. Se reserva acordar respecto del tercero interesado, hasta en tanto obren constancias en el presente juicio. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que adjuntó, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ********, toda vez que se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, ténganse como autorizados solo para oír y recibir notificaciones a *********, toda vez que no se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para los efectos que precisa a la diversa persona que propone. Requerimiento. Por lo anterior, requiérase a las personas autorizadas en términos amplios antes precisada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, mediante escrito acepten y protesten el cargo conferido; ello a fin de que éste órgano de control constitucional les tengan por reconocido dicho carácter, dado que no firman el ocurso de cuenta, como señal de aceptación de tal mandato. Resulta aplicable a lo anterior la tesis, que en apoyo a esta determinación y como criterio orientador, se cita a continuación: "AUTORIZADO EN LOS AMPLIOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. ES NECESARIO QUE ACEPTE Y PROTESTE EL CARGO PARA QUE SE LE RECONOZCA ESE CARÁCTER. Aunque es cierto que el citado precepto, en su párrafo segundo, establece que en las materias civil, mercantil o administrativa, los autorizados que las partes designen deberán acreditar que están legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado, también lo es que dicha figura constituye un verdadero mandato judicial cuando se nombra en los amplios términos de dicho artículo, de suerte que le son aplicables las reglas contenidas en el Código Civil Federal, cuyo dispositivo legal 2547 es categórico en establecer que el mandato se reputa perfecto con la aceptación del mandatario, la que puede ser expresa o tácita. De ahí que resulte imperativo que aquel que sea designado autorizado en los términos mencionados, acepte y proteste el cargo conferido a fin de que el órgano de control constitucional le reconozca ese carácter. Además, en la medida en que los abogados acepten y protesten ese cargo, quedan protegidos tanto ellos como los que los nombran, puesto que puede suceder que una de las partes en el amparo designe a un autorizado sin que éste se entere y, por ende, que jamás participe en el asunto. Luego, si en el manejo del procedimiento constitucional hubiera negligencia, sería factible que al autorizado le finquen responsabilidades civiles, penales o administrativas, lo que no sería justo dado que no tuvo la oportunidad de comparecer al amparo; como tampoco lo sería el hecho de que, sin aportar nada al juicio, un autorizado reclamara el pago de honorarios por el solo hecho de habérsele investido como tal. Así mismo, es posible que una de las partes en el juicio de garantías tenga conocimiento que algún Juez o Magistrado se encuentra impedido para conocer de los asuntos en que participe o intervenga algún abogado litigante y, aprovechándose de esa situación, designe al profesionista como autorizado -sin que éste se entere- sólo para conseguir el impedimento del funcionario. Situaciones que se evitarán si los profesionistas del derecho aceptan y protestan el aludido cargo. (Época: Novena Época, Registro: 165604, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Común, Tesis: III.5o.C.29 K, Página: 2014)" Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el plazo señalado, se revocará la autorización precisada con antelación a*********, y solo se les tendrá como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de la Materia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilítense días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en el servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de los nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de los datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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