Karina García Jiménez
Expediente 761/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Karina García Jiménez
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de División de Amparos Fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social en representación de la responsable 1. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad de México. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Ahora bien, en relación al correo electrónico que proporciona la autoridad oficiante, dígasele que no ha lugar a tener por autorizados esos medios alternativos para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. En relación a la autorización para que se haga uso de todos los medios electrónicos que permitan la obtención de copias en el presente asunto; al respecto, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras, celulares, grabadoras o lectores ópticos, previa autorización de la secretaria de este juzgado, con el fin de proteger los datos sensibles establecidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la responsable 2. Directora Médica de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" en Veracruz, Veracruz. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana que invoca la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Así las cosas, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto, aunado a la otorgada en líneas que anteceden dentro del presente acuerdo, no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, señalada para el veintiséis de septiembre del año en curso, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
PRIMERO. Karen García Jiménez, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social EN LÍNEA NIEGA Ciudad de México 2. Director del Hospital de Especialidad 14 Centro Médico Nacional Adolfo Ruíz Cortines 26-27 NIEGA 3. Director de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria 242 del Instituto Mexicano del Seguro Social Tejería. ACUSE FOJA 25 SE PRESUME CIERTO Veracruz, Veracruz De las que reclama: la omisión de asignar consulta con el médico especialista en traumatología. SEGUNDO. En auto de diez de agosto del año actual, este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia es: -. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en los artículos 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, se les otorga valor probatorio de indicio a la documental privada exhibida por la parte quejosa, en tanto no fue objetada por las demás partes. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados a la autoridad responsable 1. Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México y 2. Director del Hospital de Especialidad 14 Centro Médico Nacional Adolfo Ruíz Cortines, con sede en Veracruz, Veracruz. La inexistencia referida, deriva de que las autoridades mencionadas, al rendir su informe previo, negaron la certeza de los actos a ellas reclamados, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Además, no existe en el expediente del incidente de suspensión que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por la autoridad responsable. En consecuencia, ante la negativa expresa de la autoridad responsable mencionada, respecto de los actos señalados como reclamados, sin que exista prueba en contrario, es inconcuso que debe negarse la medida cautelar solicitada en definitiva. Al caso, es aplicable la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuya publicación consta en la página 3754, del Tomo XLIV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS INEXISTENTES, CONTRA ELLOS NO PROCEDE LA SUSPENSION. Si las autoridades señaladas como responsables, niegan tener participación en el acto reclamado y esa negativa no está contradicha por prueba alguna en contrario, procede negar la suspensión por falta de materia". QUINTO. Presunción del acto reclamado. La autoridad responsable 3. Director de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria 242 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tejería, con residencia en Veracruz, Veracruz, omitió rendir su informe previo a pesar de que se le solicitó con la debida oportunidad, tal y como se demuestra del acuse de recibo del oficio 23558 que obra a foja veinticinco de autos. Por tanto, con apoyo en el párrafo primero, del artículo 142 de la Ley de Amparo, en relación con el criterio sustentado por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, se presume cierto el acto que se le atribuye. SEXTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, toda vez que la finalidad de la medida cautelar es la de detener los efectos que puedan producir los actos reclamados y conservar la materia del juicio de amparo hasta su solución definitiva, el suscrito estima resolver lo siguiente: En esas condiciones, al advertirse que con la medida cautelar aquí decretada no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social y, además, son de difícil reparación al implicar un deterioro irreversible en la condiciones de la salud que pueda sufrir con el acto aquí reclamado, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINTIVA para el efecto que de inmediato las autoridades responsables cesen en la omisión de proporcionar la consulta médica que la quejosa requiere con el especialista en traumatología de manera oportuna, así como se practiquen análisis y estudios médicos necesarios, adecuados que se requieran para tratar su estado de salud; lo anterior en relación a la enfermedad que padece y en el nivel óptimo y oportuno que lo exigen los estándares internacionales y nacionales de la materia. Lo anterior, toda vez que la consumación del acto reclamado de carácter omisivo, podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud en que se encuentra el directo quejoso, amén de que el Estado y sus instituciones de salud pública se encuentran obligadas a resguardar y proteger el derecho a la salud y a la vida, como una garantía fundamental e indispensable tutelada en el artículo 4° Constitucional Es aplicable a lo anterior, la tesis I.18o.A.19 K, del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1571, Libro 56, julio de 2018, Tomo II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido integral siguiente: "PELIGRO DE VIDA. UNA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, A LA LUZ DE SUS FINES, LLEVA A QUE CIERTOS RIESGOS O AFECTACIONES A LA SALUD PUEDAN CONSIDERARSE COMO UN RIESGO DE VIDA QUE ACTUALIZA LA POSIBILIDAD DE QUE EL AMPARO PUEDA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO. La fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, literalmente establece que la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado implique "peligro de vida". Este precepto no admite solamente una interpretación literal conforme a la cual "el peligro de vida" se actualice sólo en casos en que haya una persecución letal o una pena de muerte o casos como los que, en otras épocas históricas, eran esperables entender que quedaban referidos en tal expresión, en los que directamente se viera comprometida la vida de un individuo. Una interpretación de tal expresión, sensible a las problemáticas actuales y a la protección de los derechos humanos, lleva a considerar que son diversas las hipótesis que de facto pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen la subsistencia o integridad de las personas, pues son esas situaciones de alto y sensible riesgo a las que la legislación de amparo ha querido acoger y dar una protección especial y de amplio acceso, haciendo inaplicable un plazo perentorio para instar el amparo". Así como la diversa tesis 1.7o.A.316 A sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1880, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público". La citada medida cautelar se otorga, sin fijar garantía alguna para que surta sus efectos, pues, por una parte no existe tercero interesado y, por otra parte, dada la naturaleza del acto reclamado y sus consecuencias, no se advierten daños o perjuicios que puedan ocasionarse a la autoridad responsable, debido a que se trata de proporcionar servicios médicos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE PRIMERO. Se NIEGA a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos que ahí se exponen. SEGUNDO. Se CONCEDE a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando quinto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando sexto. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado de manera electrónica por la Jefa de la División de Amparos Fiscales, quien rinde informe previo en representación del 1. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad oficiante en representación del 1. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, rindiendo INFORME PREVIO; hágase del conocimiento a las partes, así como su relación al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la citada ley. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Finalmente, por cuanto hace a la autorización para que se haga uso de todos los medios electrónicos, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de inicio, por el que de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.
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