Karina Flores Morales
Expediente 1197/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/12/2021
Partes del expediente
- Karina Flores Morales
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria adscrita al juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, través del cual hace del conocimiento que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: ? Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 20, fracción a), del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos treinta días a partir de esta fecha. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por la moral quejosa ************, por conducto de quien se ostenta como su administradora única **********; contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1197/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento 1 de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa carece de competencia por subespecialización para conocer de la demanda de amparo. Cuestión previa. Para demostrar lo anterior, es necesario señalar que el once de junio de dos mil trece se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 94, que en la parte que interesa, quedó como a continuación: "El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito". Por su parte, en el artículo Décimo Segundo Transitorio de la reforma constitucional mencionada se estableció lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. (.) El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior". 2 Con motivo de la reforma constitucional referida, el Consejo de la Judicatura emitió el Acuerdo General 22/2013, en el que estableció la creación de Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, pero especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Ahora bien, sobre el tema de la competencia de los órganos subespecializados en esas materias, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el objetivo de su creación fue dirimir las controversias suscitadas en esas materias mediante la aplicación de conocimientos técnicos que se estiman de alta complejidad, razón por la cual, aun cuando en un juicio de amparo se reclamara una vulneración al derecho de acceso a la información, si se relacionaba con los temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, debían conocer de él los órganos jurisdiccionales subespecializados en esas materias. Por su parte, el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones ha sostenido que para definir la competencia material de los órganos subespecializados en esas materias no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, siempre que de la objetiva constatación de la naturaleza del acto reclamado, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia PCXXXIII.CRT, J/4 A (10ª.), que lleva por rubro "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 3 DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO". A su vez, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones ha sostenido que el concepto de "competencia económica" se extiende a los actos dictados por otros órganos reguladores en sectores especializados, que tienen incidencia en la ordenación de mercados y en la regulación de actividades y servicios de interés general y prioritario, esto es, en el proceso de competencia y libre concurrencia, que requieren de un régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios. Lo anterior, en términos de la tesis I.1o.A.E.197 A (10a.) de rubro: "COMPETENCIA ECONÓMICA. SU CONCEPTO PARA DETERMINAR LA INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN ESA MATERIA."2 Precisión del Acto reclamado. *************, por conducto de quien se ostenta como su administradora única ************, busca que a través del juicio de amparo se ejerza control de constitucionalidad sobre los actos siguientes: La aprobación, promulgación, expedición y publicación de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad contenida en el Decreto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de junio de dos mil veintiuno, en específico los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. Incompetencia. Dichos actos son de naturaleza administrativa; sin embargo, un análisis objetivo de ellos conduce a sostener que su conocimiento corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, pero especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por comprender tópicos afines a la rectoría económica y de regulación. En este sentido, a partir de un análisis objetivo de la naturaleza de los preceptos reclamados, es posible establecer que se involucran con la subespecialidad de competencia económica. En efecto, dichos preceptos establecen lo siguiente: LEY PARA LA TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD. "Artículo 2. La presente Ley será aplicable a los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos, cualquiera que sea el nombre o denominación que se les dé, que celebren entre sí, dos o más de los agentes económicos a los que se refieren las fracciones I, II y VII del artículo 3 de este ordenamiento." "Artículo 4. Una Agencia sólo puede adquirir Espacios Publicitarios por cuenta y orden de un Anunciante y en el marco de un contrato de mandato celebrado por escrito entre el Anunciante y la Agencia. Una Agencia no puede adquirir Espacios Publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa a un Anunciante. Artículo 5. El contrato de mandato celebrado entre la Agencia y el Anunciante debe establecer las condiciones de remuneración de la Agencia. La Agencia sólo puede recibir, como remuneración por los servicios prestados al Anunciante, la contraprestación establecida en el contrato de mandato. Cualquier descuento otorgado por el Medio a la Agencia debe ser transferido integralmente al Anunciante. El Anunciante tiene derecho a controlar la ejecución de la campaña de publicidad. 5 Ni la Agencia ni terceros utilizados por la Agencia para la prestación de servicios al Anunciante pueden recibir remuneración, comisión o beneficio en especie por parte de un Medio. Una Agencia que presta servicios a los Anunciantes no puede simultáneamente prestar servicios a los Medios. En todo caso, los servicios prestados a los Medios deben realizarse por una persona que pertenece al mismo grupo económico que la Agencia, pero distinta a esta última. Artículo 6. El Medio deberá enviar la factura por concepto de la venta de los Espacios Publicitarios directamente al Anunciante, aun cuando la Agencia realice el pago en su nombre, conforme a la normatividad en materia fiscal aplicable. Además de la factura, el Medio deberá entregar directamente al Anunciante la información siguiente: I. Las fechas y los lugares de difusión; II. Los Espacios Publicitarios difundidos y los formatos utilizados, y III. Los precios unitarios de los Espacios Publicitarios, incluyendo, en su caso, los montos de cualquier descuento otorgado por el Medio. Cuando proceda, la Agencia deberá oportunamente conciliar la información anterior con el Medio antes de que el Medio envíe al Anunciante la factura y la información correspondiente. Artículo 7. La Agencia que adquiera Publicidad Digital Programática por cuenta y orden de un Anunciante deberá comunicar a la mayor brevedad posible al Medio vendedor de los Espacios Publicitarios la identidad de dicho Anunciante y entregarle, durante el mes siguiente a la difusión de los Espacios Publicitarios considerados, la información siguiente: I. Los resultados de los servicios prestados en términos de los indicadores cuantitativos de desempeño acordados entre el Anunciante y la Agencia antes del lanzamiento de una campaña publicitaria, tales como número de impresiones, visibilidad y duración de las mismas, parámetros de alcance y frecuencia, número de interacciones, clicks y acciones; II. Los resultados de los servicios prestados en términos de los criterios acordados entre el Anunciante y la Agencia antes del lanzamiento de una campaña publicitaria, en materias tales como objetivos generales, segmentación de la audiencia, métodos de optimización, eficacia de los medios utilizados, relación costo/beneficio; III. Los instrumentos tecnológicos propios y los servicios de terceros utilizados en la prestación de los servicios, precisando su identidad y experiencia; el Anunciante podrá tener acceso a los instrumentos de evaluación a disposición de la Agencia, y IV. Los medios utilizados para evitar la difusión de los Espacios Publicitarios en plataformas o entornos señalados por el Anunciante como perjudiciales a su imagen. Artículo 8. La Agencia debe informar por escrito al Anunciante de las relaciones financieras que la Agencia, o el grupo económico al que pertenece, tiene con el o los Medios que pretende contratar." "Artículo 10. Por infracciones a la presente Ley, se podrán aplicar las siguientes sanciones: I. Multa hasta por el equivalente de dos por ciento de sus ingresos a: a) El Anunciante o la Agencia que no celebre un contrato en los términos del artículo 4 de esta Ley; b) El Medio que no entregue directamente al Anunciante la factura y la información asociada en los términos del artículo 6 de la presente Ley, y c) La Agencia que no entregue la información establecida en el artículo 7 de esta Ley. II. Multa hasta por el equivalente de cuatro por ciento de sus ingresos a: a) La Agencia que adquiera Espacios Publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa a un Anunciante; b) La Agencia que recomiende a un Anunciante, o contrate por cuenta y orden de éste, un Medio con el que tiene relaciones financieras, si deliberadamente comunica al Anunciante información falsa o 6 distorsionada sobre las características del Medio referido o de los Medios que le pueden ser sustitutos; c) La Agencia que, actuando por cuenta y orden de un Anunciante, reciba remuneración, comisión o beneficio en especie alguno de cualquier persona distinta de dicho Anunciante; d) El Medio que entregue remuneración, comisión o beneficio en especie alguno a una Agencia que actúa por cuenta y orden de un Anunciante o a terceros utilizados por la Agencia para la prestación de los servicios al Anunciante, y e) La Agencia que preste directamente servicios a un Medio en términos contrarios a lo señalado en el artículo 5 de esta Ley. En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de los montos señalados en el presente artículo. Artículo 11. Las denuncias derivadas de las disposiciones de la presente Ley se sustanciarán y procesarán por la Comisión Federal de Competencia Económica de conformidad con los procedimientos previstos por la Ley Federal de Competencia Económica. Artículo 12. Las sanciones administrativas a que se refiere la presente Ley serán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan. Artículo 13. Las disposiciones establecidas en la presente Ley son aplicables con independencia del lugar de establecimiento de la Agencia, si el Anunciante tiene residencia en México y el anuncio es difundido en el territorio nacional." Como se advierte, las normas que se combaten se relacionan con las obligaciones a que se sujetarán las personas físicas o morales (agencias), cuya actividad principal es la creación, diseño, planificación y ejecución de campañas publicitarias; así como, la contratación de espacios publicitarios por cuenta y orden de los anunciantes en cuyo interés se realiza la publicidad para dar a conocer las características o beneficios de sus productos y/o servicios a través de medios de comunicación como ejemplares impresos, telecomunicaciones, radiodifusión, señales satelitales, Internet, fibra óptica, cable o cualquier otro medio de transmisión, que difunda espacios publicitarios. En esa medida, resulta claro que los preceptos combatidos tienen incidencia en la ordenación de la publicidad en general, a través de la regulación entre otros, del funcionamiento de las agencias publicitarias, como es el caso de la moral quejosa. 7 De ahí que resulte válido sostener que tales ordenamientos inciden en el derecho de la competencia económica, pues se vinculan con la facultad del Estado para la ordenación de la publicidad en términos generales, en aras del funcionamiento eficiente de tal actividad para el desarrollo social y beneficios en su caso a los consumidores; materia la anterior que se vincula y enmarca dentro del concepto de competencia económica. Al respecto, resulta aplicable lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, al resolver el amparo en revisión 125/2016, en donde sostuvo que: "[.] el derecho regulatorio se inserta para atender servicios prioritarios de interés público, en sectores especializados, que el Estado propicia y garantiza que sean prestados adecuadamente, de tal modo que no puede abandonar su funcionamiento a las simples reglas de mercado, sino que requieren de un régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios". "[.] el derecho de la competencia económica supone la aplicación de complejos normativos de carácter transversal, que transitan desde la propia Constitución, en aspectos tales como derechos humanos, rectoría económica, libre concurrencia y regulación, hasta el derecho administrativo económico y el regulatorio, e inciden, incluso, en aspectos propios del derecho mercantil. Se trata pues de un complejo jurídico técnico-normativo extenso, que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, en términos generales, aunado a una regulación intensa de ciertas y específicas actividades, estimadas prioritarias, en aras del funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores". Bajo esa tesitura, este órgano jurisdiccional estima que los actos reclamados deben considerarse inmersos en la materia de competencia económica. 8 Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis I.2o.A.E.54 A (10a.), de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. LES CORRESPONDE CONOCER DE LA OMISIÓN ATRIBUIDA AL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE REGULAR LOS PRECIOS DE LA GASOLINA."3 Por esas razones, este órgano jurisdiccional estima que existen razones suficientes para considerar que los actos reclamados en la demanda de amparo se encuentran vinculados con la materia de competencia económica y, por tanto, se surte la competencia de los Juzgados de Distrito subespecializados en esa materia. Ello, con independencia de la naturaleza formal de las autoridades responsables y de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, pues a partir de un análisis objetivo los actos en cuestión, y su contenido, se concluye que éste tiene incidencia en la ordenación del mercado económico y en la regulación de actividades y servicios de interés general y prioritario. Así, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México considera que carece de competencia por razón de subespecialización para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, remítase el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, en turno, y atentamente solicítese informe la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el juez al que se le declina competencia. Suspensión Sin que sea el caso proveer sobre la suspensión de las disposiciones en cuestión, puesto que por su contenido no se ubican en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales, respecto de ************, una vez que registre su cédula en el citado sistema se acordará lo procedente, por lo que su autorización será únicamente en términos de la parte final del párrafo segundo del precepto legal invocado. Habilitación Actuarios. 10 De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. 11 Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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