Karina Elizabeth Jorrin Ortíz
Expediente 788/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 23 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Karina Elizabeth Jorrin Ortíz
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Karina Elizabeth Jorrin Ortiz, por su propio derecho, contra actos de: Artbusto Administración y Mantenimiento Comité de la Mesa Directiva Cluster 1, Fraccionamiento Paraíso Country Club Comité de Vigilancia Cluster 1, Fraccionamiento Paraíso Country Club Presidente de la Mesa Directiva Cluster 1, Fraccionamiento Paraíso Country Club Administradora de la Empresa Arbusto Administración y Mantenimiento Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 788/2017-IV. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1º, último párrafo y 5º, fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, por las razones jurídicas que se expondrán en este acuerdo. En principio, el suscrito considera relevante puntualizar una situación jurídica surgida en razón de la nueva Ley de Amparo y, para ello, conviene trascribir en lo que interesa, el texto de las invocadas disposiciones legales: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora, de la lectura integral de los anteriores artículos y de su interpretación, se colige que si bien la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevé la procedencia del juicio de garantías contra actos no solamente de los poderes públicos, sino, en algunos casos, de particulares, la propia ley acota cuáles son esos casos. Así, se tiene que, en el juicio de amparo, la autoridad responsable es aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omite un acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior incluso se sostuvo en ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencia P. XXVII/97, en la que determinó que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable que se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Luego, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, cuando: a) Dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omitan un acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y b) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, en cada caso se tiene que analizar si el acto que haya realizado una persona física o moral, particular o pública, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria para el quejoso y que dicho acto sea en funciones que estén determinadas por una norma general. De lo anterior expuesto, se concluye que no es posible admitir la demanda de garantías, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque como se estableció anteriormente, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte y por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad Resulta aplicable a lo anterior la tesis aislada 2a. XXXVI/99, emitida por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página trescientos siete, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Cabe destacar que las tesis resultan aplicables al presente asunto, en virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril de ese año, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Ahora bien, en este juicio la parte quejosa reclama lo siguiente: La parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. l. DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS.- DEL COMITÉ DE LA MESA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA CLUSTER 1, DEL FRACCIONAMIENTO PARAISO COUNTRY CLUB C. JOSE ALFREDO ALVAREZ GONZALEZ reclamo: LA TOMA DE DECISIÓN, ORDEN VERBAL O ESCRITA,MANDATO YIO ACUERDO para que, de forma unilateral y obligatoria, la empresa administradora ARTBUSTO ADMINISTRACION y MANTENIMIENTO, procediera a establecerme una multa por la cantidad de $1,600 pesos diarios a la suscrita "por la colocación de una manta en el balcón de mi departamento y una ventana del mismo donde solicitó mayor seguridad en el clúster" , lo que coarta el derecho humano a la libertad de expresión, pensamiento y de información de hechos que afectaron a la suscrita en el fraccionamiento y tanto la empresa que administra el clúster como el presidente de la mesa directiva no quieren se dé a conocer estos hechos a los demás condóminos del clúster, derechos contemplados a mi favor por los artículos 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 6°, apartado B, fracciones I, III y VI; 7° y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IV. II. DE LAS RESPONSABLES EJECUTORAS. DE LA LIC. MARTHA CERVERA MARTINEZ, la ejecución a la TOMA DE DECISIÓN, ORDEN VERBAL O ESCRITA, MANDATO YIO ACUERDO para que de forma unilateral y obligatoria me haya impuesto una multa por la cantidad de $1,600 pesos de manera diaria, hasta en tanto no proceda a retirar las mantas donde expreso mi inconformidad ante la inseguridad de la cual fui objeto." De lo anterior se desprende que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la justicia federal contra la multa que le fue impuesta por la empresa Artbusto Administración y Mantenimiento y Comité de la Mesa Directiva Clúster 1, Fraccionamiento Paraíso Country Club, en virtud de la colocación de dos mantas: una en el balcón y otra en una ventana de su departamento. Con el escrito de demanda, la parte quejosa exhibió el documento por el cual se le notificó la sanción económica a que se hizo acreedora -signada por la "Lic. Martha Cervera"-, de donde se advierte que la multa impuesta fue con base en el reglamento interno de dicho condominio, citándose diversos numerales del mismo. Es por ello que se estima que la relación entre la parte quejosa y las señaladas como autoridades responsables, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación entre particulares de coordinación, quienes se relacionan en un mismo plano de igualdad, en virtud de que éstas actúan conforme al reglamento interno del fraccionamiento y, por ello, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad. Consecuentemente, como el acto reclamado por la parte quejosa no se funda en un acto de autoridad, no procede el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y las señaladas como autoridades responsables, es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente. Por lo anterior, al actualizarse en modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º, de la propia ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el domicilio señalado se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, se ordena que las notificaciones a la parte quejosa, aun las de carácter personal, se hagan por lista, con fundamento en el artículo 27, fracción I, éste interpretado a contrario sensu, en relación con el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Se tiene por designada únicamente para oír y recibir notificaciones a Ana Laura Jorrin Ortiz, en virtud de que no acredita encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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