Karina del Carmen Alvarez García
Expediente 1932/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1932/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Karina del Carmen Alvarez García
Actuaciones
- Principal
MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (fojas 32 y 33), en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales,
- Principal
MESA 9.-Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Asimismo, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, el cual indica que las partes podrán recusar al juzgador que resolverá el expediente, en caso de que exista causa fundada para ello (contenida en el diverso numeral 51 de la citada normatividad), para que aquéllas conozcan la existencia de la causal, deben igualmente tener conocimiento que la citada juzgadora resolverá en definitiva este juicio de amparo; hágase del conocimiento de las partes, la designación de la nueva titular, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten si tienen algún impedimento en que la citada Juzgadora continúe teniendo conocimiento de este juicio, en el entendido de que en caso de no hacer manifestación alguna, se continuará con el trámite de este asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 119/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1114, del Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Registro digital: 2018465, Décima Época, Materias(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el siguiente rubro y texto: RECUSACIÓN DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. PUEDE PLANTEARSE AUN DESPUÉS DE QUE EL ASUNTO EN EL QUE SE FORMULE SE HAYA LISTADO PARA SER VISTO EN SESIÓN. El artículo 51 de la Ley de Amparo establece diversas causas de impedimento por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, pueden ser recusados por las partes para conocer de los asuntos puestos a su consideración, conforme al artículo 52, párrafo segundo, del mismo ordenamiento. Al respecto, el legislador no previó un límite temporal para plantear las recusaciones, de lo que se infiere que pugnó para que las partes, en cualquier etapa procesal del juicio, cuando adviertan en el juzgador alguna condición personal que lo motive a actuar o resolver en determinado sentido, puedan manifestarlo y, en su caso, obtener una decisión que lo inhiba de conocer del asunto. Por tanto, el derecho de las partes para recusar no se agota con el listado para sesión del asunto en el que se alegue la configuración del impedimento, sobre todo porque se advierte que la intención es garantizar que, incluso, hasta el último momento previo a la toma de la decisión respectiva, sea viable apartar del conocimiento del asunto al juzgador que incurra en alguna causa de impedimento para que lo haga otro, tomando en cuenta que el derecho a la justicia imparcial constituye una condición esencial de la función jurisdiccional". En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Por otra parte, como se advierte de la certificación la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de veintisiete de octubre pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de doce de diciembre de dos mil diecisiete, se negó la protección constitucional a Petróleos Mexicanos, y se concedió el amparo a Saúl Martínez Espinosa, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco: Inconforme con la anterior determinación, los aludidos quejosos interpusieron recurso de revisión, mismo que fue registrado con el expediente 66/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con sede en esta ciudad, resuelto en sesión de diez de enero de dos mil veinte, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, que en sus puntos resolutivos determinó: PRIMERO. Se modifica la sentencia dictada el doce de diciembre de dos mil diecisiete, por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dentro del juicio de amparo indirecto 518/2017, formado con motivo de la remisión del diverso 899/2017 y su acumulado 910/2017, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Petróleos Mexicanos, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, consistente en la interlocutoria de liquidación de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente 485/2006, conforme a los motivos y fundamentos expresados en la presente ejecutoria y para los efectos precisados en el último considerando de la misma. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Saúl Martínez Espinoza, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, consistente en la interlocutoria de liquidación de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dentro del expediente 485/2006, conforme a los motivos y fundamentos expresados en la presente ejecutoria y para los efectos precisados en el último considerando de la misma". El veintiuno de enero de dos mil veinte, se requirió a la responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio recibido el cinco de marzo de dos mil veinte, se tuvo a la junta responsable remitiendo copia con firmas autógrafas del acuerdo de cuatro del precitado mes, dictado en el expediente laboral 485/2006 Sala B de su índice, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución incidental de liquidación de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitida en la referida controversia. Luego, en oficio recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la junta de mérito remitió copia certificada de la resolución incidental de veinte del precitado mes, dictada en el aludido expediente laboral. A efecto de realizar el análisis de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable copia certificada de la resolución interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio laboral de origen 485/2006-B. En auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo a la junta en cuestión remitiendo copia certificada de la determinación precitada. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por no cumplido el fallo protector y se requirió a la autoridad responsable en los siguientes términos: 2. Deberá emitir una nueva interlocutoria, en la que reitere aquello que no fue motivo de concesión y, hecho lo anterior, en cumplimiento a la concesión de amparo a favor del trabajador, deberá determinar lo siguiente: d) Respecto a la prestación de aguinaldo, deberá cuantificar el aumento salarial del 4.1% para el periodo del ocho de junio al treinta de noviembre de dos mil seis; asimismo, deberá realizar el cálculo conforme al salario ordinario actualizado al treinta de noviembre de dos mil seis, y así sucesivamente en cada año, es decir, hasta el dos mil doce.". Por oficio recibido el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, la junta responsable remitió copia certificada del proveído de veinticinco del mismo mes, dictado en el expediente laboral 485/2006 sala B de su índice, del que se advierte que dejó sin efecto la resolución incidental de liquidación de veinte de noviembre de dos mil veinte, emitida en la referida controversia. En acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la junta en cuestión remitiendo copia certificada de la nueva determinación interlocutoria, dictada el veintiséis de marzo pasado. En auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por no cumplido el fallo protector y se requirió a la autoridad responsable en los siguientes términos: 2. Deberá emitir una nueva interlocutoria, en la que reitere aquello que no fue motivo de concesión y, hecho lo anterior, en cumplimiento a la concesión de amparo a favor del trabajador, deberá determinar lo siguiente: Con la salvedad que en caso de que el monto a calcular por las prestaciones motivo de condena en el laudo sean inferiores al ya cuantificado por la responsable, no podrá aplicarse lo determinado en esta sentencia, pues conllevaría a resolver la liquidación en perjuicio del aquí quejoso Saúl Martínez Espinoza, lo que es contrario a derecho y a la suplencia de la queja a favor del trabajador, que tiene por objeto proteger a la parte económicamente débil para obtener una defensa adecuada de sus intereses ante la justicia Federal". En resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia 7/2021. Mediante oficio recibido el doce de agosto de dos mil veintiuno, la junta responsable remitió copia certificada de la nueva determinación interlocutoria, dictada el seis del precitado mes, en la controversia laboral 485/2006 sala B de su índice. En auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por no cumplido el fallo protector y se requirió a la autoridad responsable en los siguientes términos: 2. Deberá emitir una nueva interlocutoria, en la que reitere aquello que no fue motivo de concesión y, hecho lo anterior, en cumplimiento a la concesión de amparo a favor del trabajador, deberá determinar lo siguiente: Con la salvedad que en caso de que el monto a calcular por las prestaciones motivo de condena en el laudo sean inferiores al ya cuantificado por la responsable, no podrá aplicarse lo determinado en esta sentencia, pues conllevaría a resolver la liquidación en perjuicio del aquí quejoso Saúl Martínez Espinoza, lo que es contrario a derecho y a la suplencia de la queja a favor del trabajador, que tiene por objeto proteger a la parte económicamente débil para obtener una defensa adecuada de sus intereses ante la justicia Federal". Por oficio recibido el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, la junta responsable remitió copia certificada del proveído de veinte del mismo mes, dictado en el expediente laboral 485/2006 sala B de su índice, del que se advierte que dejó sin efecto la resolución incidental de liquidación de seis de agosto de dos mil veintiuno. Mediante oficio recibido el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, la junta responsable remitió copia certificada de la nueva determinación interlocutoria, dictada el veintidós del precitado mes, en la controversia laboral 485/2006 sala B de su índice. En auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no cumplido el fallo protector y se requirió a la autoridad responsable en los siguientes términos: 2. Deberá emitir una nueva interlocutoria, en la que reitere aquello que no fue motivo de concesión y, hecho lo anterior, en cumplimiento a la concesión de amparo a favor del trabajador, deberá determinar lo siguiente: Con la salvedad que en caso de que el monto a calcular por las prestaciones motivo de condena en el laudo sean inferiores al ya cuantificado por la responsable, no podrá aplicarse lo determinado en esta sentencia, pues conllevaría a resolver la liquidación en perjuicio del aquí quejoso Saúl Martínez Espinoza, lo que es contrario a derecho y a la suplencia de la queja a favor del trabajador, que tiene por objeto proteger a la parte económicamente débil para obtener una defensa adecuada de sus intereses ante la justicia Federal". Por oficio recibido el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la junta responsable remitió copia certificada del proveído de ocho del mismo mes, dictado en el expediente laboral 485/2006 sala B de su índice, del que se advierte que dejó sin efecto la resolución incidental de liquidación de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Y, por oficio recepcionado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, la junta de mérito remitió copia certificada de la resolución incidental de veinticinco del precitado mes, dictada en el aludido expediente laboral. En auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplido el fallo protector y se requirió a la autoridad responsable en los siguientes términos: deje insubsistente la resolución interlocutoria y, en acatamiento de la ejecutoria dictad en el amparo en revisión, emita una nueva, en la que reitere aquello que no fue motivo de concesión y, subsane la omisión apuntada anteriormente, esto es, al realizar la cuantificación de los incrementos salariales en relación a la prestación de rendimientos, deberá comprender el período del uno de enero de dos mil doce al siete de febrero del mismo año.". Por oficio recepcionado el uno de junio de dos mil veintidós, la junta de mérito remitió copia certificada de la resolución incidental de veintiséis de mayo del año en curso, dictada en el aludido expediente laboral. En auto de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por no cumplido el fallo protector y se requirió a la autoridad responsable en los siguientes términos: ". deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil veintidós y emita una nueva, en la que reitere aquello que no fue motivo de concesión y, subsane la omisión apuntada anteriormente, esto es: Realice la cuantificación de los incrementos salariales en relación a la prima vacacional, aguinaldo y rendimientos en los términos indicados en la ejecutoria de amparo. En caso de que, como lo ha sostenido, existan pagos realizados por la patronal al aludido trabajador por los referidos conceptos, que deban ser deducidos, establezca cómo verificó que efectivamente los hizo, es decir, haga referencia a los documentos que le sirven de base para arribar a esa consideración, a efecto de permitir que el impetrante de amparo pueda conocer los documentos en que se apoya y, en su caso, tenga la oportunidad de controvertirlos. Lo anterior, tomando en cuenta que la interlocutoria de mérito deriva del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en donde se establecieron los lineamientos que debe seguir, en la que no se indicó que, respecto de los referidos conceptos, se realizara deducción alguna, lo que no impide que la autoridad pueda hacerlo, siempre que exista razón fundada y motivada para ello, que se encuentre, además, corroborada con los documentos idóneos. Ello, bajo la consideración de que en el fallo constitucional se puntualizó que, en caso de que el monto a calcular por las prestaciones motivo de condena en el laudo, sean inferiores al ya cuantificado por la responsable, no podrá aplicarse lo determinado en esa sentencia, pues conllevaría a resolver la liquidación en perjuicio del aquí quejoso Saúl Martínez Espinoza, lo que es contrario a derecho y a la suplencia de la queja a favor del trabajador, que tiene por objeto proteger a la parte económicamente débil para obtener una defensa adecuada de sus intereses ante la justicia Federal.". Mediante oficio recibido el quince de agosto de dos mil veintidós, la junta responsable remitió copia certificada del proveído de doce del mismo mes, dictado en el expediente laboral 485/2006 sala B de su índice, del que se advierte que dejó sin efecto la resolución incidental de liquidación de veintiséis de mayo del año en curso. Y, por oficio recepcionado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de la resolución incidental de veintiuno del precitado mes, dictada en el aludido expediente laboral. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR De acuerdo con lo establecido en la sentencia de doce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el presente juicio, se obtiene que: El veintitrés de septiembre de dos mil once, se dictó laudo en el cual, entre otras cuestiones, se condenó a Petróleos Mexicanos a: reinstalar al actor en la fuente de trabajo y al pago de salarios vencidos. Con motivo de los juicios de amparo directo 45/2012 y 46/2012, promovidos por los apoderados de ambas partes, de los cuales conoció el entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, el quince de marzo de dos mil doce, por cuanto hace a Saúl Martínez Espinosa se concedió la protección constitucional para que se cuantificaran los salarios caídos, incrementos por asistencia, prima vacacional, aguinaldo, así como rendimientos por el tiempo de tramitación del asunto; y en relación al ente demandado se negó el amparo. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el dieciocho de junio de dos mil doce, se dictó laudo en el cual, entre otras cosas, se condenó a Petróleos Mexicanos a reinstalar al actor en la fuente de trabajo y al pago de salarios vencidos. Contra esa resolución, el ente demandado promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con el número 932/2012 y el veintiocho de noviembre de dos mil doce, le negó la protección constitucional. El diecisiete de enero de dos mil trece, se despachó auto de ejecución y se ordenó requerir a Petróleos Mexicanos el pago de la cantidad de $3´818,666.91 (tres millones ochocientos dieciocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 91/100 moneda nacional), como fue ordenado en el laudo. En diligencia de quince de marzo de dos mil trece, se tuvo por exhibido un cheque por la cantidad de $2´793,696.03 (dos millones setecientos noventa y tres mil seiscientos noventa y seis pesos 03/100 moneda nacional), a favor de la parte actora y se estableció que únicamente quedaba pendiente el cálculo de los incrementos y mejoras, los que se cuantificarían en el incidente correspondiente; título nominativo que en esa misma fecha se entregó a Saúl Martínez Espinosa. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el siete de noviembre de dos mil dieciséis, se aprobó la planilla de liquidación por la cantidad de $179,601.99 (ciento setenta y nueve mil seiscientos un pesos 99/100 moneda nacional). Contra esa resolución, el actor y el ente demandado promovieron juicios de amparo indirecto, de los cuales conoció este juzgado con el expediente 1898/2016 y acumulado 1904/2016, que en su auxilió resolvió el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en el expediente 103/2017; el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se concedió la protección constitucional solicitada para que la Junta responsable se pronunciara sobre la totalidad de las cuantificaciones de las prestaciones señaladas por Saúl Martínez Espinosa en su escrito de planilla de liquidación, asimismo, fundara y motivara su determinación de cómo llegó a la conclusión de los incrementos y mejoraras de los salarios caídos. En cumplimiento a la sentencia de amparo, el diecisiete de abril de dos mil dieciséis, la Junta responsable aprobó la planilla de liquidación; el quince de mayo siguiente se estimó que no había dado cumplimiento al fallo, por lo que se requirió a la autoridad para que subsanara las deficiencias destacadas en ese auto. En cumplimiento al requerimiento anterior, el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se aprobó la planilla de liquidación por la cantidad de $198,426.42 (ciento noventa y ocho mil cuatrocientos veintiséis pesos 42/100 moneda nacional). Inconforme con la precitada determinación, las partes del juicio natural promovieron amparo indirecto, los que fueron registrados con los expedientes 899/2017 y su acumulado 910/2017 del índice de este juzgado, los que resolvió el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, el doce de diciembre de dos mil diecisiete, concediendo la protección constitucional a Saúl Martínez Espinosa, para que la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco: a. Deje insubsistente la interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de liquidación deducido del juicio laboral 485/206. b. Emita nueva interlocutoria, en la que reitere aquello que no fue motivo de concesión y, con plenitud de jurisdicción, subsane las deficiencias destacadas en este fallo, esto es: b.1. Por cuanto hace a la prestación de prima vacacional, considere los incrementos al salario tabulado de dos mil seis fue del 4.3%; en dos mil ocho fue del 4.8%; en dos mil nueve fue del 5.05%; en dos mil diez fue del 5.07%, y en dos mil once fue del 4.88%, tal como lo establece el artículo 39 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. b.2. Respecto a la prestación de aguinaldo, cuantifique el aumento salarial del 4.1% para el periodo del ocho de junio al treinta de noviembre de dos mil seis; asimismo, realice el cálculo conforme al salario ordinario actualizado al treinta de noviembre de dos mil seis, y así sucesivamente en cada año, es decir, hasta el dos mil doce. b.3. En relación con la prestación de rendimientos, cuantifique el aumento salarial de 4.1% correspondiente al periodo del ocho de junio al treinta de noviembre de dos mil seis. Cuantificaciones en las que deberá considerarse el número de días utilizados en la interlocutoria reclamada (prima vacacional 30 días, aguinaldo 60 días y rendimiento 20 días), ya que eso no fue motivo de inconformidad de la parte actora -patronal- en el juicio de amparo que promovió contra la cuantificación respectiva. Con la salvedad que en caso de que el monto a calcular por las prestaciones motivo de condena en el laudo sean inferiores al ya cuantificado por la responsable, no podrá aplicarse lo determinado en esta sentencia, pues conllevaría a resolver la liquidación en perjuicio del aquí quejoso Saúl Martínez Espinosa, lo que es contrario a derecho y a la suplencia de la queja a favor del trabajador, que tiene por objeto proteger a la parte económicamente débil para obtener una defensa adecuada de sus intereses ante la justicia Federal". En contra de la precitada determinación, las partes interpusieron recurso de revisión que fue registrado con el expediente 66/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con sede en esta ciudad, resuelto en sesión de diez de enero de dos mil veinte, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el cual modificó la sentencia impugnada y se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: 1. Deberá dejar insubsistente la interlocutoria de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de liquidación deducido del juicio laboral 485/2006. 2. Deberá emitir una nueva interlocutoria, en la que reitere aquello que no fue motivo de concesión y, hecho lo anterior, en cumplimiento a la concesión de amparo a favor del trabajador, deberá determinar lo siguiente: a) Se deberá condenar a la patronal a cubrir al trabajador la cantidad de $2,038.63 (dos mil treinta y ocho pesos 63/100 Moneda Nacional), por concepto de intereses del Fondo de Ahorros que se siguieron generando (a partir del dieciséis de junio de dos mil doce) hasta que la patronal pagó el Fondo de Ahorros acumulado por el actor (quince de marzo de dos mil trece), a razón de uno punto setenta y cinco por ciento mensual (1.75%); b) En cuanto hace al concepto de incrementos salariales en el período del ocho de junio de dos mil seis al siete de febrero de dos mil doce, la responsable deberá determinar que le corresponde al trabajador la cantidad de $147,680.19 (ciento cuarenta y siete mil seiscientos ochenta pesos 19/100 Moneda Nacional); c) Por lo que se refiere a los incrementos de la prima vacacional, deberá considerar que los incrementos al salario tabulado de dos mil seis fue del 4.3%; en dos mil ocho fue del 4.8%; en dos mil nueve fue del 5.05%; en dos mil diez fue del 5.07%, y en dos mil once fue del 4.88%, tal como lo establece el artículo 39 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; además, deberá prescindir de incluir el concepto de "renta de casa" al momento de cuantificar los incrementos a la prima vacacional y, en su lugar, deberá considerar la "ayuda para despensa"; d) Respecto a la prestación de aguinaldo, deberá cuantificar el aumento salarial del 4.1% para el periodo del ocho de junio al treinta de noviembre de dos mil seis; asimismo, deberá realizar el cálculo conforme al salario ordinario actualizado al treinta de noviembre de dos mil seis, y así sucesivamente en cada año, es decir, hasta el dos mil doce; y, e) En relación con la prestación de rendimientos, la responsable deberá cuantificar el aumento salarial de 4.1% correspondiente al periodo del ocho de junio al treinta de noviembre de dos mil seis. Cuantificaciones en las que deberá considerarse el número de días utilizados en la interlocutoria reclamada (prima vacacional 30 días, aguinaldo 60 días y rendimiento 20 días), ya que eso no fue motivo de inconformidad de la parte patronal en el juicio de amparo que promovió contra la cuantificación respectiva. Con la salvedad que en caso de que el monto a calcular por las prestaciones motivo de condena en el laudo sean inferiores al ya cuantificado por la responsable, no podrá aplicarse lo determinado en esta sentencia, pues conllevaría a resolver la liquidación en perjuicio del aquí quejoso Saúl Martínez Espinoza, lo que es contrario a derecho y a la suplencia de la queja a favor del trabajador, que tiene por objeto proteger a la parte económicamente débil para obtener una defensa adecuada de sus intereses ante la justicia Federal. Por otra parte, con motivo de la concesión de amparo a favor de Petróleos Mexicanos, se deberá condenar a la patronal a la suma de $59,756.04 (cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos 04/100 moneda nacional), por concepto de aumentos al Incentivo o Bono al Desempeño durante el periodo del ocho de junio de dos mil seis al siete de febrero de dos mil doce". En ese tenor, con las constancias remitidas, la autoridad responsable demostró que dejó insubsistente la resolución incidental de liquidación de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete y las subsecuentes emitidas en cumplimiento del fallo protector. En su lugar, en la interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la junta en cuestión expuso las siguientes consideraciones: Como se puede advertir, la autoridad responsable consideró que existen pagos realizados por la patronal al aquí quejoso por los conceptos que refiere, aplicando la deducción correspondiente. Sin embargo, omite fundar y motivar debidamente su determinación, ya que únicamente establece como apoyo de su decisión ". que le fue cubierta al actor, como se refleja en la plantilla de liquidación presentada por la patronal visible a foja., del expediente en que se actúa.". Lo cual es insuficiente, porque no permite conocer cómo verificó que efectivamente se realizaron los pagos que señala, teniendo en cuenta que en la resolución de seis de julio de dos mil veintidós, dictada por esta juzgadora, se le dijo que debía hacer referencia a los documentos que le sirvieran de base para arribar a esa consideración, a efecto de permitir que el impetrante de amparo pudiera conocerlos y, en su caso, tuviera la oportunidad de controvertirlos. Esto, porque lo expuesto en la plantilla de liquidación presentada por la patronal no es un elemento de prueba idóneo para acreditar los pagos en cuestión. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, se declara NO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, deje insubsistente la resolución veintiuno de octubre de dos mil veintidós, y emita una nueva, en la que reitere aquello que no fue motivo de concesión y, subsane la omisión apuntada anteriormente, esto es: Realice la cuantificación de los incrementos salariales en relación a la prima vacacional, aguinaldo y rendimientos en los términos indicados en la ejecutoria de amparo. En caso de que, como lo ha sostenido, existan pagos realizados por la patronal al aludido trabajador por los referidos conceptos, que deban ser deducidos, establezca cómo verificó que efectivamente los hizo, es decir, haga referencia a los documentos que le sirven de base para arribar a esa consideración, a efecto de permitir que el impetrante de amparo pueda conocer los documentos en que se apoya y, en su caso, tenga la oportunidad de controvertirlos. Lo anterior, tomando en cuenta que la interlocutoria de mérito deriva del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en donde se establecieron los lineamientos que debe seguir, en la que no se indicó que, respecto de los referidos conceptos, se realizara deducción alguna, lo que no impide que la autoridad pueda hacerlo, siempre que exista razón fundada y motivada para ello, que se encuentre, además, corroborada con los documentos idóneos. Ello, bajo la consideración de que en el fallo constitucional se puntualizó que, en caso de que el monto a calcular por las prestaciones motivo de condena en el laudo, sean inferiores al ya cuantificado por la responsable, no podrá aplicarse lo determinado en esa sentencia, pues conllevaría a resolver la liquidación en perjuicio del aquí quejoso Saúl Martínez Espinoza, lo que es contrario a derecho y a la suplencia de la queja a favor del trabajador, que tiene por objeto proteger a la parte económicamente débil para obtener una defensa adecuada de sus intereses ante la justicia Federal. Apercibido que, de no cumplir, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de amparo, se le impondrá a Jorge Méndez González, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 del aludido ordenamiento jurídico, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2014 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1520, intitulada "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS". Con motivo de lo anterior, devienen inatendibles las manifestaciones de la parte quejosa, expuestas en el escrito de cuenta. Notifíquese.
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