Karina de la Caridad Acevedo Leon

Expediente 1756/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1756/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Karina de la Caridad Acevedo Leon

Actuaciones

  1. Principal

    SE TIENE POR NO PRESENTADA SU DEMANDA...

  2. Principal

    MESA VI-BTapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, no ha dado total cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, como se le indicó en proveído de veintinueve de abril del año en curso. Por lo tanto, con la finalidad de aplicar en sus términos lo dispuesto por el normativo 192 de la Ley de Amparo, que establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, se hace necesario continuar con el procedimiento de inejecución a que se refiere ese numeral y como consecuencia, se ordena notificar y requerir al superior jerárquico del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que lo es el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México, para que al recibo de la presente determinación, ordene al inferior jerárquico cumpla de inmediato con la ejecutoria de amparo. Ello bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medidas y actualización, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, tal y como lo prevé el numeral en cita, en su tercer párrafo. Además, se hace del conocimiento de ambas autoridades lo dispuesto por los artículos 193 y 194 de la Ley de Amparo, que prevén que si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado, este juzgado hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Asimismo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, su superior o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. No debe perderse de vista que con la actitud contumaz en que se pueda incurrir, podría configurarse la hipótesis punitiva prevista en el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo, la cual se transcribe: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir;. .Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 3a. XCI/91, instada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, Tomo VII, junio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que cita: SENTENCIAS DE AMPARO, SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO DEBIÉNDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación, pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución. Con independencia de lo anterior y por última ocasión, requiérase de nueva cuenta al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en Ciudad de México, para que dentro del improrrogable plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que obre en su poder este auto, demuestre haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1 del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Página: 2610, que dice: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE CONCEDIÓ EL AMPARO POR ESTIMARSE QUE SE EMITIÓ POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE SER PARA EL EFECTO DE DEJARLA INSUBSISTENTE Y REGRESAR AL QUEJOSO AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA RECLUIDO PREVIAMENTE A SU EMISIÓN. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, los efectos de la concesión del amparo serán para que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora bien, en virtud de que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro tiene dicho carácter, cuando se conceda el amparo por estimarse que se emitió por una autoridad incompetente por ser facultad exclusiva del Poder Judicial decretarla, de conformidad con el precepto mencionado, la protección constitucional que se otorgue debe ser para el efecto de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado con motivo del actuar de la autoridad responsable, por lo que es necesario que ésta deje insubsistente la orden de traslado y se tomen las medidas necesarias para que el quejoso sea regresado al lugar donde se encontraba recluido previamente a la emisión de dicho acto. Sin que deba darse la opción a la responsable de solicitar la intervención de la autoridad competente (Juez de ejecución), pues ello implica que no se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Finalmente, se puntualiza a las autoridades responsables, como precedente, que en sesión de doce de enero de dos mil quince, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 580/2014, derivado de la sentencia dictada el veinte de marzo de dos mil trece, por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el juicio de amparo 939/2012, en el que se decretó separar de sus cargos de manera inmediata al entonces Subdelegado de Prestaciones y Delegado, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por haber cumplido extemporáneamente la sentencia constitucional, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó consignar a las personas mencionadas directamente ante el Juez de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Nuevo León, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad, según lo previene la fracción I del artículo 267 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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