Karina Cerón Damazo

Expediente 1856/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1856/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Karina Cerón Damazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y toda vez que mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, remitiendo copia certificada del juicio especial de alimentos ******************** de su índice; asimismo, que por auto de seis de enero de dos mil veintitrés, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio de amparo, sin que se advierta se haya ordenado la devolución del tomo formado con motivo de las constancias en comento; en consecuencia, se provee: Devolución de constancias Devuélvanse a su lugar de origen copia certificada del juicio especial de alimentos ********************, las cuales obran por separado en el cuaderno auxiliar I del presente expediente. En el entendido de que la constancia de notificación de este auto constituirá el acuse de recibo correspondiente, por lo que resulta innecesario que se envíe el mismo. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  2. Principal

    Declaración de estado Ha causado estado el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo de asunto Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó sentencia definitiva. Valoración Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, que por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio biinstancial; en consecuencia, se considera que es susceptible de destrucción, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo General. Además, se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; esto es, no versó sobre delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.

  3. Principal

    Estado de autos.Visto el estado procesal de autos se advierte que por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en el cual aceptó la existencia del acto reclamado y exhibió copia certificada del juicio especial de alimentos 473/2014, de las que se advierte: El auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial de alimentos 473/2014, en el que se turnaron los autos al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a fin de que se constituyera en el domicilio del demandado (aquí tercero interesado) y le requiriera el pago por concepto de adeudo de pensiones alimenticias. Acto que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En atención a que el quejoso aduce que lo que solicitó al Juez responsable es que decretara el embargo dentro de dicho expediente, sin necesidad de requerir de pago a su contraparte. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Así, los elementos que integran la causa de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Asimismo, prevé como supuestos de excepción: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Cobra relevancia la jurisprudencia1a./J. 113/2013 (10a.), de la décima época, con registro digital 2005039, de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350: cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. (.)" Resulta aplicable tesis aislada I.3o.C.25 K (10a.), con registro digital 2003107, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2055, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Ahora bien, en el presente caso, la parte quejosa reclama el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial de alimentos 473/2014, en el que se turnaron los autos al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a fin de que se constituyera en el domicilio del demandado (aquí tercero interesado) y le requiriera el pago por concepto de adeudo de pensiones alimenticias, el cual es susceptible de revocarse o modificarse mediante el recurso de reclamación en términos de los artículos 408, 409, 410, 679, 680, 681, 683 y 687 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, los cuales establecen: "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." Artículo 409. Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó." "Artículo 410. Son aplicables al recurso de reclamación las disposiciones siguientes: I. Se interpondrá en el momento de la audiencia o dentro de los dos días siguientes, a partir de que surta efectos la notificación del auto impugnado; II. Se formulará por escrito o verbalmente expresando el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación; III. La reclamación no suspende el curso del juicio, se tramitará por cuerda separada y se mandará substanciar con vista de la contraria por el término de dos días; IV. La resolución que al efecto se dicte, no admite recurso; y V. Cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada." "Artículo 679. Los procedimientos familiares, son ordinarios, especiales o privilegiados". "Artículo 680. Son ordinarios aquellos que no tienen señalada una tramitación especial o privilegiada". "Artículo 681. Son procedimientos especiales, aquellos que no siendo privilegiados, en este capítulo se les confiere una tramitación particular". "Artículo 683. Se tramitarán en procedimiento privilegiado: I. La suplencia del consentimiento para contraer matrimonio; II. La licencia judicial para el matrimonio del tutoreado con quien desempeñe la tutela, curatela o con un hijo de aquél o de éste; III. La calificación de impedimentos para el matrimonio; IV. La autorización a menores de edad casados, para enajenar, gravar e hipotecar sus bienes, así como para cambiar el régimen económico del matrimonio o para modificar sus capitulaciones; V. La autorización judicial para la separación del domicilio familiar de los cónyuges o los concubinos en los casos especiales que autorice la Ley; VI. La substitución del administrador de la sociedad conyugal o terminación de ésta; VII. Las diferencias que surjan con motivo del cumplimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones derivados del matrimonio o que afecten la igualdad y el equilibrio que la Ley confiere a los integrantes de la familia; VIII. La constitución, ampliación, reducción y extinción del patrimonio de familia o la constitución forzosa del mismo; IX. Las cuestiones de violencia familiar, los derechos de convivencia, custodia provisional, retención y recuperación de la posesión de los hijos así como los conflictos que se susciten con motivo de las diferencias por el ejercicio de la patria potestad; X. La declaración de estado de minoridad y en su caso el nombramiento y discernimiento de tutor y curador en los términos de Ley, así como la oposición a ese nombramiento, la rendición, aprobación o desaprobación de las cuentas de la tutela y la remoción de tutor y curador; XI. La suspensión y la calificación de las excusas para ejercer la patria potestad, y XII. Todas aquellas cuestiones análogas a las anteriores". "Artículo 687. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en estos procedimientos, procede el recurso de apelación. Contra las resoluciones de trámite no procede recurso alguno". De los numerales transcritos se desprende que los procedimientos familiares, los cuales se encuentran dentro del Libro Cuarto de la citada legislación procesal civil estatal, se dividen en ordinarios, especiales y privilegiados. Los primeros son aquéllos que no tienen señalada una tramitación especial o privilegiada; los segundos o especiales son aquéllos que no siendo privilegiados, se les confiere una tramitación particular; y los privilegiados se encuentran señalados de manera ejemplificativa y no limitativamente, en el numeral 683. Por su parte, el precepto 687 regula que en contra de las resoluciones definitivas -entendidas éstas como aquellas que ponen fin al procedimiento privilegiado-, procede el recurso de apelación, mientras que contra las resoluciones de trámite, como acuerdos, proveídos, autos o interlocutorias por exclusión, no procede medio de defensa alguno, es decir, son irrecurribles. Ahora bien, en el Capítulo Segundo denominado "PROCEDIMIENTOS ESPECIALES", sección primera, del mencionado Libro regula al Juicio de Alimentos dentro de los artículos 688 al 698 de la legislación en comento. Así, de una interpretación sistemática se advierte que el señalado juicio de alimentos, del cual derivan el acto reclamado, no participan de la naturaleza o características de un procedimiento privilegiado al tener una tramitación particular y, en consecuencia, no les es aplicable el artículo 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que dispone, en lo que interesa, que en contra de las resoluciones de trámite no procede recurso alguno, sino que, por el contrario, a ese tipo de procedimientos - especiales- le resulta aplicable la regla general contenida en el dispositivo 409 del señalado cuerpo normativo, que dispone que los autos que no fueren apelables pueden ser reclamados ante el órgano que los dictó. En ese sentido, contra el acto reclamado consistente en el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial de alimentos 473/2014, en el que no se decretó embargo contra la contraparte de la quejosa, como lo solicitó, sino que se determinó turnar los autos al Diligenciario adscrito al Juzgado responsable, a fin de que se constituyera en el domicilio del demandado (aquí tercero interesado) y le requiriera el pago por concepto de adeudo de pensiones alimenticias y en el caso de no realizarse el citado pago se embargaran bienes del deudor alimentario; es procedente el recurso de reclamación, previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla; sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho recurso previo a la tramitación el juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, el mencionado recurso tuvo que agotarse antes de acudir al juicio de amparo, pues la ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad. Por tanto, al no haber hecho valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, el medio de defensa idóneo, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en mención no puede estimarse definitivo para los efectos del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso concreto la Tesis: P./J. 11/2018 (10a.), con registro digital: 2017117, de la Décima Época, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, cuyo rubro y texto es el siguiente: "(.) DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. (.) Asimismo, como sustento a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), con registro digital: 2005039, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, cuyo rubro y texto es el siguiente: "(.) DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia En tal consideración, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2ª./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala localizable a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA "DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE "ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, "MANIFIESTA E INDUDABLE". Se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en el juicio de amparo en que se actúa. Dado lo asentado en los párrafos que anteceden una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como concluido. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA OSCAR CESAR HERRERA, EL ACUERDO DE FECHA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINITIDOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Estado de autos.Visto el estado procesal de autos se advierte que por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en el cual aceptó la existencia del acto reclamado y exhibió copia certificada del juicio especial de alimentos 473/2014, de las que se advierte: El auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial de alimentos 473/2014, en el que se turnaron los autos al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a fin de que se constituyera en el domicilio del demandado (aquí tercero interesado) y le requiriera el pago por concepto de adeudo de pensiones alimenticias. Acto que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En atención a que el quejoso aduce que lo que solicitó al Juez responsable es que decretara el embargo dentro de dicho expediente, sin necesidad de requerir de pago a su contraparte. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Así, los elementos que integran la causa de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Asimismo, prevé como supuestos de excepción: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Cobra relevancia la jurisprudencia1a./J. 113/2013 (10a.), de la décima época, con registro digital 2005039, de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350: cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. (.)" Resulta aplicable tesis aislada I.3o.C.25 K (10a.), con registro digital 2003107, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2055, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Ahora bien, en el presente caso, la parte quejosa reclama el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial de alimentos 473/2014, en el que se turnaron los autos al Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, a fin de que se constituyera en el domicilio del demandado (aquí tercero interesado) y le requiriera el pago por concepto de adeudo de pensiones alimenticias, el cual es susceptible de revocarse o modificarse mediante el recurso de reclamación en términos de los artículos 408, 409, 410, 679, 680, 681, 683 y 687 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, los cuales establecen: "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." Artículo 409. Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó." "Artículo 410. Son aplicables al recurso de reclamación las disposiciones siguientes: I. Se interpondrá en el momento de la audiencia o dentro de los dos días siguientes, a partir de que surta efectos la notificación del auto impugnado; II. Se formulará por escrito o verbalmente expresando el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación; III. La reclamación no suspende el curso del juicio, se tramitará por cuerda separada y se mandará substanciar con vista de la contraria por el término de dos días; IV. La resolución que al efecto se dicte, no admite recurso; y V. Cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada." "Artículo 679. Los procedimientos familiares, son ordinarios, especiales o privilegiados". "Artículo 680. Son ordinarios aquellos que no tienen señalada una tramitación especial o privilegiada". "Artículo 681. Son procedimientos especiales, aquellos que no siendo privilegiados, en este capítulo se les confiere una tramitación particular". "Artículo 683. Se tramitarán en procedimiento privilegiado: I. La suplencia del consentimiento para contraer matrimonio; II. La licencia judicial para el matrimonio del tutoreado con quien desempeñe la tutela, curatela o con un hijo de aquél o de éste; III. La calificación de impedimentos para el matrimonio; IV. La autorización a menores de edad casados, para enajenar, gravar e hipotecar sus bienes, así como para cambiar el régimen económico del matrimonio o para modificar sus capitulaciones; V. La autorización judicial para la separación del domicilio familiar de los cónyuges o los concubinos en los casos especiales que autorice la Ley; VI. La substitución del administrador de la sociedad conyugal o terminación de ésta; VII. Las diferencias que surjan con motivo del cumplimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones derivados del matrimonio o que afecten la igualdad y el equilibrio que la Ley confiere a los integrantes de la familia; VIII. La constitución, ampliación, reducción y extinción del patrimonio de familia o la constitución forzosa del mismo; IX. Las cuestiones de violencia familiar, los derechos de convivencia, custodia provisional, retención y recuperación de la posesión de los hijos así como los conflictos que se susciten con motivo de las diferencias por el ejercicio de la patria potestad; X. La declaración de estado de minoridad y en su caso el nombramiento y discernimiento de tutor y curador en los términos de Ley, así como la oposición a ese nombramiento, la rendición, aprobación o desaprobación de las cuentas de la tutela y la remoción de tutor y curador; XI. La suspensión y la calificación de las excusas para ejercer la patria potestad, y XII. Todas aquellas cuestiones análogas a las anteriores". "Artículo 687. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en estos procedimientos, procede el recurso de apelación. Contra las resoluciones de trámite no procede recurso alguno". De los numerales transcritos se desprende que los procedimientos familiares, los cuales se encuentran dentro del Libro Cuarto de la citada legislación procesal civil estatal, se dividen en ordinarios, especiales y privilegiados. Los primeros son aquéllos que no tienen señalada una tramitación especial o privilegiada; los segundos o especiales son aquéllos que no siendo privilegiados, se les confiere una tramitación particular; y los privilegiados se encuentran señalados de manera ejemplificativa y no limitativamente, en el numeral 683. Por su parte, el precepto 687 regula que en contra de las resoluciones definitivas -entendidas éstas como aquellas que ponen fin al procedimiento privilegiado-, procede el recurso de apelación, mientras que contra las resoluciones de trámite, como acuerdos, proveídos, autos o interlocutorias por exclusión, no procede medio de defensa alguno, es decir, son irrecurribles. Ahora bien, en el Capítulo Segundo denominado "PROCEDIMIENTOS ESPECIALES", sección primera, del mencionado Libro regula al Juicio de Alimentos dentro de los artículos 688 al 698 de la legislación en comento. Así, de una interpretación sistemática se advierte que el señalado juicio de alimentos, del cual derivan el acto reclamado, no participan de la naturaleza o características de un procedimiento privilegiado al tener una tramitación particular y, en consecuencia, no les es aplicable el artículo 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que dispone, en lo que interesa, que en contra de las resoluciones de trámite no procede recurso alguno, sino que, por el contrario, a ese tipo de procedimientos - especiales- le resulta aplicable la regla general contenida en el dispositivo 409 del señalado cuerpo normativo, que dispone que los autos que no fueren apelables pueden ser reclamados ante el órgano que los dictó. En ese sentido, contra el acto reclamado consistente en el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial de alimentos 473/2014, en el que no se decretó embargo contra la contraparte de la quejosa, como lo solicitó, sino que se determinó turnar los autos al Diligenciario adscrito al Juzgado responsable, a fin de que se constituyera en el domicilio del demandado (aquí tercero interesado) y le requiriera el pago por concepto de adeudo de pensiones alimenticias y en el caso de no realizarse el citado pago se embargaran bienes del deudor alimentario; es procedente el recurso de reclamación, previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla; sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho recurso previo a la tramitación el juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, el mencionado recurso tuvo que agotarse antes de acudir al juicio de amparo, pues la ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad. Por tanto, al no haber hecho valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, el medio de defensa idóneo, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en mención no puede estimarse definitivo para los efectos del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso concreto la Tesis: P./J. 11/2018 (10a.), con registro digital: 2017117, de la Décima Época, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, cuyo rubro y texto es el siguiente: "(.) DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. (.) Asimismo, como sustento a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), con registro digital: 2005039, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, cuyo rubro y texto es el siguiente: "(.) DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia En tal consideración, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2ª./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala localizable a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA "DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE "ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, "MANIFIESTA E INDUDABLE". Se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en el juicio de amparo en que se actúa. Dado lo asentado en los párrafos que anteceden una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como concluido. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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