Karina Ceballos Soto

Expediente 1059/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1059/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Karina Ceballos Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente expediente, logra advertirse que feneció el término concedido a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo, otorgado mediante proveído de veinticinco de septiembre del presente año, por tanto, se provee lo siguiente: Efectivo apercibimiento. Virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se ordena continuar el trámite del presente asunto, teniéndose como actos reclamados, únicamente los señalados inicialmente por la parte quejosa y, se resolverá el juicio de amparo, solo con los planteamientos hechos valer en la demanda de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, una vez analizadas las constancias de autos, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia por las consideraciones siguientes: En el presente contradictorio federal el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa son: i. La omisión por parte de autoridad señalada como responsable Secretaría General de Gobierno de Baja California, de dar respuesta a la solicitud presentada por el quejoso, recibida el veintiséis de junio de dos mil veintitrés. En la especie, respecto del acto reseñado en el párrafo anterior, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que reza lo siguiente: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca lo siguiente: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se estableció en párrafos precedentes, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de autoridad señalada como responsable Secretaría General de Gobierno de Baja California, de darle respuesta por escrito a la solicitud que le realizó el veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Sin embargo, del contenido del informe justificado, se advirtió que la citada autoridad responsable contestó el escrito que la ahora parte quejosa le presentó el veintiséis de junio de dos mil veintitrés (derecho de petición). Documentales públicas que poseen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, sí la parte gestora del amparo se duele de la omisión por parte de autoridad señalada como responsable Secretaría General de Gobierno de Baja California, de darle respuesta por escrito a la petición que le realizó el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, y esto ya aconteció, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida, no sólo al producirse la respuesta, sino también al quedar enterada de su contenido, según así fue razonado. Máxime, que en proveído de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa con la finalidad de ampliar su demanda de amparo, en los términos siguientes: "Vista para ampliación de la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 111 y 17 de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa el presente proveído y correrle traslado con el informe justificado y la constancia allegada por la autoridad responsable, a fin de que con oportunidad esté en posibilidad de ampliar su demanda de amparo, u ofrecer las pruebas que considere conducentes para demostrar sus inconformidades, desde luego, ello dentro del plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído y conforme a las formalidades legales establecidas en la ley de la materia, a efecto de no dejársele en estado de indefensión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, página noventa y tres, con número registro 182617, con rubro y contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Apercibimiento. Apercibida que, de no hacer manifestación alguna en términos del párrafo precedente, se tendrán como actos reclamados, únicamente los señalados inicialmente por la parte quejosa y, se resolverá el juicio de amparo, solo con los planteamientos hechos valer en la demanda de amparo. (.)." Luego, al no haber desahogado la vista de la ampliación respecto de la contestación relativa a su petición, es que en acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en párrafos precedentes se hizo efectivo al apercibimiento realizado a la parte quejosa, y se tuvieron como actos reclamados únicamente los señalados inicialmente en su escrito de demanda, y solo con los planteamientos hechos valer en su inicio. En ese contexto, es claro que a la parte gestora del amparo se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinticinco de septiembre del año dos mil veintitrés, se fijó el día veinticuatro de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, mediante la Circular de cuenta, de fecha diecinueve de octubre de este año, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se informó que se declararon inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos. Acuerdo. En ese tenor, con sustento en el comunicado de que se trata y los fundamentos contenidos en el mismo, así como de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 de la Ley de Amparo; al existir impedimento legal y fáctico para que este órgano jurisdiccional emitiera resoluciones, acuerdos y actuaciones el día veinticuatro de octubre de este año, por las razones antedichas, y a la luz de los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, así como el de mayor beneficio de los justiciables atento a los numerales 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la Republica; se procede a lo siguiente: Señalamiento de nueva audiencia constitucional. En esas condiciones, lo procedente es fijar como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las partes por medio de lista, atento a lo expuesto en el auto de radicación, así como porque no existe obligación legal de efectuar la notificación del presente de forma personal, de acuerdo al numeral 26 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo expuesto en último lugar, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes rubro, texto y datos: "Registro digital: 206265 Instancia: Primera Sala Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, página 143 Tipo: Aislada AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACION DE LA. NO EXISTE OBLIGACION LEGAL DE HACERLA PERSONALMENTE. Conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo que se tramiten en Juzgados de Distrito, se harán a los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apoderados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Ministerio Público, por medio de lista. Así, si en el caso particular, el quejoso no se encuentra privado de su libertad, conforme al artículo mencionado las notificaciones que se le practiquen serán por lista, salvo que se tratase de un requerimiento o de algún acuerdo que, por sus características especiales, deba notificársele en forma personal. En consecuencia, tratándose del auto en el que se determina el día y hora de celebración de la audiencia constitucional, debe estarse a la regla general contemplada por el citado precepto, por lo que resulta correcto notificarlo por lista, correspondiendo al agraviado estar al pendiente de los autos que se dicten en la secuela del procedimiento y que se hacen del conocimiento de las partes por medio de lista, sin que exista razón lógica o jurídica para que, en estos casos, el citado proveído se tenga que notificar en forma personal, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo a la presente determinación, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Séptimo Circuito, con datos de identificación y rubro siguiente: "Registro digital: 192539 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.2o.A.T.10 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Enero de 2000, página 970 Tipo: Aislada AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA EN DÍA INHÁBIL. VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO. Si el Juez de Distrito, durante la sustanciación y resolución de un juicio de amparo, celebró la audiencia constitucional en día considerado inhábil para ello, debe estimarse que se afectaron las defensas del inconforme al no poder comparecer a dicha diligencia, pues en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo, los sábados resultan inhábiles para la sustanciación del juicio de garantías, sin que, por otra parte, obre en autos proveído alguno en el que se haya señalado la necesidad o la urgencia de habilitar un día inhábil, para que en tal fecha se verificara la audiencia, de lo que se sigue que la audiencia en trato, no puede considerarse celebrada legalmente; por consecuencia, lo en ella asentado es jurídicamente nulo y carece de valor legal constituyendo ésta una irregularidad que produce estado de indefensión a las partes al privárseles de la oportunidad de aportar pruebas y alegar lo concerniente a sus intereses, con la consiguiente transgresión a las reglas fundamentales del procedimiento de amparo; por lo que, con apoyo en lo establecido por la fracción IV del artículo 91, en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, debe revocarse la sentencia materia de la revisión y ordenar al Juez de Distrito la reposición del procedimiento a partir del acuerdo en el que señaló la fecha de audiencia, para el efecto de que emita un nuevo proveído, fijando en día hábil una nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en la que reciba las pruebas ofrecidas y las que sean susceptibles de ofrecerse en dicho acto, desahogue el periodo de alegatos y con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia correspondiente." Asimismo, se cita por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de siguientes datos de localización y contenido: "Registro digital: 2015471 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 14/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 6 Tipo: Jurisprudencia RESOLUCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTÁ LEGALMENTE IMPEDIDO PARA EMITIRLAS EN UN DÍA INHÁBIL, PERO LABORABLE, SO PENA DE INCURRIR EN UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De la interpretación armónica de los artículos 23 de la Ley de Amparo abrogada, 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la luz del derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica de los justiciables y atento a su mayor beneficio, en términos de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que en los días señalados como inhábiles, pero laborables, como son el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque en esos días no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio." Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la Subsecretaria de Asuntos Legales y Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de dicha Secretaría, autoridad señalada como responsable. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata, con el que se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, agréguese al expediente y ténganse por ofrecida la prueba documental que anexó a su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. No señaló. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello por la autoridad remitente en su informe justificado. Consulta electrónica. Por otra parte, con fundamento en el artículo 29, del "Acuerdo General 21/2020, que regula las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19" de la Ley de Amparo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio a (********************y ********************, con sus respectivos nombres de usuario "********************", "********************", "********************", "********************", "********************", "********************" y "********************". Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Vista para ampliación de la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 111 y 17 de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa el presente proveído y correrle traslado con el informe justificado y la constancia allegada por la autoridad responsable, a fin de que con oportunidad esté en posibilidad de ampliar su demanda de amparo, u ofrecer las pruebas que considere conducentes para demostrar sus inconformidades, desde luego, ello dentro del plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído y conforme a las formalidades legales establecidas en la ley de la materia, a efecto de no dejársele en estado de indefensión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, página noventa y tres, con número registro 182617, con rubro y contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Apercibimiento. Apercibida que, de no hacer manifestación alguna en términos del párrafo precedente, se tendrán como actos reclamados, únicamente los señalados inicialmente por la parte quejosa y, se resolverá el juicio de amparo, solo con los planteamientos hechos valer en la demanda de amparo. Diferimiento. En consecuencia, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las once horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, y visto su contenido se acuerda lo siguiente: Autorizado. Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ********** únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo la parte quejosa en su escrito. Representación Común. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa a **********, como representante común de los quejosos, por así solicitarlo las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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