Karina Aristbeth Ortega Ortega

Expediente 788/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
788/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Karina Aristbeth Ortega Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la ley de amparo, siendo las nueve horas del día de la fecha se notifia por lista a la parte quejosa el auto de dieciséis de los corrientes en los que se ordena el archivo del presente asunto

  3. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE LA CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por K. A. O. O., contra actos del Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, con residencia en Ixtapaluca, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 788/2020-I. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente. Con apego a los numerales transcritos y relacionados a su vez con los diversos artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio, en atención a las siguientes consideraciones. Se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En las condiciones apuntadas, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Conforme a los preceptos reproducidos, el amparo indirecto sólo procede contra actos dictados dentro de juicio, cuando tengan ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, siendo improcedente. Para ser calificados como irreparables, dichos actos necesitan actualizar dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situarlos en aquellos supuestos en los que el acto, impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, inclusive, antes del dictado de algún fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo ese contexto, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. En la especie, la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en los autos del expediente ***, mediante la cual se resuelve el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de treinta y uno de julio de dos mil veinte, dictado por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, donde se dejó sin efecto el turno para dictar sentencia definitiva. Lo anterior, dado que el juez responsable sostiene que no quedo claro la forma en que se hizo la notificación al codemandado ***, porque a pesar de mediar citatorio con la ****, quien dijo ser su esposa, no se justificó con medio idóneo alguno, tal circunstancia como lo sería en este caso con el acta de matrimonio correspondiente; por lo que dejó sin efectos el turno para sentencia, ordenando a la ejecutora volver a notificar a una de las partes para corroborar si al codemandado le fue concedido su derecho de defensa en juicio. Así, queda de manifiesto que dicha resolución reclamada no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial, puesto que la determinación que combate en esta vía, solo tiene como objeto que se practicar una nueva diligencia de notificación al diverso codemandado con el fin de corroborarse que a éste, se le ha otorgado su derecho de defensa, lo que no trastoca un derecho fundamental de la quejosa, máxime que de los conceptos de violación que formula no se advierte que se alegue la violación a un derecho sustantivo, de ahí que al realizarse la diligencia ordenada por el juzgador de origen, se continuará con la secuela procesal respectiva, es decir, con el dictado de la sentencia definitiva, y será hasta este momento, en su caso, cuando pudiera materializarse alguna violación a los derechos fundamentales de la peticionaria. De ahí que se considere que el acto reclamado, sólo puede afectar en su caso derechos procesales de la parte quejosa, los cuales pueden ser subsanados con el dictado de la sentencia definitiva, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del sentencia definitiva, cuando pudieran influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adverso a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se corrobore si al citado codemandado le fueron concedidos sus derechos de defensa en dicho asunto y una vez acontecido se continúe la tramitación del juicio por sus etapas, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante.que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnados, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. De los anteriores criterios, se aprecia claramente que el amparo contra actos dictados dentro de un procedimiento, únicamente, procede cuando esos actos son de imposible reparación; y en la especie el acto combatido, no se trata de aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, sino que únicamente afecta derechos adjetivos o procesales, En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito de cuenta, por encontrarse dentro de la jurisdicción de este juzgado; asimismo, se tienen por autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Luis Toledo Ponce y Sergio Campos Miranda, por contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), mientras que a las diversas personas se les tiene por autorizadas de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 24 de la citada ley. Con independencia de lo anterior, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la promovente señaló un número de teléfono y un correo electrónico como medio alterno para esos efectos. En ese orden, atendiendo a las disposiciones contenidas en Circular SECNO/12/2020, y a que las circunstancias de emergencia y el riesgo sanitario en que nos encontramos exigen la implementación de una solución acorde con el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que fueron implementadas por parte del Consejo de la Judicatura Federal, mismas que conforman los Acuerdos Generales 8/2020, 9/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020. De manera excepcional, se ordena realizar las notificaciones no procesales que del presente asunto se desprendan por dichos medios, durante el tiempo que prevalezcan tales medidas de contingencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos.

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