Karina Acosta López
Expediente 109/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Karina Acosta López
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
En razón de que la parte quejosa KARINA ACOSTA LÓPEZ por propio derecho y en representación de su menor hija ALYN VALENTINA MURILLO ACOSTA y/ o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el veintiocho de febrero del año en curso; ni tampoco se puso de acuerdo con el Actuario para que le notificara, ni agotó el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. PROVEIDO QUE DICE: RECEPCIÓN DE AUTOS. Téngase por recibido el oficio OCC/C11/JDM/37/2022, que remite el Jefe de Oficina de Correspondencia Común B, con sede en esta ciudad de Uruapan, al que acompaña los autos del juicio de amparo 443/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio número 2021, derivado del proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, emitido por este Juzgado de Distrito, en el juicio de amparo 401/2021, en el que se determinó aceptar la declinatoria por turno planteado por el citado Juzgado Sexto de Distrito, toda vez que este órgano de control constitucional conoció previamente de la demanda de amparo promovida por Karina Acosta López, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan. REGISTRO. Fórmese expediente; y, regístrese bajo el número 109/2022. CONSIDERACIÓN PREVIA. Conviene precisar que, la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo indirecto 401/2021, del índice de este Juzgado, es promovida por Karina Acosta López, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, de quien reclamó lo siguiente: .... Por tanto, la materia de la Litis constitucional en este juicio de amparo indirecto 109/2022, se reduce a analizar los actos reclamados por Karina Acosta López, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, consistentes en: La omisión de fijar una pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa, en los autos del expediente número 331/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan. DESECHAMIENTO. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el citado precepto legal señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. .... Por tanto, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. .... "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el caso concreto, la materia de la Litis constitucional en este juicio de amparo indirecto 109/2022, se reduce a analizar los actos reclamados por Karina Acosta López, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, consistentes en: La omisión de fijar una pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa, en los autos del expediente número 331/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan. De lo que se sigue que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, del mismo cuerpo de leyes, por haber cesado los efectos de los actos reclamados. Cabe destacar que la causa de improcedencia en comento, está prevista en términos idénticos tanto en la Ley de Amparo en vigor, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica, resulta aplicable al caso la interpretación que sobre el tema ha realizado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 59/99 y 2a./J. 9/98, en las que determinó que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aun sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje en la misma ninguna huella. Los criterios jurisprudenciales apuntados, son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 191327, Tesis: 2a. XCVIII/2000, que es como sigue: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. .... Acotado lo anterior, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, que hizo consistir en la omisión de fijar una pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa, en los autos del expediente número 331/2021, y todas las consecuencias legales de ello, han cesado en sus efectos legales. En efecto, ya que de la certificación de cuenta se desprende que dentro del juicio de amparo 401/2021, del índice de este Juzgado Federal, obra el oficio 3/2022, remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con sede en esta ciudad, mismo que fue registrado con el consecutivo 534, mediante el cual se hizo del conocimiento lo siguiente: "...dentro de los expedientes 299/2021 relativo al juicio especial oral familiar sobre custodia, promovido por Karina Acosta López, frente a Oscar Fabián Murillo Gutiérrez y 331/2021 relativo al juicio especial oral familiar sobre custodia, promovido por Oscar Fabián Murillo Gutiérrez, frente a Karina Acosta López, del índice de este juzgado, relacionados con el juicio de amparo 401/2021, promovido por Karina Acosta López, le informo que las partes llegaron a un convenio ante el Centro de Justicia Alternativa Restaurativa, Región Uruapan, del poder judicial del Estado, el día 29 de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, el cual ratificaron en este juzgado el día 6 de diciembre del año próximo pasado, y con el mismo se dio vista respectiva tanto a la Agente del Ministerio Público adscrita así como a la tutora especial designada para su conocimiento, concediéndoles el término de tres días para que se manifestaran respecto a su contenido, sin que lo hayan hecho, por ello con esta fecha esta juzgadora lo aprobó y sancionó elevándolo a la categoría de cosa juzgada y condenó a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, con ello se concluyó ambos juicio..." Lo cual constituye un hecho notorio para suscrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por lo que, se ordena recabar copia certificada de dicha documental, para ser agregada a este expediente, para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. .... Consecuentemente, sí la Litis del juicio natural ha quedado concluida, dado que las partes llegaron a un convenio judicial; y, los actos reclamados derivan propiamente de esa contienda familiar, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de los mismos, ya que con el dictado del proveído de seis de enero de dos mil veintidós, emitido por el Juez responsable, a través del cual elevó a categoría de cosa juzgada el convenio citado, mismo que dio por concluido el expediente 331/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, pues con ello existe ya imposibilidad de que se determine una pensión alimenticia provisional porque la misma, de acuerdo a su naturaleza solo se puede emitir antes del fallo definitivo y como aquí ya se verificó la resolución del juicio por medio del convenio elevado a la calidad de cosa juzgada, no es viable la emisión del tipo de pensión que alega la quejosa, de ahí que se dejaron sin efectos los actos reclamados. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia a que se viene haciendo referencia, lo cual, de conformidad con el precepto 113 de la Ley de Amparo, se SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y autorizando en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Guillermo González García, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a José Francisco Mares García y Jaime Gómez Espinoza, el primero de ellos, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y el segundo, por así haberlo solicitado expresamente. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza a la ocursante el acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa con el nombre de usuario: "ccggss2001" registrado en el Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por lo que se ordena al oficial del SISE otorgar los permisos correspondientes en el sistema; haciendo la aclaración que no se abre el juicio en línea, porque no solicitó recibir notificaciones a través de dicho Portal. Artículos 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental2 , hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFIQUESE; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
RECEPCIÓN DE AUTOS. Téngase por recibido el oficio OCC/C11/JDM/37/2022, que remite el Jefe de Oficina de Correspondencia Común B, con sede en esta ciudad de Uruapan, al que acompaña los autos del juicio de amparo 443/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio número 2021, derivado del proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, emitido por este Juzgado de Distrito, en el juicio de amparo 401/2021, en el que se determinó aceptar la declinatoria por turno planteado por el citado Juzgado Sexto de Distrito, toda vez que este órgano de control constitucional conoció previamente de la demanda de amparo promovida por Karina Acosta López, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan. REGISTRO. Fórmese expediente; y, regístrese bajo el número 109/2022. CONSIDERACIÓN PREVIA. Conviene precisar que, la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo indirecto 401/2021, del índice de este Juzgado, es promovida por Karina Acosta López, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, de quien reclamó lo siguiente: .... Por tanto, la materia de la Litis constitucional en este juicio de amparo indirecto 109/2022, se reduce a analizar los actos reclamados por Karina Acosta López, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, consistentes en: La omisión de fijar una pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa, en los autos del expediente número 331/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan. DESECHAMIENTO. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el citado precepto legal señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. .... Por tanto, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. .... "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el caso concreto, la materia de la Litis constitucional en este juicio de amparo indirecto 109/2022, se reduce a analizar los actos reclamados por Karina Acosta López, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, consistentes en: La omisión de fijar una pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa, en los autos del expediente número 331/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan. De lo que se sigue que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, del mismo cuerpo de leyes, por haber cesado los efectos de los actos reclamados. Cabe destacar que la causa de improcedencia en comento, está prevista en términos idénticos tanto en la Ley de Amparo en vigor, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica, resulta aplicable al caso la interpretación que sobre el tema ha realizado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 59/99 y 2a./J. 9/98, en las que determinó que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aun sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje en la misma ninguna huella. Los criterios jurisprudenciales apuntados, son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 191327, Tesis: 2a. XCVIII/2000, que es como sigue: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. .... Acotado lo anterior, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, que hizo consistir en la omisión de fijar una pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa, en los autos del expediente número 331/2021, y todas las consecuencias legales de ello, han cesado en sus efectos legales. En efecto, ya que de la certificación de cuenta se desprende que dentro del juicio de amparo 401/2021, del índice de este Juzgado Federal, obra el oficio 3/2022, remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con sede en esta ciudad, mismo que fue registrado con el consecutivo 534, mediante el cual se hizo del conocimiento lo siguiente: "...dentro de los expedientes 299/2021 relativo al juicio especial oral familiar sobre custodia, promovido por Karina Acosta López, frente a Oscar Fabián Murillo Gutiérrez y 331/2021 relativo al juicio especial oral familiar sobre custodia, promovido por Oscar Fabián Murillo Gutiérrez, frente a Karina Acosta López, del índice de este juzgado, relacionados con el juicio de amparo 401/2021, promovido por Karina Acosta López, le informo que las partes llegaron a un convenio ante el Centro de Justicia Alternativa Restaurativa, Región Uruapan, del poder judicial del Estado, el día 29 de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, el cual ratificaron en este juzgado el día 6 de diciembre del año próximo pasado, y con el mismo se dio vista respectiva tanto a la Agente del Ministerio Público adscrita así como a la tutora especial designada para su conocimiento, concediéndoles el término de tres días para que se manifestaran respecto a su contenido, sin que lo hayan hecho, por ello con esta fecha esta juzgadora lo aprobó y sancionó elevándolo a la categoría de cosa juzgada y condenó a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, con ello se concluyó ambos juicio..." Lo cual constituye un hecho notorio para suscrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; por lo que, se ordena recabar copia certificada de dicha documental, para ser agregada a este expediente, para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. .... Consecuentemente, sí la Litis del juicio natural ha quedado concluida, dado que las partes llegaron a un convenio judicial; y, los actos reclamados derivan propiamente de esa contienda familiar, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de los mismos, ya que con el dictado del proveído de seis de enero de dos mil veintidós, emitido por el Juez responsable, a través del cual elevó a categoría de cosa juzgada el convenio citado, mismo que dio por concluido el expediente 331/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, pues con ello existe ya imposibilidad de que se determine una pensión alimenticia provisional porque la misma, de acuerdo a su naturaleza solo se puede emitir antes del fallo definitivo y como aquí ya se verificó la resolución del juicio por medio del convenio elevado a la calidad de cosa juzgada, no es viable la emisión del tipo de pensión que alega la quejosa, de ahí que se dejaron sin efectos los actos reclamados. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia a que se viene haciendo referencia, lo cual, de conformidad con el precepto 113 de la Ley de Amparo, se SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y autorizando en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Guillermo González García, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a José Francisco Mares García y Jaime Gómez Espinoza, el primero de ellos, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y el segundo, por así haberlo solicitado expresamente. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza a la ocursante el acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa con el nombre de usuario: "ccggss2001" registrado en el Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por lo que se ordena al oficial del SISE otorgar los permisos correspondientes en el sistema; haciendo la aclaración que no se abre el juicio en línea, porque no solicitó recibir notificaciones a través de dicho Portal. Artículos 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental2 , hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFIQUESE; y personalmente a la parte quejosa.
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