Karín Sánchez Teufel

Expediente 446/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
446/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Karín Sánchez Teufel

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio del secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso, a través del cual se le remitió el juicio de amparo III-446/2021 del que deriva este cuaderno de antecedentes e informa que se avocó al conocimiento del citado juicio y continúa con el trámite, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 20 del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto; por tanto, se toma nota que es susceptible de destrucción; pues se trata del cuaderno de antecedentes virtud de la declinatoria de la competencia por grado. En esa virtud, una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    RADICACIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda que promueve Karin Sánchez Teufel con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número III-446/2021. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la promovente, señalan como autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, de quien reclama lo siguiente: El acuerdo dictado el siete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó el recurso de revocación intentado contra el diverso de trece de abril de la misma anualidad que decretó la caducidad de la instancia; todo ello dentro del expediente 913/2017. Dicha interpretación se obtiene de la lectura integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, atendiendo a la pretensión de la parte quejosa, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". CONSIDERACIONES PREVIAS. Dicho lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto respecto del acto que combate en esta instancia la promovente de amparo. Para sustentar esa afirmación, conviene transcribirse el artículo 107 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida.". A la luz del precepto legal transcrito, como se dijo, el acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo que antecede, por las razones siguientes: El acto reclamado aludido no se trata de normas generales, pues no son tratados internacionales, ni leyes federales o estatales; mucho menos una constitución local, ni reglamentos de ámbito federal o local, tampoco son decretos, acuerdos o resoluciones de observancia general [fracción I]. Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues el acto combatido fue dictado por una autoridad jurisdiccional, esto es, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial [fracción II]. No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que se trata de una determinación dictada en un juicio civil [fracción III]. El acto combatido no es un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido [fracción IV], ya que ese acto puso fin a la controversia sin resolverla en lo principal, al haber declarado improcedente el recurso de revocación contra el auto que decretó la caducidad de la instancia; tampoco se trata de un acto, dentro o fuera de juicio, pues el propio acto reclamado trajo como consecuencia el fin a la controversia [fracción V y VI]. No se trata de omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto emana de un juicio administrativo [fracción VII]. Mucho menos estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto [fracción VIII]. Por último, debe destacarse que el acto reclamado tampoco es una norma general, acto u omisión de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues fue emitido por la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad [fracción IX]. En mérito de los argumentos expuestos, se pone de manifiesto que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior se estima de esa manera en virtud de que el acto reclamado consiste en la emisión de una determinación que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un órgano jurisdiccional, como lo es el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial. INCOMPETENCIA. En ese sentido, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una resolución que puso fin al juicio y una consecuencia directa de aquélla, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uniinstancial; de modo que la competencia para conocer y resolver este asunto correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. Tal como se aprecia del segundo párrafo de la fracción I del artículo 170 de dicho ordenamiento legal, el cual dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]" En efecto, el acto que la promovente de amparo reclama en esta instancia judicial importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, ya que tuvo como consecuencia decretar la caducidad de la instancia. Por tanto este juzgado estima carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. REMISIÓN A LA SUPERIORIDAD. Por tanto, procede remitir la demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Décimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que resuelva lo conducente, en el caso de considerar tener competencia para ello. Previo cuaderno de antecedentes que se forme, en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la ley de la materia, qur ordena la remisión de los autos originales del presente juicio de amparo a la Superioridad. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta al quejoso para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. EMISIÓN DE OFICIOS. Por otra parte, se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como, a la secretaria de acuerdos y en su momento a la proyectista, para que vigilen la emisión de los oficios respectivos en este asunto. ENCOMIENDA A LA ACTUARÍA JUDICIAL. Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que, mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias -desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso-; sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE. En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano