Karin Judith González Torres
Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Karin Judith González Torres
- Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos, con los que da cuenta la Secretaría, agréguense a sus autos para que obren como corresponda. En atención al mismo se tiene al Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad, informando que en dicho centro se encuentra únicamente población penitenciaria varonil; en consecuencia, gírese oficio al Director del Centro de Reinserción Social Femenil Dos, anexándole copia del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, y del escrito de la demanda promovida por la quejosa ********************, a fin de rinda informe justificado, dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4°, fracción I, II y III, y 5°, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Expediente realice el alta correcta de la autoridad responsable antes citada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene al Representación Social en tiempo y forma expresando alegatos que exhibe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. En relación a la solicitud de sobreseimiento del presente juicio de amparo, dígasele que una vez que sea el momento procesal oportuno se resolverá lo conducente y en cuanto a la solicitud de copias, no ha lugar a lo pedido puesto que la resolución en el presente juicio de garantías no ha sido dictada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Karin Judith González Torres, por su propio derecho, en contra de actos del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravo, con sede en esta ciudad y otra autoridad, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. De tal manera, fórmese expediente y anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número de juicio de amparo 922/2023-V-B, así como en el libro de gobierno electrónico que en dicho sistema se tiene. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión al no haber sido solicitado por la parte quejosa. Se requiere a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se les impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4°, fracción I, II y III, y 5°, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18, de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señala para que tenga verificativo la audiencia constitucional las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, la cual podrá celebrarse en términos del numeral 27 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y conforme a lo establecido en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo actio. Asimismo, se le tiene ofreciendo como prueba de su parte la documental que anexa, misma que se En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera a la autoridad responsable que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del Juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 y regularizó las actividades en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a través de un nuevo esquema que incorpora los medios electrónicos y soluciones digitales desarrollados por el propio Consejo a través del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo" publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que se puede consultar en el siguiente vinculo: https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2022/pdf/AcuerdoGeneral221014.pdf. Por lo que, a partir del siete de noviembre del presente año, el público en general podrá acudir de manera presencial a los órganos jurisdiccionales, previa cita que deberá tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a consular el expediente electrónico, que al efecto se genere en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dentro del horario de atención al público que será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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