Karim López Gil
Expediente 2216/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2216/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/11/2022
Partes del expediente
- Titular de la Administración de Fiscalización Estratégica "6", de la Administración Central de Fiscalización Estratégica, con sede en la Ciudad de México.
- Karim López Gil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de engrose de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, y que así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.
- Principal
SENTENCIA CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral del escrito inicial de demanda y del escrito de ampliación, se advierte lo siguiente: 1. El aseguramiento de bienes mediante oficio 500-05-07-2021-25572, de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se ordena a la Comisión Nacional Bancaria el aseguramiento precautorio de todos los tipos de cuentas y contratos en la parte jurídicamente que le correspondan, hasta por la cantidad de $15, 402,863.00 (quince millones cuatrocientos dos mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Determinación realizada en el expediente SAT.7S.2-2021-63, como se evidencia de los anexos al informe justificado rendido por la responsable (folio 240 de autos). 2. La revocación de la e.firma del quejoso. 3. Los oficios: 1) 5000-05-07-2021-2114, b) 500-05-07-2021-14793, c) 500-05-07-2021-18744, d) 500-05-07-2021-21937. 4. La ejecución y orden escrita para restringir a la quejosa su cuenta bancaria. Sin que se tenga como acto destacado: "la determinación anticipada sin haber concluido el proceso de fiscalización", y la omisión de la recisión y valoración de las documentales que aportó, porque si bien los señala como acto reclamado, lo cierto es que lo anterior descansa en la imposición de la medida de apremio, es decir, en la determinación del aseguramiento e inmovilización de las cuentas bancarias, tal y como se desprende del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en principio, debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. Del informe justificado rendido por la autoridad responsable, mediante oficio 600-04-03-09-00-2022-00715, se desprende que no es cierto el acto reclamado consistente en la revocación de la firma electrónica (e.firma) de la parte quejosa. En efecto, la responsable niega que se hubiese revocado la firma electrónica del quejoso porque no tiene facultades para ello; incluso, señaló que al consultar en el portal de la Secretaría de Administración Tributaria, detectó que su firma se encontraba activa y vigente del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno al veinticinco de octubre de dos mil veinticinco. Por otra parte, el quejoso no realizó manifestación al respecto de la negativa realizada por la autoridad, ya que de la vista que le fue otorgada solamente amplió por distintos actos, empero, no hizo pronunciamiento sobre la revocación de la firma electrónica que primigeniamente había impugnado; lo que impone sobreseer en el presente juicio constitucional, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Conforme a lo anterior, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos no quede demostrada la existencia del acto impugnado a las autoridades señaladas como responsables, o no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que en la especie acontece. Apoya a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo ." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio al no demostrarse la existencia del acto reclamado, lo cual impide entrar al estudio de fondo de los conceptos de violación. Cobra aplicación a lo anterior el siguiente criterio: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos sintetizados en los puntos 1, 3 y 4 del considerando segundo, pues así lo manifestó la autoridad responsable en sus informes justificados. Asimismo, de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable consta la existencia de los actos reclamados. Documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, aptos para justificar que sí son ciertos los actos que en esta sede se someten a estudio. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. I. Extemporaneidad en la demanda de amparo. Sobre el particular, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en: los oficios a) 5000-05-07-2021-2114, b) 500-05-07-2021-14793, c) 500-05-07-2021-18744, y d) 500-05-07-2021-21937. Lo anterior, toda vez que de la interpretación sistemática de los artículos 17 y 61, fracción XIV, párrafo primero, de la ley de la materia, se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve en el término de quince días, es decir, cuando la parte quejosa consienta tácitamente el acto reclamado. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante Primera Sala), al resolver la contradicción de tesis 24/2006, analizó el artículo 21 de la anterior Ley de Amparo, de similar contenido al numeral 18 de la legislación actual. Señaló que el término para la presentación de la demanda de amparo corre a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Determinó que estos supuestos se excluyen entre sí y no guardan orden de prelación. Debe atenderse a la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto al acto reclamado. La factibilidad de los medios por los cuales los gobernados tienen conocimiento y su posición respecto de los actos reclamados. Puede darse el caso de que se actualice la notificación, el conocimiento o la confesión, para que el agraviado se haga sabedor del acto reclamado. Bajo tales premisas, del numeral 18 de la ley de la materia (actual), se desprende que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de garantías. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el referido numeral. Tratándose de la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a dicha parte conforme a la ley del acto. En la segunda hipótesis, a falta de notificación, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de que el quejoso tenga conocimiento pleno del acto reclamado. La tercera hipótesis, entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda. A su vez el artículo 17 de la ley de la materia, preceptúa diversos casos de excepción al plazo de quince días, que son cuando el acto reclamado sea respecto de: una norma general autoaplicativo, o el procedimiento de extradición, la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, contra actos que traigan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, comunicación, deportación o expulsión o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora, de las constancias que se analizaron para efecto de emitir la presente resolución, se advierte como lo señala el quejoso en su demanda de amparo, en el apartado de hechos, que le fueron notificados los oficios que posteriormente impugna en ampliación de demanda. Para mayor comprensión, se inserta cuadro ilustrativo: Acto reclamado Notificación Consiente expresamente en la demanda. a) 5000-05-07-2021-2114 Veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Si b) 500-05-07-2021-14793 Tres de mayo de dos mil veintiuno. Si c) 500-05-07-2021-18744 Veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Si d) 500-05-07-2021-21937 Catorce de julio de dos mil veintiuno Si En ese sentido, si desde el año dos mil veintiuno, la parte quejosa se hizo sabedor de la existencia de los actos reclamados, lo que incluso fue plasmado en su demanda de amparo presentada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, pero no los controvirtió hasta su ampliación de catorce de marzo de dos mil veintidós, es inconcuso que pasaron en demasía los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, Por consiguiente deben estimarse tácitamente consentidos los actos reclamados, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; y por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones respecto al artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice que respecto de dichos actos se haya admitido la ampliación de demanda, dado que, la oportunidad de ésta, si podría ser materia del estudio de la sentencia de amparo, esto es, un estudio más de fondo, en virtud de que el quejoso se ostentó sabedor de éstos con motivo del informe justificado de las autoridades responsables, por lo que, para estudiar si la presentación del escrito de ampliación de demanda es extemporáneo, debían atenderse los conceptos de violación y determinar si efectivamente los quejosos ya los conocían y pudieron expresarlos con antelación; lo que presupone un estudio que no se advierte a simple vista, sino que, en todo caso, sería propio de la sentencia, tal como ocurrió en el caso. Sirve para justificar, por las razones que indica, la jurisprudencia siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO POR EL QUE SE TIENE POR RECIBIDA, EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DESECHARLA, SÓLO CUANDO SEA PATENTE QUE SE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ESGRIMIDOS EN LA DEMANDA INICIAL O EN POSIBLES AMPLIACIONES PREVIAS. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito puede desechar la demanda cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; ahora bien, es posible que analice en el auto por el que se tiene por recibida la ampliación de la demanda, si es extemporánea, en atención al contenido de los conceptos de violación. Lo anterior es así, pues el auto citado, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para determinar su desechamiento con motivo de su contenido, sólo cuando sea patente que se reiteran los conceptos de violación esgrimidos en la demanda inicial o en posibles ampliaciones previas, pues ello implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pero no cuando a través de su argumentación pretenda establecerse que aquéllos estén vinculados con hechos novedosos de los cuales recién se tuvo conocimiento, porque este último aspecto sí amerita un análisis más profundo y acucioso propio de la sentencia definitiva. Esto es, para elucidar si la presentación del escrito de ampliación de demanda es extemporáneo, deben atenderse los conceptos de violación y determinar si efectivamente los quejosos ya los conocían y pudieron expresarlos con antelación; lo que presupone un estudio que no se advierte a simple vista, sino que, en todo caso, será propio de la sentencia, lo que pone de manifiesto que no es un motivo bastante, por sí solo, para desechar la ampliación, toda vez que no deriva de lo manifestado en esta última sino que surge de la lectura integral de la demanda, la valoración de actuaciones, el contenido de las constancias de autos, los informes justificados, las pruebas ofrecidas e, incluso, de la ponderación de aplicabilidad o no de criterios jurisprudenciales que dilucidan exactamente el tema cuestionado, es decir, parten de una justipreciación de circunstancias, lo que implica que ya no es evidente y notoria su improcedencia. En las condiciones relatadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada legislación, se sobresee en el juicio de amparo. II. Definitividad. La autoridad responsable Administración de Fiscalización Estratégica "6", de la Administración Central de Fiscalización Estratégica, con sede en la Ciudad de México adujo que se actualizaban las causas de improcedencia establecidas en las fracciones XX y XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo. No se omite que respecto de la primera fracción de la causa de improcedencia invocada, no se hizo razonamiento lógico jurídico por parte de la autoridad responsable; sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, que se encuentra actualizada, la cual a letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)." De lo anterior, se advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes (excepción prevista en la fracción XIV antes transcrita) cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal también alude a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En suma, los requisitos con los que se integra la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal; c) Que por virtud de esa revisión oficiosa o de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado; e) Que para la procedencia de la suspensión no se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo ni un plazo mayor para otorgarla. Cabe indicar que el artículo 61, fracción XX, en su segundo párrafo, establece las siguientes excepciones al principio de definitividad: cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso, la parte quejosa impugna: el aseguramiento de bienes mediante oficio 500-05-07-2021-25572; y la ejecución y orden escrita para restringir a la quejosa su cuenta bancaria. De dichos actos reclamados se advierten el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias del quejoso -medios de apremio-. Sobre el caso, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción 353/2013, estableció criterio respecto a que las medidas de apremio son aquellos instrumentos jurídicos a través de los cuales un juzgador o una autoridad en un procedimiento administrativo pueden hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o determinaciones; lo que significa que la medida de apremio es acto definitivo e independiente del procedimiento en el que dicta, pues su objeto es hacer cumplir coactivamente determinaciones o requerimientos adoptados por la autoridad; por tanto, cuando se hace efectiva una medida de apremio, su existencia y ejecución ya no dependerán del procedimiento en el que fueron dictadas. De esta manera, la autonomía e independencia de una medida de apremio, implica que el particular afectado lo podrá combatir no en cuanto proviene del procedimiento administrativo, ni como motivo de violaciones cometidas en éste o en la resolución que le ponga fin, sino como un acto definitivo, ya que por su naturaleza su existencia no depende de lo que se resuelva en el procedimiento administrativo en el que se haya adoptado la medida. Lo cual, en el caso, resulta aplicable, dado que, si bien los requerimientos son actos que realiza la autoridad para cumplir con sus funciones y en consecuencias de la omisión del quejoso o la desatención a su cumplimiento, la autoridad tiene a su alcance las medidas de apremio que consisten en las multas y el aseguramiento precautorio, que son los actos destacados y motivo de los conceptos de violación. Dichas medidas precautorias, se encuentran contempladas en el capítulo relativo o numeral que se refiere a medidas de apremio, de ahí que, en el presente caso, debe considerarse como tal o seguir su suerte. Consideraciones de las cuales derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2013 (10a.), consultable en la página 1534, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2005239, de rubro y texto siguientes: "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Las medidas de apremio constituyen instrumentos jurídicos a través de los cuales el juzgador o la autoridad en el procedimiento administrativo pueden hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o determinaciones, lo que implica que, una vez dictadas, se convierten en actos definitivos e independientes del procedimiento del que derivaron; por ello, cuando una autoridad perteneciente a la Procuraduría Federal del Consumidor, en el desempeño de sus atribuciones legales, impone como medida de apremio la multa prevista en el indicado precepto, ésta es impugnable a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción III del artículo 14 de su Ley Orgánica, en virtud del fundamento legal en que se apoyó su emisión, esto es, una norma administrativa federal y por la independencia que guarda la multa en relación con el procedimiento en el que se dictó". También resulta oportuno precisar que los artículos 40 y 40-A, del Código Fiscal de la Federación, establecen: "Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden: I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública. Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal. El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades los contribuyentes, así como para brindar la seguridad necesaria al personal actuante, y se solicitará en términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios o, en su caso, de conformidad con los acuerdos de colaboración administrativa que tengan celebrados con la Federación. II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código. III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código. IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia, por parte del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, a un mandato legítimo de autoridad competente. Las autoridades fiscales no aplicarán la medida de apremio prevista en la fracción I, cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, no atiendan las solicitudes de información o los requerimientos de documentación que les realicen las autoridades fiscales, o al atenderlos no proporcionen lo solicitado; cuando se nieguen a proporcionar la contabilidad con la cual acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que estén obligados, o cuando destruyan o alteren la misma. No se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, manifiesten por escrito a la autoridad, que se encuentran impedidos de atender completa o parcialmente la solicitud realizada por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y lo acrediten exhibiendo las pruebas correspondientes. Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: a) Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultadas de las autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios, no sean localizables en su domicilio fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso correspondiente; hayan desaparecido, o se ignore su domicilio. b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. c) Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus bienes. II. La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que ella misma realice, únicamente para estos efectos. Para lo anterior, se podrá utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 56 y 57 de este Código. La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones por las cuales realiza dicho aseguramiento, misma que se notificará al contribuyente en ese acto. III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: a) Bienes inmuebles, en este caso, el contribuyente o su representante legal deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá requerir a éste para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento de que el bien que pretende asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su caso, proporcione la documentación con la que cuente para acreditar su dicho. b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. c) Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales. d) Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así como instrumentos de artes y oficios, indistintamente. e) Dinero y metales preciosos. f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o inversión en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados al año, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. g) Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. h) La negociación del contribuyente. Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, deberán acreditar la propiedad de los bienes sobre los que se practique el aseguramiento precautorio. Cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no cuenten o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con alguno de los bienes a asegurar conforme al orden establecido, se asentará en el acta circunstanciada referida en el segundo párrafo de la fracción II de este artículo. En el supuesto de que el valor del bien a asegurar conforme al orden establecido exceda del monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos efectuada por la autoridad, se podrá practicar el aseguramiento sobre el siguiente bien en el orden de prelación. Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no sean localizables en su domicilio fiscal, desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso correspondiente, hayan desaparecido o se ignore su domicilio, el aseguramiento se practicará sobre los bienes a que se refiere el inciso f) de esta fracción. Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos lugares, sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos. IV. El aseguramiento de los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de este artículo, se realizará conforme a lo siguiente: La solicitud de aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien, a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda. Cuando la solicitud de aseguramiento se realice a través de las comisiones señaladas en el párrafo anterior, éstas contarán con un plazo de tres días para ordenar a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que practique el aseguramiento precautorio. La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, contará con un plazo de tres días contado a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la comisión de que se trate, o bien, de la autoridad fiscal, según sea el caso, para practicar el aseguramiento precautorio. Una vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá informar a la autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado, las cantidades aseguradas en una o más cuentas o contratos del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos. En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente por un monto mayor al de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que la autoridad fiscal realice para efectos del aseguramiento, ya sea que se practique sobre una sola cuenta o contrato o más de uno. Lo anterior, siempre y cuando previo al aseguramiento, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas o contratos y los saldos que existan en los mismos. V. La autoridad fiscal notificará al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que se haya practicado el aseguramiento, señalando la conducta que lo originó y, en su caso, el monto sobre el cual procedió el mismo. La notificación se hará personalmente o a través del buzón tributario al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado. VI. Los bienes asegurados precautoriamente podrán, desde el momento en que se notifique el aseguramiento precautorio y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, siempre que para estos efectos actúe como depositario en los términos establecidos en el artículo 153 de este Código, salvo lo indicado en su segundo párrafo. El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos que actúe como depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia. Lo establecido en esta fracción no será aplicable tratándose del aseguramiento que se practique sobre los bienes a que se refieren los incisos e) y f) de la fracción III de este artículo, así como sobre las mercancías que se enajenen en los locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, cuando el contribuyente visitado no demuestre estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, o bien, no exhiba los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de dichas mercancías. VII. Cuando el ejercicio de facultades de comprobación no se concluya dentro de los plazos que establece este Código; se acredite fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen al aseguramiento precautorio, o bien exista orden de suspensión emitida por autoridad competente que el contribuyente haya obtenido, la autoridad deberá ordenar que se levante la medida a más tardar el tercer día siguiente a que ello suceda. En el caso de que se hayan asegurado los bienes a que se refiere el inciso f) de la fracción III de este artículo, el levantamiento del aseguramiento se realizará conforme a lo siguiente: La solicitud para el levantamiento del aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien, a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se actualice alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta fracción. Cuando la solicitud de levantamiento del aseguramiento se realice a través de las comisiones señaladas en el párrafo anterior, estas contarán con un plazo de tres días a partir de que surta efectos la notificación a las mismas, para ordenar a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que levante el aseguramiento precautorio. La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, contará con un plazo de tres días a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la comisión que corresponda, o bien de la autoridad fiscal, según sea el caso, para levantar el aseguramiento precautorio. Una vez levantado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal que ordenó el levantamiento, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado. Cuando la autoridad constate que el aseguramiento precautorio se practicó por una cantidad mayor a la debida, únicamente ordenará su levantamiento hasta por el monto excedente, observando para ello lo dispuesto en los párrafos que anteceden. Tratándose de los supuestos establecidos en el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento precautorio quedará sin efectos cuando se acredite la inscripción al registro federal de contribuyentes o se acredite la legal posesión o propiedad de la mercancía, según sea el caso. Para la práctica del aseguramiento precautorio se observarán las disposiciones contenidas en la Sección II del Capítulo III del Título V de este Código, en aquello que no se oponga a lo previsto en este artículo". De los anteriores preceptos, se aprecia, en lo que interesa, que las autoridades fiscales podrán emplear medidas de apremio, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades; entre las cuales se encuentran las multas y el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A ya citado. Esto es, las multas y el aseguramiento precautorio de bienes a que se refieren los preceptos mencionados, es una facultad que ejerce la autoridad en el procedimiento de fiscalización, el cual si bien es cierto, tiene origen en dicho procedimiento, también lo es que no constituye alguna fase de él, sino que se trata de una medida de apremio tendente a lograr el inicio o desarrollo óptimo del ejercicio de sus facultades de comprobación con relación a la actuación del gobernado frente a la autoridad fiscal. En ese orden, el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias emitido por autoridades tributarias como medida de apremio, conforme lo dispuesto por los artículos 40, primer párrafo, fracciones II y III y 40-A, primer párrafo, fracción I, párrafo primero fracción II, párrafo primero fracción III, párrafo primero fracciones a) y fracción IV del Código Fiscal de la Federación, deben considerarse como actos definitivos, toda vez que constituyen una manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad de la autoridad fiscal, y por ende, actualiza el supuesto establecido en la fracción V, del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puesto que dicho acto constituye una resolución definitiva que causa agravio en materia fiscal, y no conforma alguna etapa del procedimiento de fiscalización; aunado a que no puede ser objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad fiscal cuando emita la resolución final en ese procedimiento. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J.8/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 701, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2016416, que dice: "ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014). Los citados preceptos prevén que para el caso de que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, se permite a éstas emplear las medidas de apremio previstas en el referido numeral 40; esto es, solicitar el auxilio de la fuerza pública, imponer la multa correspondiente, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente, en términos del artículo 40-A y solicitar a la autoridad correspondiente que se proceda por desobediencia o resistencia a mandato legítimo de autoridad competente. Dichas medidas de apremio deberán practicarse en el orden mencionado, salvo en los casos que expresamente el artículo prevé que el aseguramiento precautorio se practicará directamente, sin atender a la prelación referida, a saber: a) cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales, b) cuando se practiquen visitas a contribuyentes y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública o que no acrediten la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenan y, por último, c) cuando, una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus bienes. Aunado a lo anterior, la autoridad sólo puede practicar el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que haya realizado, para lo cual deberá seguir un orden, atendiendo a los casos de excepción. Ahora bien, los artículos 40, primer párrafo, fracción III, y 40-A del Código Fiscal de la Federación, vigentes a partir de 2014, no vulneran el derecho a la seguridad jurídica, ya que no prevén una medida desproporcional con el fin pretendido por el legislador y, además, es idónea para ello. Lo anterior es así, en primer lugar, porque el aseguramiento precautorio no se practica como una medida de garantía para un crédito fiscal, sino como una medida de apremio con los límites materiales precisados, pues para su aplicación es necesario que exista un adeudo fiscal presunto, el cual es realizado por la autoridad y marca el límite material a dicha medida y, en segundo, porque el artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación, establece un procedimiento detallado, además de la prelación normal que deben seguir las medidas de apremio para la imposición del aseguramiento precautorio; por lo que dicho procedimiento, junto con la limitante de asegurar solamente hasta la cantidad presunta que resulte, y no sobre la totalidad de los depósitos bancarios del contribuyente, demuestra que los límites materiales a la actuación de la autoridad han sido restringidos, por lo que no hay lugar para su actuación arbitraria y, por ende, el contribuyente sabe a qué atenerse". En ese sentido, si los actos actualizan la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y su actuación se rige bajo la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe analizarse si esta legislación suspende los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Sobre este punto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo, Segunda Sala) al resolver la contradicción de tesis 177/2014, determinó que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal y que ésta se concede: Si no se afecta el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, a más que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. En caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, sólo si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos, garantía que puede reducirse si el monto de los créditos excede la capacidad económica del solicitante o se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria con el pago del crédito impugnado. Si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la garantía se fija discrecionalmente. Si la medida cautelar puede causar daños o perjuicios a terceros, se concede si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. La suspensión del acto combatido queda sin efectos si el tercero otorga contragarantía. La medida cautelar se puede solicitar en cualquier etapa del juicio de nulidad. Determinó la Segunda Sala que la norma en cuestión señala que el Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud -en la actualidad, dicho numeral señala que se resolverá en veinticuatro horas-. Por su parte -puntualizó la Segunda Sala-, la Ley de Amparo establece respecto de la suspensión de los actos que se decreta: Si la solicita el quejoso. Si no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Si se pide en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Si se aduce un interés legítimo, pero se acredita el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. Cuando pueda ocasionarse daño o perjuicio a tercero, se concede si se otorga garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que pudieran causarse. Si la suspensión afecta derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, se concede si el órgano jurisdiccional fija discrecionalmente el monto de la garantía. Si se solicita contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, se concede si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, garantía que puede reducirse o dispensarse si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste quedó firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; si el monto de los créditos excede la capacidad económica del quejoso; y, si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. También determinó la Segunda Sala que respecto al plazo en que el Juez de Distrito debe pronunciarse en relación a la medida cautelar en comento, en realidad la Ley de Amparo no señala uno específico, sino que éste se advierte del análisis relacionado de los artículos 112 y 139 que prevén que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional debe resolver si desecha, previene o admite y que con la presentación de la demanda, deberá ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. También, la Segunda Sala determinó que acorde a lo previsto en los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe proveer sobre la suspensión provisional de los actos reclamados que proceda dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquélla en que recibe la demanda; y, el inciso c) de la fracción III del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que el Magistrado instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud -actualmente dentro de las veinticuatro horas-; además que en ambos ordenamientos se establece la posibilidad de conceder la medida precautoria de manera inmediata, ya que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se establece en torno a la suspensión, lo siguiente: "ARTÍCULO 24.- Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda." En ese orden de ideas -señaló la Segunda Sala-, si bien el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente establece en su fracción XX que el juicio de amparo es improcedente contra actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; y, el artículo 107 de la Constitución Federal ordena que en materia administrativa el amparo procede contra actos u omisiones que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa, siempre que la ley que rige éste no exija mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional; entonces -concluyó-, la suspensión que prevé la Ley de Amparo tiene los mismos alcances que la medida cautelar contemplada en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues en esta se resalta la ineludible obligación de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran hasta que concluya el proceso. En otras palabras, la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, ".y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. En términos de lo anterior -concluyó la Segunda Sala-, la parte quejosa está obligada a agotar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, agotando el juicio de nulidad. Sirve para justificar, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Sin que se soslayen los criterios citados por la parte quejosa, para justificar la procedencia del juicio respecto, en el sentido que la inmovilización de las cuentas es un acto de imposible reparación, dado que, en el caso, el motivo de improcedencia se sustenta en el sentido de que no agotó el principio de definitividad, por lo que, con independencia de que tal acto se considere o no de imposible reparación, la irreparabilidad del acto reclamado no constituye una excepción al principio de definitividad. Sirve para justificar el criterio de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo en torno a los actos consistentes en el aseguramiento de bienes mediante oficio 500-05-07-2021-25572 y la ejecución y orden escrita para restringir a la quejosa su cuenta bancaria; ante lo improcedente del juicio de amparo por no agotar el medio ordinario de defensa, se estima actualizada la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados, porque no se combatieron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCIÓN. Si en el juicio de garantías surge alguna causal de improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios" Finalmente, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento respecto de los alegatos vertidos por las partes, toda vez que los mismos no forman parte de la litis, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia estudiada, lo procedente es sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Bajo tales consideraciones, resulta innecesario analizar si los distintos actos emitidos por la responsable se apegaron a la legalidad y constitucionalidad que la quejosa aduce, pues a ningún fin práctico llevaría su estudio. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ---, contra los actos puntualizados en el considerando segundo y por los motivos señalados en los considerandos tercero y quinto de este fallo Notifíquese personalmente
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa. Se tiene por recibido el comunicado 600-04-03-09-00-2022-00777 suscrito por el administrador de amparo e instancias judiciales "3", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de Fiscalización Estratégica "6" unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, el cual, agréguese sin mayor acuerdo en lo substancial junto con sus anexos certificados, en virtud de que atento a lo que informa ya fue materia de lo determinado en proveído de quince de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Parte quejosa cumple requerimiento. Se tiene por recibido el ocurso suscrito por el quejoso Karim López Gil, a través del cual, cumple con el requerimiento formulado en auto de quince de febrero de dos mil veintidós, al manifestar que sí es su deseo señalar como nuevos actos reclamados lo siguiente: * Oficio 500-05-07-2021-2114 de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, así como su aviso electrónico de notificación y notificación electrónica. * Oficio 500-05-07-2021-14793 de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, así como su aviso electrónico de notificación y notificación electrónica. * Oficio 500-05-07-2021-18744 de veinticuatro de mayo de mayo de dos mil veintiuno, así como su aviso electrónico de notificación y notificación electrónica. * Oficio 500-05-07-2021-21937 de ocho de julio de dos mil veintiuno, así como su aviso electrónico de notificación y notificación electrónica. Aunado a que formula nuevos conceptos de violación. Trámite de ampliación de demanda. Bajo dicho tenor, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda que se hace valer. Sirve de apoyo a lo anterior los criterios cuyos rubros a la letra dicen: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS" "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE" Requerimientos a la autoridad responsable. a) Informe justificado. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, rinda su informe justificado. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso otorgado para tal efecto, una vez que se certifique que este ha fenecido, se le impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, se le apercibe que si se niega a recibir el oficio de mérito sin causa justificada y que sustente su imposibilidad, dicha circunstancia se asentará, y se procederá acorde a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 28, fracción I de la ley de la materia, es decir, se tendrá por hecha la notificación correspondiente; y aunado a lo anterior, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. b) Informe de hipótesis de sobreseimiento. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se le requiere para que en caso de que tenga conocimiento o que con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el presente juicio de amparo, informándole que si no cumple con esa obligación, que se le impondrá multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. c) Constancias de los actos reclamados. Sin que en el caso sea necesario que emita las constancias de los actos reclamados, habida cuenta que éstas ya obran en las actuaciones del juicio en que se actúa. Córrase traslado con el escrito de ampliación de demanda. Con copias del escrito de ampliación de la demanda, córrase traslado a las partes procesales para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que los ocursos respectivos se les enviarán mediante los oficios que se giren en esta determinación. Data de la audiencia constitucional. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional de este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Karen Viridiana Guerrero Ramírez2187/2021
- Karen Viridiana Guerrero Ramirez540/2020
- Karen Viridiana Guerrero Ramirez117/2021
- Karen Viridiana Guerrero Ramirez576/2020
- Karen Viridiana Guerrero Ramirez364/2021
- Karen Viridiana Jiménez Carrillo403/2022
- Karina Anaid Hermosillo Ramírez820/2023
- Karina Berenice Campos Lomelí1339/2023
- Karina Elizabeth Frutos Ramirez1778/2022
- Karina Gabriela Montes Agredano1407/2019
- Karina Giangrande Barceinas829/2019
- Karina Giangrande Bárcenas492/2022