Karillyn Yullimnar Cedeño Tirado
Expediente 713/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Karillyn Yullimnar Cedeño Tirado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza el usuario SLP01AM, la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través del usuario que señala. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que en virtud del nuevo esquema de trabajo y las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado por la Covid-19, este juzgado no cuenta con un centro de fotocopiado con el fin de obtener la reproducción a que se refiere. Sin embargo, se precisa a la compareciente que las copias de los documentos a que alude las obtiene a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Es así, ya que, no obstante la reanudación de labores de los órganos jurisdiccionales conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es claro que aún continúa vigente la necesidad de tomar las medidas conducentes para mitigar la probabilidad de contagio del virus en comento, por lo cual, las partes, en la medida de lo posible, deberán procurar tramitar y dar seguimiento a sus asuntos con la utilización de herramientas tecnológicas; de ahí que, al no exponer algún impedimento para hacer uso de ellas, no es factible acordar de conformidad su petición. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 713/2021-VIII. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia de la acción constitucional, ya sea que las hagan valer las partes o su observancia se realice de forma oficiosa, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta instancia constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dictar resolución en el Procedimiento de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Así, de las manifestaciones vertidas en representación de la autoridad responsable y de las constancias que exhibió, se advierte que el dieciocho de mayo del presente año, se emitió resolución en el procedimiento de origen, en la cual se reconoció a la parte quejosa su condición de refugiado, la cual le fue notificada el veintiséis de agosto del año actual. Con lo cual ha quedado colmada la omisión que dio origen al presente juicio constitucional, toda vez que la autoridad responsable dictó resolución el dieciocho de mayo del año que transcurre, la que fue notificada a la parte quejosa el veintiséis de agosto de la referida anualidad. Siendo que si bien la fecha de resolución en dicho procedimiento es previa a la presentación de la demanda, lo cierto es que la notificación de la misma se hizo hasta el veintiséis de agosto del presente año, es decir, posteriormente al inicio de este juicio de amparo. De lo anterior, se desprende que el señalado como acto reclamado ha cesado en sus efectos; por tanto, no cabe duda que es imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, actualizándose de tal manera la citada causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia legislación, procede sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
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