Kariela Palacios Gutiérrez

Expediente 1322/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1322/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Kariela Palacios Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que recibió la competencia que le fue planteada por este juzgado federal, dictado en el juicio de amparo indirecto 1322/2022, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. En virtud de lo anterior, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Kariela Palacios Gutiérrez, por propio derecho, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal superior de Justicia en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 1322/2022-II, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario dilucidar cuál es el acto que la parte quejosa reclama y estar así en aptitud de decidir si resulta procedente el amparo indirecto y en consecuencia si este Juzgado resulta competente para conocer de la presente demanda de amparo. Así, del análisis íntegro de la demanda, es factible para este juzgador federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: "Resolución definitiva de fecha diecinueve de agosto del año dos mil veintidós, dictada en el Toca número 312-2022, derivada del Recurso de Apelación interpuesto en contra de la Sentencia interlocutoria dictada en los autos del expediente número 751-1/2019, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Tabares." Para una mayor precisión del acto combatido, se consideran los antecedentes narrados, que son como sigue: 1. Por escrito de fecha Veintitrés de Octubre del año Dos mal diecinueve el ahora con interés EDWIN ABURTO MUNDO, compareció ante la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, a demandar en la Vía Incidental a la hoy quejosa KARIELA PALACIOS GUTIERREZ, derivado del juicio principal de Divorcio Encausado, registrado bajo el expediente número 751-1/2019, mismo que fue resuelto por la pagadora en citas, en la que resumió mediante Sentencia Definitiva que el convenio exhibido para dar por terminado el juicio lo tuvo por aprobado en la que se me concedió la Guarda y Custodia de mi menor hijo que responde al nombre KAYRO BALDWIN ABURTO PALACIOS, reclamándome la modificación del convenio respecto a la Guarda y Custodia del citado menor. 2. Por auto de fecha veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve se admitió a trámite en la vía y forma propuesta, ordenándose emplazara a la ahora quejosa para que diera contestación a la misma a la que con fecha seis de noviembre del año citado di contestación oponiendo las excepciones y defensas que para el caso di pertinentes así como por ofreciendo mis probanzas que para el caso creí convenientes. 3.- Seguido el juicio en todas y cada una de sus partes procesales el día Dieciocho de Febrero del año Dos mil veintidós La Juez de los autos naturales dicto Sentencia Interlocutoria, resolviendo en sus puntos resolutivos los siguientes. "RESUELVE Primero. Ha procedido la vía ordinaria civil. Segundo. Edwin Aburto Mundo, probó los extremos de la acción de modificación de convenio (cambio de guarda y Custodia del adolescente Kayro Baldwin Aburto Palacios), que demandado de Kariela Palacios Gutiérrez, en tanto que la demandada no acredito sus excepciones y defensas, en consecuencia Tercera. Se modifica la cláusula primera (relativa a la guarda y custodia) del convenio celebrado en la audiencia previa y de conciliación, llevada a cabo el nueve de agosto del dos mil diecinueve, y aprobado en la sentencia definitiva de tres de septiembre del dos mil diecinueve, dictada en los autos del Juicio principal, del que deriva el incidente que nos ocupa 751/2019-1, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Edwin Aburto Mundo, en contra de Kariela Palacios Gutiérrez por lo que, se decreta la guarda y custodia definitiva del adolescente Kayro Baldwin Aburto Palacios, a favor del accionante Edwin Aburto. Cuarto. El régimen de convivencia entre las partes del presente juicio y su adolescente hijo, se llevara a cabo en los términos precisados en el último considerando del presente fallo; Quinto. Se previene al incidentista Edwin Aburto Mundo, a fin de que inicie un proceso de psicoterapia cognitiva para atender trastornos de personalidad paranoide, en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado Sexto. Se previene al incidentista Edwin Aburto Mundo, a la incidentada Kariela Palacios Gutiérrez y el adolescente Kayro Baldwin Aburto Palacios, a efectos de que asistan a los talleres psicoeducativos, que imparte el Centro de Convivencia Familiar Supervisada de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado. Séptimo. Notifíquese personalmente esta resolución y cúmplase." 4- Inconforme de la antes transcrita la ahora quejosa interpuse en contra de la misma el recurso de apelación misma que fue admitida por la juez natural, remitiendo los autos originales al tribunal de alzada para la debida sustanciación del recurso planteado, registrando con el número de toca 312/2022, continuando con la etapa segunda instancia procedió a dictar la sentencia que hoy se combate por este juicio de garantías Es el caso que con fecha diecinueve de agosto del año dos mil veintidós la H. Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, dentro del toca número 312/2022, dicto resolución definitiva, y en sus puntos resolutivos dijo: "RESUELVE PRIMERO: Se declaran infundados e inoperantes los agravios expuestos por KARIELA PALACIOS GUTIERREZ en consecuencia SEGUNDO: Se confirma la sentencia interlocutoria del dieciocho de febrero del dos mil veintidós, dictada por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tobares, en el expediente número 751-1/2019, relativo al incidente de modificación de convenio de Guarda y Custodia (solo clausula primera), derivado del Juicio Divorcio Incausado, promovido por EDWIN ABURTO MUNDO, en contra de la citada apelante. TERCERO: Con testimonio debidamente autorizado de la presente resolución hágase del conocimiento de la misma al juzgado de su procedencia, que sea, devuélvanse los autos originales, (Divorcio Incausado e incidente de Modificación de Convenio). CUARTO: Notifíquese a las partes en los términos de ley y cúmplanse." Ahora bien, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, ordenan lo que sigue: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito." En ese orden de ideas, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, estima que en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, la resolución definitiva de fecha diecinueve de agosto del año dos mil veintidós, dictada en el Toca número 312-2022, derivada del Recurso de Apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de modificación de convenio celebrado en los autos del expediente número 751-1/2019, que pretende combatir la impetrante de amparo debe ser impugnada mediante el juicio de amparo uniinstancial ante el Tribunal Colegiado correspondiente, puesto que, el artículo señalado en primer término da competencia al órgano colegiado antes referido para conocer de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, y el segundo, establece que opera la competencia respecto a las sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales ya sea que la violación se cometa en ella o en el procedimiento y que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Establece además, que por sentencia definitiva debe entenderse como aquellas que deciden el juicio en lo principal, así como, las resoluciones que ponen fin al juicio y las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Por su parte, el artículo 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y" Conforme a las disposiciones, constitucionales y legales mencionadas y transcritas, que regulan el juicio de amparo en la vía directa, se advierte que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se promueve contra resoluciones definitivas, sean éstas sentencias o laudos, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Siendo que en el caso, si bien se trata de un incidente de modificación al convenio celebrado entre las partes, elevado a categoría de cosa juzgada en sentencia definitiva que ordenó la disolución matrimonial, debe decirse también, que la interlocutoria de esta, modificó el convenio mencionado en su cláusula primera relativa a la guarda y custodia del hijo de la quejosa y del tercero interesado, la cual ya fue recurrida mediante apelación y resuelta por la Sala Familiar responsable, misma que confirmó la interlocutoria apelada, siendo esta resolución el acto reclamado en el presente asunto; por tanto, al haberse modificado la sentencia definitiva en el juicio de divorcio de origen, y haberse confirmado en apelación por el Tribunal de Alzada, se puso fin al juicio de origen y por ende, procede el juicio de amparo directo y no el indirecto como lo propone la quejosa. De lo anterior se advierte que la resolución objeto de agravio en la presente vía constitucional, se trata de una resolución que pone fin al juicio, procediendo en su contra el amparo directo ante el Tribunal correspondiente. Lo anterior, tiene apoyo por analogía la Jurisprudencia 2ª./J. 87/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Con base hasta lo aquí expuesto, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio constitucional que nos ocupa, pues el acto reclamado se trata de una resolución que pone fin al juicio como ya se manifestó y que la ley ordinaria no establece recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificada o revocada. Y además de que la parte quejosa no se ostenta como tercera extraña al procedimiento, al señalar en sus antecedentes (ya transcritos) que ella fue quien promovió el recurso de apelación en contra de la resolución dictada. Son aplicables por analogía y en lo conducente, las tesis siguientes: "Registro digital: 2024207 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: II.4o.C.39 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Febrero de 2022, Tomo III, página 2571 Tipo: Aislada GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. LA LEGISLACIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO PERMITE FIJAR DICHO RÉGIMEN, SIEMPRE Y CUANDO RESULTE LO MÁS BENÉFICO PARA EL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Hechos: En una controversia del orden familiar el progenitor demandó de la madre de sus dos menores hijas la modificación del convenio judicial, a efecto de obtener la custodia definitiva de éstas; en el fallo de primera instancia se estimó fundada la pretensión, fijándose el régimen a favor del actor, pero en el recurso de apelación se revocó esa decisión, desestimándose su pretensión, quedando la custodia a favor de la madre. En dichas sentencias no se contempló la posibilidad de que la custodia fuera compartida por ambos progenitores, a pesar de que ello pudiera ser el escenario más benéfico para el interés superior de las menores de edad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme a la legislación civil del Estado de México, es factible fijar un régimen de guarda y custodia compartida en el que ambos progenitores, a pesar de su separación, la ejerzan, siempre y cuando resulte lo más benéfico para el interés superior de la infancia. Justificación: Lo anterior, porque los artículos 4.95, 4.102, fracción III, 4.173, 4.174, 4.205 y 4.228, fracción II, incisos a) y c), del Código Civil del Estado de México, así como el diverso 2.373, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles local, reflejan claramente una primera postura que el legislador local impuso al juzgador para decidir, ante la separación de los padres, quién deberá ejercer en adelante la guarda y custodia de sus menores hijos, siendo ésta el acuerdo entre los progenitores; luego, en el supuesto de que no se logre el consenso, la ley impuso al Juez el deber de asignar la custodia respectiva a uno solo de los padres, sin que la ley prevea de forma expresa la posibilidad de fijar una custodia compartida. No obstante, la propia normativa prevé la obligación a cargo del juzgador de resolver la custodia atendiendo al interés supremo de las niñas, niños y adolescentes, atribuyéndole, incluso, la carga de ordenar el desahogo oficioso de las periciales en materia de psicología, la escucha de los menores y el caudal convictivo adicional que estime necesario. En ese sentido, del artículo 4o. de la Constitución General se advierte que la familia se consagra como el núcleo fundamental de la sociedad y, por ello, corresponde tanto al Estado como a la sociedad ampararla y garantizar su protección integral, consignando la obligación de toda autoridad de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; además, cuando señala que los ascendientes tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y principios relativos al interés superior de los menores, ello permite inferir la obligación de los padres de cumplir con el derecho de los menores a su debida guarda y custodia. A ese respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18 establece que los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño; así como que su preocupación fundamental será el interés superior de la niñez. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 22 y 23 establece lo concerniente al derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, acotando que cuando ésta se encuentre separada, los menores tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez. Con base en todo lo anterior, es inconcuso que si la legislación de la materia en la entidad obliga al juzgador a asignar la guarda y custodia de los menores con base en el interés supremo de la niñez, siendo ésta una obligación que tiene toda autoridad en el Estado Mexicano, a rango constitucional, convencional y legal, de ello se colige que la guarda y custodia de los menores hijos no siempre debe ser asignada a uno solo de los progenitores, pues atender únicamente a dicho parámetro normativo, además de traducirse en una interpretación restrictiva y, por ende, rígida, propiciaría incumplir con la citada obligación a cargo del juzgador, de resolver con base en el interés supremo de la niñez; de ahí que se concluya en el sentido de que la propia codificación civil de la entidad prevé la posibilidad al operador jurídico de fijar, en aquellos casos en que proceda, un régimen de guarda y custodia en el que ambos progenitores, a pesar de su separación, la ejerzan de manera compartida o alternada, la que se fijará, siempre y cuando resulte lo más benéfico para el interés supremo de los menores involucrados. "Registro digital: 201265 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: XX.111 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Octubre de 1996, página 613 Tipo: Aislada SENTENCIA INTERLOCUTORIA EMANADA DEL INCIDENTE DE EJECUCION DE CONVENIO DERIVADO DE UN DIVORCIO VOLUNTARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO DIRECTO SI NO SE AGOTA EL RECURSO ORDINARIO CORRESPONDIENTE CONTRA LA. Es inexacto que del artículo 107 constitucional, en su fracción III, inciso a), parte final, se desprenda que tratándose de acciones del estado civil o que afecten al orden o estabilidad de la familia, no es necesario agotar el recurso ordinario, en virtud de que, el precepto constitucional aludido, textualmente dice: "Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que pueden ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia." De una recta interpretación del artículo constitucional citado, se advierte que no se exigirá que se agoten los recursos ordinarios en contra de violaciones habidas durante el procedimiento y que trasciendan al resultado del juicio, ni que se invoque esa violación procesal como agravio en segunda instancia, cuando se trate de controversias que afecten al orden o estabilidad de la familia; por tanto, tratándose de una sentencia interlocutoria emanada del incidente de ejecución de convenio derivada de un juicio de divorcio voluntario, en contra de la que la propia ley establece un recurso ordinario que debe agotarse previamente a la promoción de la demanda de amparo directo, es incuestionable que si no se agota el recurso ordinario correspondiente, el juicio de garantías que se enderece contra ese fallo es improcedente." Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el original del escrito de demanda, con todas sus copias, al Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y de Trabajo en Turno, con sede en esta ciudad, a fin de que tenga a bien determinar si confirma o revoca esta resolución. Se solicita el acuse de recibo correspondiente, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Cobra aplicación, atendiendo al método de interpretación de la norma a contrario sentido, la Jurisprudencia P./J. 16/2003, sustentada por el Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diez, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de siguiente literalidad: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías". Al igual, cobra aplicación al caso, la tesis por identidad sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de la literalidad siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 2a. CCXI/2001, visible a página 41, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época. dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado federal, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a German Alejandro Estrada Martínez, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; no así María Guadalupe Loeza Romero, Patricia Abundis Juárez y Yaneth Fierro Cortez, por no contar con el requisito anterior. En ese mismo tenor, se le tiene a la promovente del amparo señalando como medios de contacto electrónicos el correo germanalejandroestradamartinez@gmail.com, y número telefónico 7444735637, además con la finalidad de recibir por dichos medios las notificaciones que deriven de este sumario; por tanto, se instruye al actuario responsable para que realice las notificaciones que deriven de este asunto, mediante el correo electrónico en comento, debiendo confirmar su recepción y asentar la razón respectiva, en el entendido que únicamente serán las relativas a las notificaciones personales y hasta en tanto se encuentren vigentes las medidas sanitarias derivadas del fenómeno de salud que afecta al país denominado COVID-19. Ahora bien y toda vez que la parte quejosa señala domicilio para recibir notificaciones, correo electrónico, número telefónico y solicita se le notifique vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E), para oír y recibir notificaciones, se instruye al Actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente asunto, privilegie la notificación a la parte quejosa vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y si por causa atribuible al sistema citado, no le es posible realizar la notificación correspondiente, la realice por cualquiera de los otros medios precisados por la parte quejosa.

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