Kareny Marquez Carreto
Expediente 1021/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/08/2023
Partes del expediente
- Kareny Marquez Carreto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, el auto de catorce de julio del dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no fue recurrido por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes, no es necesario requerirlas para que los recojan. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. La Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado Puebla, en atención a lo requerido en auto del cinco de julio de dos mil veintitrés, remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto del laudo dictado en el juicio laboral ******************** ********************. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la prueba documental que se adjunta al oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de cerrar instrucción y dictar laudo en el juicio laboral ****************************************, atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y el Actuario de su adscripción, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene reiterar que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de cerrar instrucción y dictar laudo en el juicio laboral ****************************************, y su notificación. Sin embargo, de las constancias remitidas por la junta responsable en el presente juicio de amparo, se advierte que el quince de mayo de dos mil veintitrés se dictó el laudo en el juicio natural, el cual se notificó a las partes en las fechas siguientes: El treinta de junio de dos mil veintitrés, a la parte demandada [tercera interesada]. El cuatro de julio de dos mil veintitrés, a la parte actora [quejosa]. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO." Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, número de registro 184572, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las doce horas del uno de agosto de dos mil veintitrés. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintitrés. Informa fecha de entrega de cheque para pago Agréguese a los autos el oficio de Erick Fernando Ramos Soriano, director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por medio del cual indica que el director de Presupuesto y Política Presupuestal de la Secretaría de Planeación y Finanzas le informó que se cuenta con la suficiencia presupuestal para realizar el pago de la parte quejosa Isael Flores Maravillas, por lo que el cheque correspondiente estará a su disposición el doce de julio de dos mil veintitrés, por lo que solicita se haga del conocimiento de la parte quejosa que deberá presentarse en las oficinas que ocupa la citada dirección de capital humano ubicada en: "Avenida 11 Oriente 2224 Colonia Azcárate C.P. 72501", en un horario de 10 am a 14 horas para que previa identificación le sea entregado el titulo respectivo. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de las gestiones de dicha autoridad a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y sentencia interlocutoria del incidente de liquidación de sentencia. Se requiere cumplimiento. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días siguientes al pago que deberá realizarse el doce de julio de dos mil veintitrés, exhiba la constancia que acredite que fue entregado a la parte quejosa. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Requerimiento a parte quejosa. En virtud de lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga. Asimismo, requiérase a la parte quejosa para que acuda el doce de julio de dos mil veintitrés, en las oficinas que ocupa la citada dirección de capital humano ubicada en: "Avenida 11 Oriente 2224 Colonia Azcárate C.P. 72501", en un horario de 10 am a 14 horas para que previa identificación le sea entregado el cheque respectivo o manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello. De igual manera en el plazo de tres días, siguientes a la fecha indicada informe si recibió el cheque respectivo. Apercibida que, en caso de no realizar manifestación alguna en el plazo concedido para tal efecto, se entenderá que no es su interés continuar con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, y este Juzgado Federal se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria. Remisión de recursos de queja. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga ante el tribunal de alzada respecto del recurso de queja interpuesta por Erick Fernando Ramos Soriano, director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla y Jesús Ramírez Díaz, secretario de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, en contra del auto de quince de junio del año en curso, en el que se les impuso multa. Ahora, se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna, y dado que obran las notificaciones del acuerdo recurrido y del recurso de queja interpuesto, tal como se advierte del siguiente cuadro: PARTE NOTIFICACIÓN DEL AUTO RECURRIDO. NOTIFICACIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO. PARTE QUEJOSA 16 DE JUNIO DE 2023 LISTA 29 DE JUNIO DE 2023 AUTORIDADES RESPONSABLES 19 DE JUNIO DE 2023 30 DE JUNIO DE 2023 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 16 DE JUNIO DE 2023 29 DE JUNIO DE 2023 Ahora, en acuerdo de cinco de julio pasado, se reservó la remisión del diverso recurso de queja interpuesto por Érika Díaz Ramírez, directora de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla y Daniel Iván Cruz Luna, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, a través de su representación, en contra del citado auto de quince de junio del año en curso, a efecto de que remitieran de manera conjunta los recursos de queja interpuestos en autos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena remitir copia certificada de las constancias físicas que obren en el presente expediente y los originales de los escritos de agravios correspondientes al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para la tramitación de los medios de impugnación de que se tratan. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020, que regula el expediente electrónico, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos en ese formato, por lo que únicamente se enviarán al Tribunal de Alzada copia certificada de aquellas constancias que obran de forma física en el expediente. En ese sentido, infórmese al Tribunal Colegiado que conozca del citado medio de impugnación que ya está disponible la consulta del expediente electrónico de este asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia de oficio de cuenta con anexo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintitrés. Fenece plazo primera queja. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga ante el tribunal de alzada respecto del recurso de queja interpuesto por ****, directora de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla y Daniel Iván Cruz Luna, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, a través de su representación, en contra de auto de quince de junio del año en curso, en el que se les impuso multa. Ahora, se advierte que las partes no realizaron manifestación alguna, asimismo que obran las notificaciones del acuerdo recurrido y del recurso de queja interpuesto, tal como se advierte del siguiente cuadro: PARTE NOTIFICACIÓN DEL AUTO RECURRIDO. NOTIFICACIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO. PARTE QUEJOSA 16 DE JUNIO DE 2023 LISTA 28 DE JUNIO DE 2023 AUTORIDADES RESPONSABLES 19 DE JUNIO DE 2023 29 DE JUNIO DE 2023 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 16 DE JUNIO DE 2023 LISTA 28 DE JUNIO DE 2023 Ahora, toda vez que el veintiocho de junio del año en curso se tuvo a las autoridades responsables ****, director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla y Jesús Ramírez Díaz, secretario de Administración del Gobierno del Estado de Puebla interponiendo recurso de queja en contra del citado acuerdo de quince de junio pasado; en consecuencia, resérvese la remisión del presente medio de impugnación al tribunal de alzada, a efecto de que sean remitidos de manera conjunta los citados medios de impugnación. Notifíquese.
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