Karen Yetzabel Medel Alvarado

Expediente 602/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
602/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Karen Yetzabel Medel Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el dos de febrero de este año, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha sentencia ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó el presente juicio y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que se haya notificado la sentencia dictada en este asunto el veintiuno de febrero de este año a la autoridad responsable, en virtud que en términos de lo señalado en el artículo 87 de la Ley de Amparo, carece de legitimación para recurrir la sentencia que sobreseyó este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve horas con cuarenta minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Sandra Alicia Castelán González, secretaria con quien actúa y da fe, inicia la audiencia prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo en el juicio 602/2021; con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se destacan el propio escrito de la demanda de amparo, el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el auto de cinco de noviembre del año próximo pasado en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; esto es, la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz; por lo que ante tal omisión, se señaló que el presente asunto se resolverá en los términos planteados inicialmente. Acto seguido, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias indicadas en el párrafo que antecede. Acto continuo, en período de pruebas, se desahoga por su propia y especial naturaleza de la parte quejosa la documental adjunta al escrito de demanda, la presuncional en su doble aspecto; asimismo, respecto a la prueba consistente en la instrumental de actuaciones de todo lo actuado del expediente de origen se tienen únicamente las anexas al escrito inicial y de la autoridad responsable Unidad de Medicina Familiar Número 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Veracruz, Veracruz, la documental adjunta a su informe justificado; asimismo, se hace constar que las demás partes no ofrecieron medios de prueba, con lo que se da por cerrado dicho periodo. En periodo de alegatos, se hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni tampoco la Agente del Ministerio Público presentó pedimento alguno, con lo que se cierra dicha fase. No habiendo escritos que acordar, más pruebas por desahogar ni alegatos por reproducir, se da por concluida esta audiencia a las nueve horas con cincuenta minutos de esta propia fecha, turnándose los autos para dictar la sentencia correspondiente. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto número 602/2021-V; y, RESULTANDO Primero. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz el cuatro de agosto siguiente, Karen Yetzabel Medel Alvarado promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y acto detallados en el escrito de demanda. Segundo. Admitida a trámite la demanda y previos trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, y 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/20131, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto u omisión proveniente de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; lo que es impugnable en amparo indirecto, según lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo. Así también es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal y civil, así como órgano de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no precisa de ejecución alguna, pues se trata de un acto omiso; de ahí la competencia de este órgano para conocer y resolver el presente asunto, al haber recibido, por cuestión de turno, la demanda de mérito. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. Atendiendo a lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio a la Unidad de Medicina Familiar número 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo constituye: La omisión de dar contestación al oficio 282 de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro de los autos del juicio ordinario civil 589/2014-I. Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridades señaladas como responsables. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Unidad de Medicina Familiar número 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado por conducto de su apoderado legal negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el citado informe indica que el oficio número 282, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, fue contestado mediante el diverso oficio 31 12 06 4000/JD/01087, entregado ante el Juzgado que conoce del juicio civil de origen, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno; lo anterior, pone de manifiesto que al tres de agosto de dos mil veintiuno, fecha de la presentación de la demanda, la autoridad responsable no había dado contestación al oficio en comento; por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado, precisado en el párrafo que antecede. Certeza se corrobora con las constancias que adjuntó como complemento a su informe pues de éstas se deduce que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, existía la omisión aquí combatida. A la referida documental se le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Cuarto. Análisis sobre la procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo; las que deben estudiarse por el juzgador sean alegadas o no por las partes. En el caso, de oficio este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, el quejoso reclama la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al oficio 282 de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro de los autos del juicio ordinario civil 589/2014-I, en el cual la autoridad jurisdiccional solicitó diversa información respecto del demandado en el juicio en comento. Al respecto, la Unidad de Medicina Familiar número 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos en la ciudad de Veracruz, emitió el oficio 31 12 06 4000/JD/01087, de once de octubre de dos mil veintiuno, entregado ante el Juzgado que conoce del juicio civil de origen, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el cual proporcionó a la citada autoridad jurisdiccional la información que se le requirió. De lo anterior se obtiene que la Unidad de Medicina Familiar número 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, dio contestación al oficio 282, emitido en los autos del juicio ordinario civil 589/2014-I, en el que la quejosa tiene el carácter de actora, mediante el diverso 31 12 06 4000/JD/01087, en el cual proporcionó la información que le fue requerida por la citada autoridad jurisdiccional de Primera Instancia. De lo anterior, válidamente se puede concluir que, en el caso particular, cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al oficio 282 de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, dentro de los autos del juicio ordinario civil 589/2014-I; pues si bien a la fecha de la presentación de la demanda no se había dado contestación al requerimiento formulado por la autoridad jurisdiccional en comento; cierto es también que el diecinueve de octubre pasado la Unidad de Medicina Familiar número 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos, en la ciudad de Veracruz, dio contestación a la comunicación oficial que le fue dirigida y proporcionó la información que se le requirió; por tanto, la afectación de que se dolía el impetrante de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, materia común, visible a página 210, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados, por haber cesado sus efectos. Quinto. Tratamiento de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Sexto. Expedición de copias. En aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Karen Yetzabel Medel Alvarado, acorde a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la sentencia que ahora se dicta en términos del considerando quinto. Tercero. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte, que en el cuaderno administrativo 2021 de este juzgado, se agregó el oficio SEADS/1092/2021 de veintiocho de octubre de la misma anualidad, signado por el Encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, mediante el cual informa que de acuerdo a la determinación aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte octubre de dos mil veintiuno, acordó la primera adscripción del Juez Luis Rafael Bautista Cruz, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de esta anualidad. En tal contexto, hágase saber a las partes y a las autoridades que se encuentren directamente vinculadas con el trámite del presente expediente, la designación del Juez Luis Rafael Bautista Cruz, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Ello, a fin de que cualquiera de los mencionados esté en condiciones de alegar en su caso, algún impedimento del juzgador para conocer el presente asunto, circunstancia que dada su naturaleza jurídica, trasciende al resultado del fallo. Sustenta lo anterior por identidad jurídica, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintidós de octubre del año en curso, publicado mediante lista de acuerdos al día hábil siguiente, se dio vista a las partes con el informe rendido por la Unidad de Medicina Familiar número 61 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en la ciudad de Veracruz, Veracruz, a través de del representante y apoderado legal de dicha institución; sin embargo, entre la notificación de dicho acuerdo y esta fecha, no media el plazo de ocho días que señala el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo de acuerdo a la agenda de audiencias de este juzgado. Por último, de la certificación de mérito, se advierte que ha transcurrido el término de concedido a la parte quejosa, para que cumpliera con el requerimiento efectuado en el acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, consistente en manifestar si era su deseo ampliar su demanda de amparo, para tener como acto autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz; por lo que ante tal omisión, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de la fecha antes referida, en consecuencia, el presente asunto se resolverá en los términos planteados inicialmente. AUDIENCIA VÍA REMOTA Asimismo, hágasele saber a las partes que, de ser su deseo, pueden estar presentes, vía remota, en la audiencia respectiva, ello, tomando en cuenta el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, y atendiendo a que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en su artículo 5, fracción II, se establece que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias. Lo anterior siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por tanto, de conformidad con el artículo 27, fracciones III y IX del Acuerdo General 12/2020 ya mencionado, la suscrita determina que se cumplen las condiciones para la utilización de este método de comunicación y que se cumplen los principios rectores del procedimiento. Así las cosas, es dable precisar que para el desahogo de la audiencia de mérito a través de videoconferencia en tiempo real deberán de observarse las reglas establecidas en el artículo 28 del Acuerdo General indicado siendo las siguientes: "I. El órgano jurisdiccional notificará el citatorio para audiencia, el cual permitirá que todas las partes interesadas estén en posibilidad de acudir. El citatorio considerará un lapso de hasta quince minutos previos que permita a los intervinientes prepararse para el desahogo de la audiencia que establezca la normatividad aplicable, así como la implementación de la logística operacional. II. Tratándose de audiencias o sesiones públicas, podrá generarse una clave de acceso que dará a quien tenga interés en presenciarla la posibilidad de hacerlo, sin que pueda participar en la misma, utilizando el formato comúnmente conocido como seminario o conferencia web o en línea, o "webinar". En caso de no ser eso posible, la publicidad se garantizará con el registro de la videoconferencia para su posterior consulta. III. En el proveído en el que se fije la fecha y hora en la que tendrá lugar, se deberán indicar los datos necesarios para acceder a la respectiva videoconferencia por vía electrónica y se requerirá a las partes para que indiquen, en la promoción electrónica mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. El citatorio se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. IV. Previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, el responsable técnico y/o el personal de apoyo realizarán las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico. V. Transcurrido el lapso de preparación y llegada la hora de la audiencia, la secretaria o secretario encargado de dar fe hará constar las partes que se encuentren presentes, se verificará su identidad, su personalidad y capacidad procesal, y se declarará iniciada. En caso de que ninguna persona adscrita al órgano jurisdiccional esté investida de fe pública, la juzgadora o juzgador deberá hacer constar verbalmente esta situación. VI. Durante el desarrollo de la audiencia, las y los titulares deberán verificar que las partes intervinientes estén en posibilidad de observar, escuchar y comunicarse con todas las personas que participan en ésta, de manera clara y simultánea, salvo en los casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de quien participa o cuando algunos intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo. En todo caso deberá velarse por los derechos de las partes y el cumplimiento a los principios rectores de cada procedimiento. VII. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de la audiencia, la o el juzgador determinará las medidas que estime necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, supuesto en el que señalará una hora o fecha posterior para su reanudación. En los casos en que a criterio de la o el titular del órgano jurisdiccional resulte imposible desahogar la audiencia previamente ordenada a través del uso de videoconferencia, ordenará su desahogo de manera presencial. En cualquier caso, se fundará y motivará la determinación respectiva, sin que ello implique formal ni tácitamente una revocación de su determinación inicial. VIII. Cuando así resulte procedente conforme a la legislación aplicable, en la audiencia se dará cuenta con las promociones y las pruebas ofrecidas por las partes previamente o durante ésta, de conformidad con las reglas aplicables según la materia de que se trate. La DGGJ emitirá lineamientos para que, en adición al registro mismo de la videoconferencia, las pruebas respectivas puedan vincularse con el expediente del asunto respectivo IX. Tratándose del desahogo de alegatos orales, el día y hora previsto para el desahogo de la audiencia se dará el uso de la voz a las partes, sus representantes o autorizados. Cuando la diligencia respectiva se desahogue ante tribunales colegiados de Circuito, éste deberá estar debidamente integrado. Consecuentemente, se encuentra prohibida la celebración de audiencias que no hayan sido publicitadas, que pretendan escuchar a una o sólo a algunas de las partes, así como las que se celebren sólo ante uno de los integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado. X. Cuando en una audiencia deba escucharse a niñas, niños o adolescentes, las y los titulares deberán velar porque su comparecencia, aun por videoconferencia, cumpla con los estándares constitucionales que rigen su derecho a participar en los asuntos que afecten sus derechos. De la misma forma, durante el desahogo de la audiencia deberá realizar los ajustes razonables para personas con discapacidad, así como velar por que quienes tienen derecho a ello, cuenten con traductor, intérprete, asesor jurídico, defensor público o con la asistencia o presencia de quienes deban participar conforme a la Constitución y las leyes aplicables. XI. Al concluir la sesión se levantará un acta en la que se harán constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado, salvo en aquéllos procedimientos en los que el registro mismo de la audiencia cumpla con dicha finalidad conforme a la legislación aplicable. XII. Las audiencias, sesiones y diligencias judiciales se registrarán y el personal facultado para ello deberá relacionarla con el expediente electrónico respectivo, siguiendo para ambos aspectos las pautas establecidas en el punto 3 del Anexo Técnico. El registro de las diligencias, audiencias y, tratándose de sesiones, de la porción respectiva al asunto del que se trate, será parte del expediente electrónico." Entonces, para poder desahogarse la diligencia a través de ese recurso se necesita que las partes cuenten con alguno de estos dispositivos y enlaces de telecomunicación. - Tipos de dispositivos: Codec, Computadora Pc o Laptop, tableta, smarthphone (teléfonos inteligentes). - Tipos de enlace o telecomunicación: MPLS, satelital, celular (mínimo 4g), Wireless (inalámbrica) o DSL (residencial). O, en caso de no contar con alguno de dichos dispositivos y/o enlaces, que cuenten con algún teléfono fijo ya sea de casa u oficina, pues a través de ellos, se desahogará la diligencia. Asimismo, se necesita que proporcione un correo electrónico a donde se le puedan mandar los datos y la liga para poder enlazarse a la videoconferencia. En el entendido que la participación de las partes por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. De tal manera que, de ser el deseo de las partes tener participación en la diligencia de mérito, se les requiere para dado el caso de que sí cuenten con lo peticionado en el párrafo que antecede, expresen su interés, como máximo, diez días antes de la fecha fijada para el desahogo de la audiencia de mérito, a efecto de realizar la organización respectiva, proporcionando para ello un correo electrónico y número telefónico con la finalidad de que se le haga llegar, como ya se dijo, los datos y liga para poder enlazarse a la videoconferencia. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Publica derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al 25/04/22 Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene (n) por recibido (s) el (los) informe (s) de cuenta y dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de la responsable, las documentales anexas a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase a la autoridad responsable, señalando como delegados de su parte a las personas que refiere, de conformidad con los artículos 9 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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