Karen Yasuri Perez Rodriguez
Expediente 142/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Karen Yasuri Perez Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
I-Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guarda el presente juicio de amparo, conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este asunto; asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la identidad que debe existir entre el expediente electrónico y el físico, lo cual hasta este momento no acontece, porque hacen falta constancias de notificación efectuadas a las partes en el presente expediente En consecuencia, a efecto de estar en condiciones de archivar el expediente que nos ocupa, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo precisado en el párrafo que antecede, se ordena al actuario judicial que por terminación corresponda a la brevedad posible efectúe la total digitalización y vinculación de las notificaciones realizadas en este asunto al Sistema Integral de Expedientes correspondiente al en que se actúa; ello, a efecto de lograr la correcta integración del expediente electrónico y colmar la identidad entre éste y el físico, como expresamente lo establece dicho dispositivo. Hecho lo anterior, y previa constatación de colmar las exigencias en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a dar en cumplimiento al artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista.
- Principal
I-Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado por la directora del Instituto de Estudios Superiores Lamat, en Chetumal, Quintana Roo, y anexo que acompaña en copia certificada. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo presentada por la quejosa, se advierte que reclama de la directora del Instituto de Estudios Superiores Lamat, en Chetumal, Quintana Roo, y otras autoridades, la omisión de entregarle el título profesional y tramitar la cédula profesional al ser egresada de la carrera de licenciatura en derecho, de dicha institución responsable. Sin embargo, de las constancias de autos se advierte que lo procedente es sobreseer el juicio de amparo fuera de audiencia, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así porque el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado queda insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que ya no agravia a la parte quejosa. En el caso, la quejosa reclamó la omisión de entregarle el título profesional y tramitar la cédula profesional respecto de la carrera de licenciatura en derecho, lo cual como se advierte de las constancias que integran este expediente, ya aconteció. Así se afirma, pues del oficio DGANCLyT/DPJ/DA/24994/2022, de doce de abril de dos mil veintidós, la responsable anexó copia simple de la cédula profesional expedida a favor de la quejosa, identificada con el número de folio 12801658, la cual se advierte fue obtenida de la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas https://cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action; asimismo, del escrito que se provee se desprende que ya se expidió el título profesional a favor de la quejosa, el cual se advierte cuenta con firma electrónica, cadena original e identificador electrónico, información que se constata de la página oficial https://documentoselectronicos.seq.gob.mx/titulo/validacion, pues que al insertar el código identificatorio de dicho título profesional, nos remite al de Karen Yasuri Pérez Rodríguez; todo lo cual, implica que los efectos del acto reclamado desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de datos contenidos en sitios o páginas electrónicas de las dependencias oficiales. Cobra aplicación al respecto, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 1373, Tomo II, Libro XXVI, Noviembre de 2013, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2004949, del tenor siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos". Además, dichas documentales anexas a los informes de mérito, cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo en vigor. Al respecto se invoca el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable en la página 153, Primera Parte, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por todo lo anterior, se tiene que cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto combatido por la parte solicitante del amparo a las autoridades responsables, pues como ya se señaló, éste se hizo consistir, precisamente, en que las autoridades responsables antes descritas, habían sido omisas en tramitar y entregar el título y cédula profesional a nombre de la quejosa, lo que ya aconteció, al haberse expedido la cédula profesional en este propio año y el título profesional el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Al respecto se cita la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Puntualizando que el presente asunto se resuelve atendiendo a los actos reclamados y en vista de los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado queda insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que ya no agravia a la parte quejosa. Como consecuencia del sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil veintidós. Sin que obste a lo anterior, que no hayan transcurrido los ocho días a la parte quejosa, que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista dada con las constancias que exhibió la autoridad responsable directora del Instituto de Estudios Superiores Lamat, en Chetumal, Quintana Roo, y esta resolución, pues si bien es cierto ello acontece, en el caso, como se dijo, existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
I-Agréguese el oficio firmado por el director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación del titular de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de la autoridad responsable foránea antes señalada, para ser tomado en consideración en su oportunidad como en derecho proceda; con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales conducentes. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental pública que adjunta la autoridad oficiante a su informe de ley, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta para ser tomada en consideración y ser valorada conforme a derecho en la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, toda vez que del informe justificado remitido por la directora del Instituto de Estudios Superiores LAMAT, en Chetumal, Quintana Roo, en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, informó que una vez que la quejosa obtenga su título profesional ésta estaría en la posibilidad de tramitar su cédula profesional -circunstancia esta última que se advierte del informe que se provee en esta propia fecha, ya aconteció-; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítese con toda atención a la autoridad directora del Instituto de Estudios Superiores LAMAT, en Chetumal, Quintana Roo, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, informe si ya se expidió el título de profesión a nombre de la quejosa Karen Yasuri Pérez Rodríguez, y en caso de ser así, remita copia certificada de dichas constancias para comprobar su dicho. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis P./J.17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo: V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Notifíquese; a la autoridad responsable por oficio.
- Principal
I-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que no obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable foránea Secretaría de Educación Pública, con residencia en la Ciudad de México a través de su Dirección General de Profesiones, ni el acuse de recibo del oficio mediante el cual se le solicitó. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior se dispone diferir la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su desahogo las diez con cincuenta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil veintidós, para dar oportunidad a que la citada autoridad rinda su informe justificado o en su caso, obren en autos la pieza postal con el sello de acuse de recibo del oficio respectivo. Notifíquese por lista.
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