Karen Yarely Álvarez Alarcón

Expediente 1033/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1033/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/07/2019

Partes del expediente

  • Karen Yarely Álvarez Alarcón
  • Victor Hugo Álvarez Organista y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de once de julio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de julio de dos mil diecinueve. *******cuya identidad se reserva, como medida de protección de la intimidad del infante, a fin de que la dignidad y la honra de ésta sea preservada, en términos del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes , contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1033/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: ***** Respecto a la procedencia del juicio de garantías, los artículos 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107 fracción V interpretado a contrario sensu, que establecen: ***** Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se establece lo siguiente: El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Esa ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. La tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación es la siguiente: La número P.L.VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: ***** Sin embargo, con la Ley de Amparo vigente, el artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio sea de imposible reparación. Su texto es el siguiente: ***** De esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía el criterio ya mencionado. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Luego, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: ***** Al respecto, debe decirse que se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: **** De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de garantías debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, a criterio del suscrito, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, relacionados además con el numeral 172, fracción III, del invocado cuerpo normativo, por las consideraciones que a continuación se plasman: Los numerales invocados disponen: ***** Como se ha visto, la parte quejosa controvierte la sentencia de dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), en la cual admite y declara procedente el recurso de queja interpuesto por la señora ***** en los autos del toca familiar ***** mismo que derivo del incidente de reordenación y/o regulación de pensión alimenticia promovido por el impetrante de garantías. Sin embargo, es evidente que tal determinación no es de aquellas que causan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación, sino que se trata de un acto intraprocesal susceptible de ser reparado si obtiene en el juicio natural sentencia favorable a sus intereses y de no ser así, reclamar esa infracción como violación al procedimiento al promover en su contra el amparo directo. Es decir, tal determinación en todo caso pudiera constituirse en una violación intraprocesal que quedaría satisfecha si la demandada obtiene sentencia favorable, y en el supuesto de que la que se dicte en esas condiciones fuera adversa a sus intereses, entonces alegar tal violación al combatirla a través del amparo directo, de ahí que no deba considerarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, dado que sus efectos son meramente procesales o adjetivos, por ello es evidente que resulta impugnable en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo como violación a las normas procesales que dejan sin defensa al peticionario del amparo y trascienden al resultado del fallo. Ello es así, toda vez que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece que el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, carácter que no tiene la determinación controvertida, ya que, los actos procesales sólo tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio de origen por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Por ende, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, y de no ser así, puede reclamarlo en el amparo directo como una violación al procedimiento al impugnarse el fallo definitivo. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704, Tomo XIV, del Semanario del Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 1994, Octava Época, que dice: ***** De acuerdo al criterio jurisprudencial invocado, a la parte quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica a los promoventes del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufren con motivo del acto reclamado. En función de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el numeral 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, a contrario sensu, y 172, fracciones III, VII y XII, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de ahí que con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por ******. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a ***** toda vez que cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ****** hasta en tanto acrediten cumplir con el requisito anterior. Notifíquese personalmente.

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