Karen Viridiana Guerrero Ramírez
Expediente 1231/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2021
Partes del expediente
- Karen Viridiana Guerrero Ramírez
Actuaciones
- Principal
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hace del conocimiento el auto de seis de agosto del año en curso, emitido en el amparo indirecto 1306/2020 de su índice, por el cual acusa recibo e informa que en cinco de noviembre de dos mil veinte, aceptó la competencia por returno. Archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. El presente asunto es susceptible de destrucción. El órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido...
- Principal
Se solicita al Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, para que de no tener inconveniente legal o material alguno, informe si ese órgano jurisdiccional aceptó el returno planteado por este juzgado de Distrito, para conocer de los actos reclamados que dieron origen a este procedimiento.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de octubre de dos mil veinte. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veintiséis de febrero de dos mil veinte, José de Jesús..., por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite; se pidió a la autoridad responsable el informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las quince horas con dieciocho minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el acto reclamado al Gobernador del Estado de Jalisco, es: La omisión de atender la solicitud presentada el seis de febrero de dos mil veinte. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Gobernador del Estado de Jalisco, omitió rendir su informe justificado, no obstante que le fue requerido oportunamente mediante oficio 8640/2020, como se desprende de la constancia de notificación que obra a foja diez de los presentes autos, por lo que en contra de ella opera la presunción de certeza del acto reclamado de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Si bien en el presente asunto la autoridad responsable Gobernador del Estado de Jalisco, omitió rendir informe justificado en el que hubiera hecho valer las causales de improcedencia que estimara actualizadas en el presente asunto, lo cierto es que el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, en representación del citado Gobernador, promovió recurso de queja en contra del auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, en que se admitió la demanda de amparo, medio de impugnación que se encuentra pendiente de resolver ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Ahora bien, a fin de atender la causa de improcedencia hecha valer en el medio de impugnación promovido en contra del auto que admitió la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se procede a su análisis, máxime que no se suspendió el procedimiento en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, se observa que la autoridad responsable aduce que en el presente asunto se actualizaba una causa de improcedencia notoria y manifiesta, en virtud de que a la fecha de presentación de la demanda (veintiséis de febrero de dos mil veinte), no había transcurrido el breve término a que refiere el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se desestima este argumento de improcedencia. Ello es así, pues involucra cuestiones que se estudiarán al emprender el estudio de fondo de la sentencia; es decir, en el apartado en el que se verifique si la parte quejosa alcanzó a demostrar que el acto reclamado transgrede el derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 8º constitucional. Al no existir alguna otra causal de improcedencia invocada por las partes o que se aprecie de manera oficiosa, se procede al análisis de los motivos de disenso. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El motivo de queja es fundado. De la demanda de amparo se advierte que en lo medular se argumenta la transgresión del artículo 8 de la Carta Magna, habida cuenta que la autoridad responsable ha sido omisa de atender la solicitud presentada el seis de febrero de dos mil veinte. El artículo 8 constitucional dispone: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer acuerdo de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto trascrito prevé la garantía conocida como derecho de petición, consistente en que a todo escrito que se eleve de manera pacífica y respetuosa, deberá recaer un acuerdo o contestación por escrito, y darse a conocer al interesado en un breve término. De la trascripción del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta: Se formule por escrito. De manera pacífica. Respetuosa. Asimismo, para que se cumpla a cabalidad dicha disposición constitucional, las autoridades deben proceder de la siguiente forma: Que a la petición formulada recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido; y, Que se dé a conocer tal respuesta en breve término al peticionario. Conforme lo anterior, el acto reclamado al ser de naturaleza negativa, es decir, al constituir una abstención, es claro que a la responsable le correspondía demostrar que sí acató la obligación impuesta en la garantía referida; sin embargo, la autoridad responsable no demostró haber dado contestación a la petición formulada, en breve término, y tampoco acreditó haber notificado la respuesta respectiva, lo que lleva a colegir de manera indubitable que se incumplió con el invocado artículo 8º constitucional. Establecido lo anterior, conviene tener a la vista el acuse de recibo del escrito de petición que no ha sido respondido, el cual exhibió el quejoso junto con su escrito inicial de demanda (foja 4), del que se desprende que dicha parte solicitó ante la autoridad responsable que se le informe: Cuáles son los criterios emitidos para la conciliación por el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para el efecto de lograr la eficiencia de la conciliación, conforme lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Manifieste cuántas son las multas que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, ha emitido por motivo de conducta procesal, así como de incumplimiento de laudo y de cualquier otro que amerite sanción. Las multas que han emitido en contra de las entidades públicas de Guadalajara, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Servicios de Salud Jalisco, así como en cuántas le han girado oficio a la Secretaría de la Hacienda Pública. Cuántas multas y sanciones la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado ha hecho efectivas a las entidades públicas señaladas en el punto anterior. Si el Gobernador autoriza a los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro de su horario laboral realicen diversas actividades que nos propias de dicho tribunal. Que informe si autorizó a la Magistrada Suplente Representante del Gobierno del Estado entré en funciones al Pleno, aun cuando la ley le impide ser juez y parte. Dentro del periodo del actual Magistrado, en qué cantidad de juicios laborales se ha logrado el cumplimiento de los laudos y en cuántos se han turnado los autos al Congreso. Cantidad de juicios burocráticos que se han logrado turnar al Congreso para la destitución de funcionarios de las entidades públicas de Guadalajara, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Servicios de Salud Jalisco, nombre del actor, municipio y número de oficio. Si los miembros del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, han buscado la posibilidad de conciliar con el licenciado José de Jesús Cruz Verjan, la interposición de los amparos en los que impugna la lección de los magistrados, con el fin de que no les cause un posible perjuicio al patrimonio del Gobierno del Estado de Jalisco, con motivo de la interposición de diversos juicios de garantías Del análisis al escrito presentado por el quejoso, se puede concluir que más que un derecho de petición, el quejoso realiza una solicitud de información al Gobernador del Estado de Jalisco, la que si bien se encuentra tutelada por el diverso artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no deja de estar vinculada con el derecho fundamental de petición, tal y como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia 2a./J. 4/2012 (10a.), consultable bajo el número de registro electrónico 2000299, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ESA NATURALEZA, CUANDO SE ALEGA EN LA DEMANDA VIOLACIÓN DIRECTA AL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIONES DE SAN LUIS POTOSÍ Y FEDERAL). En tales condiciones, al estar relacionado el ejercicio del derecho de petición formulado por el quejoso, con el diverso derecho fundamental de acceso a la información pública, resulta pertinente tener a la vista el contenido de los artículos 77, 78, 80 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que disponen lo siguiente: "Artículo 77. Procedimiento de Acceso - Etapas 1. El procedimiento de acceso a la información se integra por las siguientes etapas: I. Presentación de la solicitud de información; II. Integración del expediente y respuesta sobre la procedencia de la solicitud de información; y III. Acceso a la información pública solicitada, en su caso." "Artículo 78. Solicitud de Acceso a la Información - Derecho 1. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna. 2. Los sujetos obligados deberán brindar a las personas con discapacidad o que hablen lenguas indígenas, las facilidades necesarias para llevar a cabo el procedimiento para consultar o solicitar información pública. "Artículo 79. Solicitud de Acceso a la Información - Requisitos 1. La solicitud de acceso a la información pública debe hacerse en términos respetuosos y contener cuando menos: I. Nombre del sujeto obligado a quien se dirige; II. Nombre del solicitante o seudónimo y autorizados para recibir la información, en su caso; III. Domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la Unidad, para recibir notificaciones, e IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la cual estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que resuelva el sujeto obligado. 2. La información de la fracción II del presente artículo será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud." "Artículo 80. Solicitud de Acceso a la Información - Forma de presentación 1. La solicitud de acceso a la información pública debe presentarse: I. Vía telefónica, fax, correo, correo electrónico, telegrama, mensajería o por escrito; II. Por comparecencia personal ante la Unidad, donde debe llenar la solicitud que al efecto proveerá dicha Unidad, o III. En forma electrónica, cuando el sujeto obligado cuente con el sistema de recepción de solicitudes por esta vía, que genere el comprobante respectivo." "Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. (...)" Del contenido de los artículos transcritos, se desprende, entre otras cuestiones, las etapas que integran el proceso de acceso a la información, que se inicia con: La presentación de la solicitud de información (como en el caso con el escrito presentado por el quejoso el seis de febrero de dos mil veinte), La integración del expediente y respuesta sobre la procedencia de la solicitud de información (no realizado en la especie) y, finalmente, El acceso a la información solicitada (no realizada). De igual forma, se desprende que toda persona tiene derecho a presentar solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, que la solicitud debe hacerse en términos respetuosos y contener, cuando menos: El nombre del sujeto a quien se dirige (sí se cumplió); Nombre del solicitante y autorizados para recibir la información, en su caso (sí se cumplió); Domicilio, número de fax o correo electrónico para recibir notificaciones (sí se cumplió); Información solicitada (sí se cumplió). Asimismo, establecen las formas en que puede presentarse la solicitud de información -entre las que se encuentra por escrito-, y finalmente, que la Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, acorde a los lineamientos de clasificación de información pública. En el caso de la especie, el quejoso acreditó haber presentado solicitud de información al Gobernador del Estado de Jalisco, el seis de febrero de dos mil veinte, la que, como se precisó en párrafos que anteceden, cumplió con los requisitos previstos en el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiséis de febrero de dos mil veinte), ni a la fecha en que esto se resuelve, exista evidencia de que la autoridad señalada como responsable hubiera procedido en los términos establecidos por el diverso artículo 84 de la invocada legislación, lo que transgrede en perjuicio del quejoso, el derecho fundamental de petición, contenido en el artículo 8º constitucional. No se desatiende que al interponer el recurso de queja en contra del auto que admitió la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, argumentó que a la fecha de presentación de la demanda (veintiséis de febrero de dos mil veinte), no había transcurrido el breve término a que refiere el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues únicamente habían transcurrido dieciocho días hábiles, término que estimó insuficiente para dar respuesta a los planteamientos formulados por el quejoso, y que fueron reseñados en líneas pretéritas. No obstante ello, como se destacó en párrafos que anteceden, toda vez que la petición formulada por el quejoso, contenía una solicitud de información, en términos de los dispuesto por el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios -previamente transcrito-, la autoridad responsable se encontraba obligada a dar respuesta al solicitante dentro de los ocho días hábiles siguientes, situación que como ya se expuso, no aconteció. Así, la omisión reclamada transgrede los derechos fundamentales previstos en el numeral 8° constitucional; por tanto, dado que resultó fundado el concepto de violación analizado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 77 y 192 de la ley de la materia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa; lo anterior para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, la autoridad responsable Gobernador del Estado de Jalisco, efectúe lo siguiente: Atienda la solicitud de información presentada por la parte quejosa el seis de febrero de dos mil veinte; lo que deberá realizar con plenitud de jurisdicción; de manera congruente, completa, fundada y motivada; asimismo, deberá notificar la respuesta a la parte quejosa, y acreditarlo de manera fehaciente. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José de Jesús..., contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo; por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando quinto, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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