Karen Villa Flores
Expediente 590/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Karen Villa Flores
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por KAREN VILLA FLORES, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del nueve de mayo del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil dieciocho Vista la comparecencia que antecede, por medio de la cual la quejosa Karen Villa Flores, en cumplimiento al proveído de veinticinco de abril del año en curso, ratificó el contenido del escrito registrado el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, con el folio 19731, atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obra como corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar, en tal circunstancia, se provee: De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, con relación a los artículos 17 y 18 todos, de la Ley de Amparo, así como la fracción XVIII y XXIII del citado arábigo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV interpretado a contrario sensu, se desecha la presente demanda de garantías, por los motivos que en seguida se explicarán. Es conveniente precisar que el artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señaló como actos reclamados: Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados en la presente vía el doce de marzo del año en curso. En consecuencia, si la impetrante de amparo, admite expresamente, haber tenido conocimiento de los actos reclamados en esta vía el día doce de marzo del año en curso, debe precisarse que tal circunstancia constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que debe concluirse, que si la promovente tuvo conocimiento desde esa fecha, entonces, el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a transcurrir del catorce de marzo y feneció el diez de abril de dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas. En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el once de abril de dos mil dieciocho, ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para su presentación y como consecuencia legal, se han consentido tácitamente los actos que se reclama la promovente -identificados del numeral 1 al 6-. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. En lo concerniente al acto reclamado identificado con el numeral 7, consistente en: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la propia Ley, que en su parte conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Lo anterior es así en virtud de que del acto antes precisado a criterio de quien resuelve, no constituya la última resolución que ha de pronunciarse en el expediente de origen 12/2016 del índice del Juzgado Noveno Civil del primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Para una mejor comprensión del asunto, atendiendo al contenido integral del escrito inicial de demanda y, el diverso por el cual la promovente subsanó la prevención realizada por este Juzgado en auto de doce de abril de dos mil dieciocho, se destaca lo siguiente: 1.- La quejosa es parte demandada en el juicio de origen. 2.- La promovente compareció a dicho juicio el tres de marzo de dos mil diecisiete. 3.- El juicio de origen se encuentra resuelto, en etapa concluida. 4.- En contra de la notificación y embargo llevado a cabo en el domicilio que refiere, la promovente hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones. 5.- Respecto al desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones la promovente no interpuesto ningún recurso. Todo lo anterior fue manifestado por la quejosa bajo protesta de decir verdad. De lo anteriormente trascrito se advierte que en el juicio de origen, se dictó una sentencia definitiva, asimismo, en dicho asunto se está tramitando un procedimiento de ejecución de sentencia. Sin embargo, el desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones, reclamado en el presente juicio identificado como el acto número 7, a criterio de quien resuelve no es la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, es decir, aquellas que aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, como lo dispone el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA". De ahí que, respecto del acto reclamado antes citado no es procedente el juicio de amparo, pues en todo caso, podrán ser objeto de análisis, como violaciones procesales, al emitirse la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que el juicio de amparo es improcedente contra los actos intermedios que se realicen en la secuela de este, pues la intención de ello es evitar la proliferación de juicios de amparo en contra de cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin menoscabo de la protección constitucional que, al final venga a sanear toda la actuación de la autoridad, como lo dispone la Jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA". En consecuencia, si el acto del que se duele la parte quejosa fue emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio ordinario civil 12/2016, entonces, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante aquél, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Esto es así, porque en los términos literales del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Se precisa que por última resolución se entiende como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Luego, el acto que se reclama identificado con el número 7. a través de la demanda que nos ocupa, debe considerarse que se encuentra comprendido dentro del procedimiento de ejecución, pero que no es el definitivo; ya que no constituye la última resolución dictada en tal procedimiento; sin que esto signifique que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del mismo o se declare la imposibilidad material de cumplirlo. Por tanto, con la tramitación del juicio de amparo contra el acto que aquí se impugna no puede entorpecerse u obstaculizarse injustificadamente la secuencia ejecutiva del juicio de origen, ya que de la interpretación de la citada fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, acerca de que el juicio de amparo contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo, sólo procede contra la última resolución en ese procedimiento, se desprende que, la intención del legislador ha sido de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que tratándose del mencionado procedimiento de ejecución, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Es aplicable al caso por analogía, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 230, del rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." No se debe soslayar que las reglas para los actos dictados fuera, dentro y después de concluido el juicio, no se deben entremezclar, puesto que para la procedencia del juicio de amparo se ciñen a distintas exigencias, aun cuando sean actos de imposible reparación; pues como sucede en el caso concreto, al haberse dictado una sentencia que se encuentra firme e iniciado el procedimiento de ejecución, no se le pueden aplicar las reglas de procedencia del juicio de amparo que rigen para los actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó las reglas contenidas en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías; debiendo entonces, esperar para la procedencia del juicio de garantías, que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, para que se esté en posibilidad de reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en el Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 11, cuyo rubro se trascribe a continuación: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Por lo anteriormente expuesto, no se surte la excepción a la regla del principio de definitividad, pues al tratarse de un acto dentro del procedimiento de ejecución, sólo puede promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe promoverse el juicio de garantías hasta la resolución definitiva, que sería aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado fue emitido en el procedimiento de ejecución del juicio ordinario civil 12/2016, pero no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento y, al no tener la parte quejosa el carácter de tercero extraño al juicio, sino que tiene el carácter de parte demandada, entonces, no ocurre en su favor algún motivo que haga procedente el presente juicio de amparo. De igual forma, al reclamar la quejosa el desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto en el juicio de origen 12/2016, se surte de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en atención a que el acto que reclama el promovente tiene forma de reparación, es decir, puede ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de queja que se promueva en contra de dicho auto, en términos del artículo 553 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos que a la letra dice: "ARTICULO 553.- Recurso de queja contra el Juez. El recurso de queja contra el Juez procede: [.] II.- Respecto de las interlocutorias y autos dictados en la ejecución de sentencias;." En efecto, el acto reclamado analizado en el presente apartado, al haberse emitido en la etapa de ejecución de sentencia, la quejosa tiene la posibilidad de promover dicho medio de impugnación en el juicio ordinario civil 12/2016 relativa al desechamiento del citado incidente de nulidad de actuaciones, pues constituye un medio de defensa respecto del cual la quejosa tiene obligación de agotar en su calidad de parte demandada, ello en estricta observancia al principio de definitividad que impera en el juicio de garantías; medio de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de sustento a la anterior consideración la tesis VI.1o. J/85, del rubro "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.", de la Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 67, Julio de 1993, página 51. Cabe precisar que las tesis con que apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril de ese año. En las relatadas circunstancias, al quedar actualizada en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia antes citadas se desecha la presente demanda de garantías. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe. Doy fe.
- Principal
AVISO PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "...Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito de Karen Villa Flores, por medio del cual en cumplimiento al auto de doce de abril de dos mil dieciocho, pretende subsanar la prevención realizada por este Juzgado en relación al acto reclamado y los antecedentes del mismo; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda sin proveer respecto a su contenido, toda vez que la firma que calza el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la que aparece en el escrito inicial de demanda de garantías. En consecuencia, requiérase a Karen Villa Flores, para que dentro del término de tres días, que le serán contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, comparezca ante este Tribunal Federal en hora hábil debidamente identificada, con la finalidad de que ante la presencia judicial manifieste sí reconoce o no la firma que calza el escrito de cuenta, y en su caso, si ratifica el contenido de éste escrito, en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por desinteresada a la parte promovente, respecto a lo solicitado en el escrito de mérito, advirtiendo a la parte ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial. Orienta el criterio anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos treinta y cuatro, tomo II, Décima Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES.". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la Encargada de Presidencia de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de veintitrés de abril del año en curso, del que se advierte concedió a la parte actora un término de tres días para que señale domicilio para emplazar a la parte demandada; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días siguientes en que se notifique el presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora del auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Lo anterior, sin que ello afecte las facultades legales que tiene la junta en términos de los artículos 17, 685, 735, y 874 de la Ley Federal del Trabajo, para los casos en que el emplazamiento no se logre en el domicilio proporcionado por la parte actora. Al respecto, son aplicables las jurisprudencias 2a./J.98/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y PC.IV.L. J/2 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de rubros "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS." y "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAR A UN ÚNICO DEMANDADO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 98/2013 (10a.)]." y registros 2004225 y 2008225, respectivamente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
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