Karen Vanessa Martínez Alfaro
Expediente 1736/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1736/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/03/2023
Partes del expediente
- Karen Vanessa Martínez Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez; por medio del cual, informa que aceptó la competencia declinada, registrándola con el número de juicio de amparo ********************, de esa estadística. Al efecto se acuerda: En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta, para los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción J), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que éste Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el citado artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto; el oficio signado por el Jefe de la Administración Postal Número Dos Palmas, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del acuse de recibo del oficio 3129/2023, dirigido a la autoridad responsable Titular en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta y anexo. Atento a su contenido, resérvese proveer al respecto hasta en tanto, se tenga conocimiento si el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, informe si aceptó o no la competencia planteada. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto el estado de autos de los que se advierten que en el juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de realizar la entrevista de elegibilidad dentro del procedimiento de la condición de refugiado número 000000237530, atribuido al Titular en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, el cual tendrá ejecución en aquella ciudad. Al efecto, se acuerda: ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, no es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, es necesario tomar en consideración que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, de la lectura del primer párrafo del artículo 37 transcrito surgen dos hipótesis distintas: 1) Aquélla en la que el acto está pendiente de ejecutarse; o 2) Aquélla en que la ejecución fue consumada o se está consumando, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio. Ahora, de esas mismas hipótesis pueden advertirse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a: El lugar donde el acto deba tener ejecución; En donde trate de ejecutarse; En donde se ejecute; o, d) En donde se haya ejecutado. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: El lugar donde el acto deba tener ejecución es aquél en donde: a1). el acto aún no ha sido ejecutado; y, b2). en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y; sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos. c1) Actos de Tracto Sucesivo. Que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. c2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse; d) En donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está, siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Por otra parte, en términos de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, la consecuencia jurídica del acto reclamado para los efectos del juicio de amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. En efecto, del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes trascritos se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como sucede en el caso. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En tercer lugar, del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto reclamado. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. En el caso en particular, del análisis integral realizado a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de realizar la entrevista de elegibilidad dentro del procedimiento de la condición de refugiado número 000000237530. Sin que pase desapercibido que al rendir su informe justificado la Titular de la Subdirección de Asunto Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la citada Coordinación, con sede en la ciudad de México, informó que el ocho de febrero de dos mil veintitrés, a las nueve horas con treinta minutos, se llevaría a cabo la entrevista de elegibilidad de la quejosa del Venessa Martínez Alfaro, en las instalaciones de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión de realizar la entrevista de elegibilidad dentro del procedimiento de la condición de refugiado número 000000237530, que aquí se reclama tendrá eficacia en el lugar en el que se materializará, esto es, en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Por ende, la competencia debe fincarse en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdóva y Ordóñez, dada la naturaleza de ejecución del acto generador de molestia. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, así como el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara de plano su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo de cuenta y declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, que ejerce jurisdicción en el lugar en el que tendrá ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, se ordena remitir la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno con residencia en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al Juez Federal condigno, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por todo lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se hace de su conocimiento, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este juicio de amparo de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de conformidad con lo establecido en artículo 113, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo.
- Principal
Vistos: I. La certificación que antecede, y el estado de autos de los cuales se advierte que en proveído de nueve de febrero del año en curso, la responsable informó que había señalado las nueve horas con treinta minutos del ocho de febrero de la presente anualidad, para llevar a cabo la entrevista de elegibilidad de la extranjera ****, en compañía de su representante legal; en consecuencia se requirió a la autoridad responsable Titular en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, para que informara si la misma se llevó a cabo o no, y en su caso remitiera las constancias con las que acreditara su dicho, mismas que servirán para resolver el presente juicio. II. El estado de autos, se aprecia que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy. Al efecto, se acuerda: En atención a los puntos I y II, toda vez que hasta la presenta data, la autoridad responsable Titular en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez; no ha remitido las constancias que se le requirieron en auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, REQUIERASE al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente, remita el acuse de recepción de la pieza postal RM0236508576MX, correspondiente al oficio 3129/2022, dirigido a la autoridad responsable Titular en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, el cual fue depositado ante su potestad el trece de febrero de dos mil veintitrés. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien de no informar el impedimento legal que tenga para realizarlo dentro del término señalado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ MULTA de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita la notificación por oficio; por tanto, se ordena notificarla por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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