Karen V. González y Otros.
Expediente 166/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Karen V. González y Otros.
- Alma Natalia Medina Bravo
- Karen V. González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no obra en autos constancia que acredite que la parte quejosa haya sido notificada personalmente del proveído de fecha diez de junio de dos mil quince, en el que se declaró ejecutoria la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, otorgándole un plazo de noventa días para que solicite la devolución de los documentos originales que exhibió en el juicio. Por lo anterior se comisiona al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente a la parte quejosa el proveído de diez de junio de dos mil quince.
- Principal
Visto la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se declara que el acuerdo dictado el veintisiete de mayo de dos mil quince en cumplimiento de la resolución de veintiuno de mayo del año en curso emitida por el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, dentro del expediente del recurso de queja 87/2015, ha quedado firme por ministerio de ley. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se advierte que en el presente juicio existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; por tanto, hágase lo anterior de su conocimiento, para que dentro del término de noventa días solicite la devolución de los mismos, previniéndosele que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del capítulo tercero, punto undécimo, segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, remite copia autorizada de la resolución dictada por dicho Tribunal, dentro del expediente del recurso de queja 87/2015, interpuesto por ***************, en contra del auto de veintiséis de marzo de dos mil quince emitido en el presente juicio de amparo, y en estricto acatamiento a lo establecido en el antepenúltimo párrafo del considerando quinto de dicha resolución, se dejan insubsistentes el acuerdo recurrido, así como las actuaciones subsecuentes, incluyendo el fallo dictado el veintidós de mayo del año en curso, y se procede a dictar un nuevo auto en los siguientes términos: Vista la demanda de amparo promovida por ***************, en su carácter de apoderado de *************, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y Juez Quinto de lo Civil, ambos con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, dictada por la referida Sala, en el toca civil 1746/2014, que modificó el auto de diecinueve de junio de dos mil catorce, dictado por el Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, para admitir la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida como prueba superveniente. Precisado el acto que por esta vía biinstancial se reclama, es menester acotar que el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y dada la naturaleza del acto reclamado este órgano jurisdiccional procede desechar el libelo constitucional por notoriamente improcedente, en virtud de que en la especie, se actualizan la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Para llegar a las conclusiones que anteceden, es necesario precisar que los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De una interpretación sistemática de los artículos preinsertos, se desprende, que como regla general, en contra de actos procesales suscitados en el juicio, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, pero cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, o que tenga sobre las cosas o las personas una ejecución de igual naturaleza, procede el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, debe considerarse que los actos procesales tienen una ejecución irreparable cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que este país es parte, es decir, cuando la afectación no es susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación que impide el goce del derecho fundamental del que se trate. Así, los actos que afectan derechos adjetivos o procesales, al no tener las características de imposible reparación, deben reservarse para ser reclamados mediante el juicio de amparo directo, como violación procesal, en el caso de que se impugne la sentencia definitiva. En el caso concreto el acto que se reclama es meramente procesal, ya que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata ningún derecho sustantivo, sino que afectan únicamente derechos adjetivos que, llegado el caso, pueden repararse, ya que en caso de que la quejosa obtenga sentencia favorable, la violación no habrá trascendido al resultado final, y si le fuere desfavorable, podrá hacer valer dichas violaciones procesales, a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 3ª. 20/90 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236 del Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.-Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Asimismo, se cita en apoyo de lo expuesto, la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1479 del Tomo XCI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta época, que a la letra dice: "PRUEBAS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA ADMISION DE LAS. La resolución de segundo grado que revoca la de primera y ordena la admisión de las pruebas ofrecidas por la contraparte del quejoso, no constituye un acto de imposible reparación, ya que en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, se analizarán y evaluarán todas las pruebas ofrecidas; sentencia que puede ser favorable al promovente del amparo, en caso en el cual, ningún perjuicio le causará el acto reclamado; pero si fuere adversa a sus intereses, entonces los perjuicios que le origine la resolución reclamada, bien pueden ser reparados por medio de los recursos procedentes, interpuestos contra la sentencia definitiva." Cabe señalar, que el hecho de que con la conducta de la autoridad responsable se prolongue el procedimiento del juicio de origen, dicha circunstancia por sí sola no origina que el acto reclamado sea de imposible reparación, porque el tiempo que transcurra, con motivo de la violación procesal cometida, es una consecuencias necesaria del litigio en el que las partes tienen que soportar las cargas procesales inherentes, puesto que se han sometido a la jurisdicción de la autoridad competente. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Karen ******************, por conducto de su apoderado *******************. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Fernando Sandoval Díaz y/o Eduardo Alberto Luquin Flores y únicamente en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada ley, a María de los Ángeles Valenzuela Rocha y a Christian Alberto Ferre Barraza, toda vez que este último no tiene acreditada su calidad profesional ante este órgano. Acúsese el recibo correspondiente al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, e infórmesele el cumplimiento a su resolución. Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 73, fracción II, y Tercero transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán sin la supresión de sus datos personales, salvo lo dispuesto por el artículo 8º de la ley federal aludida.
- Principal
.......RESUELVE. PRIMERO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS........SEGUNDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO...
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