Karen Tapia Flores
Expediente 41/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Karen Tapia Flores
Actuaciones
- Principal
RECEPCIÓN DE PAPELETA.- Téngase por recibida vía electrónica, la papeleta y anexo que acompaña, siendo esté el auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Primera de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el que, entre otros, se acusa recibo del oficio al que se adjuntó el original de la demanda y el respectivo juicio de amparo 41/2017-VI.2, promovido por ***; ello, a fin de que dicho órgano jurisdiccional se pronunciara sobre la constitucionalidad del acto reclamado en el presente expediente; asimismo, dicho órgano jurisdiccional, asume la competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, quedando registrado bajo el número 209/2017 de su índice. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Nueva Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por último, atendiendo a punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente auxiliar deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de treinta y uno de enero de este año, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, y tomando en consideración que ***, compareció ante este Juzgado Federal y reconoció como propia la firma que aparece en la demanda de amparo presentada el veinte de los corrientes, cumpliendo así la prevención de que fue objeto por auto del veinticuatro de enero del año en curso, por lo que analizando de nueva cuenta la citada demanda de amparo, se admite a trámite la misma, que es presentada en contra de las siguientes autoridades responsables: 1.- Secretario de Hacienda y Crédito Público; a quien le reclama el Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diesel, así como la metodología para su determinación, y los anexos I y II, publicados en el Diario oficial de la federación el 27 de diciembre de 2016; y: 2.- La Comisión de Energía, a quien reclama: la publicación de los precios de los combustibles a través de su página de internet, tal y como lo previene el artículo primero fracción IV del Acuerdo Reclamado. Señala la quejosa que tales actos "atentan contra la garantía de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad, eficiencia, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos." En consecuencia, téngase a la quejosa dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de veinticuatro de enero del año en curso. Ahora, del escrito de cuenta se desprende además, que la promovente señala como antecedentes del acto reclamado, en síntesis, los siguientes: 1.- Que el 15 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación, en suyo artículo décimo segundo transitorio, estableció que antes del 31 de diciembre de aquel año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicaría la metodología para determinar los precios máximos al público de las gasolinas y diesel y el periodo de vigencia de los mismos. 2.- Que el 27 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 98/2016, emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se dieron a conocer las regiones en las que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diesel, así como la metodología para su determinación, así como los Anexos I y II. 3.- Que el referido Acuerdo entró en vigor el 01 de enero de 2017, como consta en el Transitorio Único de la citada publicación. 4.- Que el nueve de enero de dos mil diecisiete, la quejosa acudió a comprar gasolina adjuntando el comprobante expedido por el distribuidor de gasolina "Servicio Grupo Tepeyac". 5.- Que consideraba que los precios de los combustibles vulneran sus garantías individuales y derechos humanos, por lo que acudía a la instancia constitucional. En ese orden, de la demanda de amparo y anexos que a ella se adjuntaron, como antecedentes de los actos reclamados se desprende, en lo que aquí interesa, que la quejosa tacha de inconstitucionales, los Anexos I y II del Acuerdo 98/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016; en donde se indica que el precio promedio anual nacional del uno al tres de febrero de dos mil diecisiete, será de $15.99 para la gasolina magna. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que cada una de las noventa regiones en las que fue dividido el país tendrán sus propios niveles; precios máximos para cada región que están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía y además, el año comenzará con un solo precio máximo durante enero, hasta el tres de febrero; en las dos primeras semanas del anotado mes habrá dos actualizaciones en el precio. Señala qla quejosa, que el Acuerdo 98/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016, no cumple con los principios de eficacia, transparencia, honradez y rendición de cuentas a fin de que el gobernado tenga la certeza de que los precios determinados fueron los correctos, ya que no se señalan los diversos elementosque tomó en consideración para arribar al precio final de los combustibles, incumpliendo con el contenido del artículo 134 Constitucional ya que no precisó los costos que afirma tomó en consideración para fijar el precio de los combustibles de que se habla, limitándose a expresar la fórmula: "Precio máximo al público del combustible "x", para la región "i", para el periodo "t"; "x" para los combustibles, "i" para cada de las regiones del anexo I, "t" para el tiempo de vigencia de los precios." A su vez, el Secretario describió el "Precio de referencia para cada uno de los combustibles", el "Ajuste por calidad". Con lo resumido anteriormente, en opinión de la quejosa, la metodología que afirma describir el Anexo II, se trata de una simple fórmula que describe los elementos que presuntamente le sirvieron para arribar a los precios de os combustibles, pero sin precisar los montos de los costos que presuntamente erogó del erario público. Es decir, se debió haber especificado el precio o costo de los insumos, transportación, almacenamiento, inspección, aduana, importación, etc., los que afirma consideró para llegar al precio máximo de los combustibles. También se queja la demandante de amparo de la violación a los artículos 1, 17, 28, 31 fracción IV de la Constitución Federal, en relación con el artículo 31, fracción IV, de la Ley Federal de Competencia Económica, por la omisión del Secretario de Economía de aplicar lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, párrafo primero y segundo, pues teniendo facultades para fijar precios, su conducta fue la de no fijar los precios de los combustibles. Como ya se ha dicho, en el escrito de cuenta la quejosa destaca que reclama el proceso legislativo que dio como resultado la derogación de la fracción I, del Artículo 14 Transitorio de la Ley de Hidrocarburos porque asegura, viola los principios tutelados en el artículo 28 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se suprimieron las bases para fijar los precios máximos del combustible como bien de consumo básico o generalizado. Así, el artículo 28 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la quejosa menciona violentado, a la letra dice: "Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses." En tanto que el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica dispone: "Artículo 8. No constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales, siempre que: I. Dichos productos nacionales o industriales sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o no sean artículos de primera necesidad; II. Sus ventas o distribución no se realicen dentro del territorio nacional; III. Dichas asociaciones o sociedades cooperativas estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y estén previamente autorizadas en cada caso para constituirse por la legislatura correspondiente a su domicilio social; IV. La membresía a dichas asociaciones o sociedades cooperativas sea voluntaria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros, y V. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponda a dependencias o entidades de la administración pública federal. Los Agentes Económicos referidos en este artículo estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese contexto, es menester señalar que las cuestiones de índole competencial son de orden público, por constituir un presupuesto procesal de la acción constitucional. En esa medida, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse, por regla general, no sólo al señalamiento de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, a los actos reclamados, a los preceptos constitucionales invocados, y a los hechos narrados en la demanda de amparo; sino también, a los antecedentes del caso, a las constancias e información aportada en el sumario y preponderantemente, el lugar en que se va llevar a cabo, o tiene su repercusión o ejecución el acto reclamado, lo que fijará de plano la competencia; salvo la hipótesis de especialización por materia, caso en el que, con independencia del lugar donde tuvo ejecución el acto reclamado o haya prevenido el Juez de Distrito, conocerá del asunto el Juez Especializado en la Materia de que se trate de conformidad con los establecido por el artículo 34 párrafo segundo, parte final, de la Ley de Amparo. Por lo hasta aquí anotado, se considera que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato residente en Celaya, no es legalmente competente para conocer de la demanda promovida, en razón de que la solicitante del amparo reclama actos que se encuentran vinculados con la competencia económica, ya que se reclama la inaplicación del artículo 28 Constitucional y del artículo 8 de la Ley de Competencia Económica, lo que podría traer como competencia: 1. La liberación de los precios de la gasolina al libre mercado. 2. No se encuentran fijados los precios de las gasolinas en todo el país. 3. Al zonificar los precios de la gasolina de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado de consumo, se vulneran principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de la Ley. Sobre el tema, es aplicable, por lo que informa, en lo conducente, la Tesis de Jurisprudencia de rubro y texto que dice: Época: Décima Época Registro: 2008591 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.) Página: 1746 "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. (El énfasis es añadido). PLENO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República. Por ello, de acuerdo con el ya mencionado artículo 34 segundo párrafo, parte final, de la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el diverso numeral 48 primer párrafo del citado ordenamiento legal, este Órgano de Control Constitucional estima que corresponde el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, en términos del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región; con fundamento en el artículo 48 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo, sus anexos y sus copias, así como escrito aclaratorio, copias y anexo que este último se adjuntaron, al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con sede en la Ciudad de México, para que de conformidad con el indicado artículo 48 segundo párrafo, primera parte, de la mencionada Ley, se pronuncie y resuelva sobre si acepta o no el conocimiento del asunto y lo informe a este Juzgado de la Federación. Fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Al no atender el citatorio la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veinticuatro de enero actual, que en lo conducente dice: Visto el escrito de demanda que promueve ***, por su propio derecho, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra autoridad, por violaciones a los artículos 1, 4°, 14, 16, 28, 31 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 41/2017-VI.2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su volumen, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como del diverso 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a su contenido y anexos que se acompañan se acuerda lo siguiente: El artículo 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:. Ahora bien, se aprecia aun sin ser expertos en la materia, que la firma que se encuentra estampada sobre el nombre de la promovente, difiere notoriamente con las que se encuentran estampadas en la copia de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, en favor de la ocursante ***, que se acompañó como anexo a su demanda. Con fundamento en los artículos 114, antepenúltimo párrafo de la Ley de Amparo en vigor, y previo a proveer lo relativo a su admisión o desechamiento, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente, al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca en las instalaciones de este Juzgado Quinto de Distrito, ubicado en Boulevard Quetzalli 901, colonia Paseo Los Álamos de Celaya, Guanajuato, planta baja, debidamente identificada con documento idóneo (credencial de elector, pasaporte; o bien, licencia de conducir), ante el personal de este Juzgado de la Federación a ratificar la firma y contenido que calza el escrito de mérito. Sirve de apoyo a la anterior, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 207437 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 24 Página: 385 "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. La tesis invocada es aplicable de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada Ley, que a la letra dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.". Lo anterior, con apercibimiento que de no hacerlo en el término y forma indicados, se procederá conforme al segundo párrafo de la fracción V del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de amparo de cuenta. Téngase a la parte quejosa como domicilio de su parte para recibir notificaciones, en ubicado en *** de ésta ciudad de Celaya, Guanajuato. Asimismo, téngase como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la nueva Ley de Amparo, al licenciado *****, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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