Karen Samantha González Hernández

Expediente 60/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
60/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Karen Samantha González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior el hecho de que las autoridades responsables no se encuentren notificadas o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, se ordena devolver al licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control del Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, el disco de audio y video relativo al procesal penal 26/2022 de su índice; solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior el hecho de que las autoridades responsables no se encuentren notificadas o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, se ordena devolver al licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control del Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, el disco de audio y video relativo al procesal penal 26/2022 de su índice; solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos para dictar sentencia...SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, licenciadas 2. Verónica Portilla Suazo y 3. Saray Hernández Pérez, Jueces de Control de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz, 4. Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives de Orizaba, Veracruz, y 5. Jefe de Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro con sede en esa ciudad, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la orden de aprehensión y/o detención y su ejecución. La parte quejosa no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; consecuentemente, estos resultan inexistentes. Se aplica a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Tampoco es cierto el acto reclamado al licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control del Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, pues no obstante de que al rendir su informe justificado reconoció su existencia de una orden de aprehensión en contra de la quejosa *********, derivada del proceso penal **********, como probable responsable del delito de secuestro agravado cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada identificada como *********; lo cierto es que dicho mandamiento de captura fue dictado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, lo que aconteció el ocho de febrero de dos mil veintidós. Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, las que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese entendido, si la referida orden de aprehensión no existía al momento de la presentación de la demanda, ya que fue emitida el ocho de febrero de dos mil veintidós, el acto reclamado al licenciado Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Juez de Control del Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, resulta inexistente. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 36/98 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicad en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y ocho, página 5, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por**********, contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, como lo solicita, mediante oficio que al efecto se libre, remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar en el expediente 199/2022 de su índice. Cúmplase

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