Karen Osaira Loredo Torres

Expediente 165/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
165/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
18/04/2018

Partes del expediente

  • Karen Osaira Loredo Torres y Otros.
  • Karen Osaira Loredo Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, cabe señalar que por lo que hace a las responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado, resulta ocioso exigirles el cumplimiento, toda vez que, en atención a que la intervención que dichas autoridades tuvieron en los actos reclamados, se hizo consistir en su participación en el proceso de creación de las Leyes impugnadas, el acatamiento que se deba dar al fallo protector decretado en este expediente, se traduciría en todo caso en derogar o dejar sin efectos el acto de comunicación del ordenamiento legal en cuestión, lo cual no resulta jurídicamente posible, en virtud de que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a autoridades, como las que se tratan, a derogar o dejar sin efectos la Ley que expidieron, no existiendo por lo tanto materia para exigir a las mencionadas autoridades administrativas un cumplimiento específico respecto a la ejecutoria de mérito, en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a la parte quejosa, constituirá la repetición del acto reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 199 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 2° CXV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo...". Por otra parte, y toda vez que no hay actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, en virtud de que la sentencia dictada en este asunto no requiere de cumplimiento alguno, por parte de las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del invocado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, dado que el presente expediente, no requiere de cumplimiento alguno por parte de las autoridades responsables, y el mismo es de relevancia documental, deberá conservarse en su integridad. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho que en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, cabe señalar que por lo que hace a las responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado, resulta ocioso exigirles el cumplimiento, toda vez que, en atención a que la intervención que dichas autoridades tuvieron en los actos reclamados, se hizo consistir en su participación en el proceso de creación de las Leyes impugnadas, el acatamiento que se deba dar al fallo protector decretado en este expediente, se traduciría en todo caso en derogar o dejar sin efectos el acto de comunicación del ordenamiento legal en cuestión, lo cual no resulta jurídicamente posible, en virtud de que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a autoridades, como las que se tratan, a derogar o dejar sin efectos la Ley que expidieron, no existiendo por lo tanto materia para exigir a las mencionadas autoridades administrativas un cumplimiento específico respecto a la ejecutoria de mérito, en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a la parte quejosa, constituirá la repetición del acto reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 199 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 2° CXV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo...". Por otra parte, y toda vez que no hay actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, en virtud de que la sentencia dictada en este asunto no requiere de cumplimiento alguno, por parte de las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del invocado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, dado que el presente expediente, no requiere de cumplimiento alguno por parte de las autoridades responsables, y el mismo es de relevancia documental, deberá conservarse en su integridad. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE.

  4. Principal

    Para que obre como corresponda, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita, se le tiene nombrando como delegados en términos del artículo 9 de la ley de la materia, a los profesionistas que menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su informe de cuenta.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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