Karen Michele Díaz Alarcón
Expediente 57/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/02/2022
Partes del expediente
- Karen Michele Díaz Alarcón
- Benjoseph Arturo Díaz Gómez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); archívese el presente asunto como concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso d), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que, de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.
- Principal
Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de veintiuno de enero pasado, informa a este órgano de control constitucional que los quejosos ****, tienen como defensor privado al licenciado ****, mismo que aceptó y protestó el cargo en audiencia de trece de octubre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal 932/2019, y que a la fecha se encuentra fungiendo como defensor de los citados quejosos, remitiendo copia certificada de la audiencia en mención. De lo anterior se toma conocimiento y se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento, por lo que se ordena dejar sin efectos el apercibimiento realizado en tal sentido. En ese tenor, se ratifica la determinación adoptada en proveído de veintiuno de enero de la anualidad, y se tiene a ****, como defensor privado de los quejosos, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de enero de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por ******************************************************* por conducto de su defensor privado **********, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como juicio de amparo 57/2022. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable, a fin de que envíe a este órgano de control de constitucionalidad las constancias certificadas que acrediten el carácter de defensor particular de ****************, en favor de los directos quejosos ***********************, dentro de los autos de la causa penal 932/2019. .......... En ese sentido, se apercibe a **************, que en caso de no tener reconocida ante la autoridad responsable el carácter con que se ostenta; se le hará efectivo el apercibimiento establecido en el referido artículo 14 de la Ley de la materia, esto es, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 241, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Además de que se procederá a gestionar la ratificación de la demanda en términos del artículo de referencia. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. ...... Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ..... En ese sentido, es pertinente precisar que, del análisis integral del escrito de demanda, el acto que se relama en el presente juicio, consiste en: La resolución de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto dentro de la causa penal *******, contra el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se negó señalar fecha para debatir sobre la solicitud de prórroga del plazo de investigación complementaria. Hecha tal precisión, respecto del acto reclamado precisado; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que aquél no tiene una ejecución de imposible reparación. .... De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos implican afectaciones que tienen una ejecución de imposible reparación, y en el caso, la resolución reclamada no constituye un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que se trata de una determinación que en todo caso podría constituir una afectación a derechos procesales de la parte quejosa, esto es, el acto reclamado podría constituir una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material, actual y directa algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Se considera lo anterior, pues el hecho de que la responsable haya confirmado a través de la resolución reclamada la determinación a través de la cual se negó señalar fecha para debatir sobre la solicitud de prórroga del plazo de investigación complementaria en la causa penal 932/2019; no trastoca de forma actual algún derecho sustantivo de los impetrantes de la Justicia Federal. Lo anterior, pues el hecho de que no se amplíe el plazo de investigación complementaria (pretensión subyacente de la parte quejosa), no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera; sino que constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público decida no formular acusación, supuesto en el que desaparecería el perjuicio que cause la negativa referida. Aunado a que, los datos de prueba que puedan ser allegados por las partes en la etapa de investigación formalizada, no constituyen prueba, ni serán valorados en el juicio que pudiera llegar a abrirse, por lo que tampoco existe una condición y/o incidencia inminente y trascendental respecto de la situación jurídica del quejoso conforme a su proceso penal; esto es, el hecho de que no cuente con más tiempo para desahogar datos de prueba durante la investigación formalizada, no implica necesaria e inminentemente que la fiscalía formule acusación en su contra, o bien, que con posterioridad no pueda allegar pruebas a su favor para su respectivo desahogo en el eventual juicio que llegue a abrirse. Por tal motivo, la afectación que aduce sufrir con la resolución reclamada, en todo caso podría verificarse posteriormente, pues como se ha dicho, sus consecuencias son meramente adjetivas e intraprocesales, y no afectan de manera actual ningún derecho sustantivo del quejoso. En ese sentido, resulta patente la improcedencia del presente juicio de amparo; pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. ................ De acuerdo con la sustancia de las anteriores jurisprudencias, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando estos afecten actual y materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo que no acontece en la especie, por lo anteriormente explicado. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, pues como se ha expuesto, el amparo contra actos emitidos dentro de juicio, únicamente se pedirá ante el Juez de Distrito, contra aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que en el caso no ocurre. ................. En consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por **************, por conducto de su defensor privado ************, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley; este último aplicado a contrario sensu, por notoriamente improcedente. ............. Notifíquese en los términos precisados en la presente determinación; y vía electrónica a la parte quejosa.
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