Karen Michael Pérez Vega

Expediente 417/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
417/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Karen Michael Pérez Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Radicación y registro Vista la demanda promovida por por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada de iniciales con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena registrar con el número de expediente 417/2023-IV-B. Acto reclamado Previo a determinar la procedencia o no del juicio de amparo, es menester efectuar un estudio integró de la demanda de amparo, incluso de la totalidad de las constancias existentes en ella, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Conforme a lo anterior se sigue que la promovente reclama del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, lo siguiente: El auto de veintisiete de febrero dos mil veintitrés, dictado en el juicio de la estadística del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, en el que se determinó no acordar favorablemente la petición de la parte quejosa, relativa a que se cambiaran de sede las convivencias de la menor de identidad reservada de iniciales con su progenitor, las cuales se llevan a cabo en el Centro de Convivencia Familiar con sede en Toluca, Estado de México al diverso Centro con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Desechamiento En ese entendido, se advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable que impide conocerla y que está previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)." De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa para su impugnación, por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas. El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo que establece que antes de promoverlo, la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. El artículo 61, fracción XVIII, de la ley, prescribe el principio de definitividad respecto de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales que se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: 1. Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. 2. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente) y que son A. Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. D. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. E. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar el acto que aquí reclama, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracciones XIV, XVIII y XIX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. 1. Procedencia de un medio ordinario de defensa En primer término, con relación al requisito descrito en el apartado uno, para establecer el medio de defensa o el recurso que debe agotar la parte demandante contra el acto reclamado, quien suscribe trae a colación los artículos 1.362, 1.363, 1.364 y 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México que establecen: "Artículo 1.362 Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363 La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364 Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día.". "Artículo 5.74 Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales.". De los preceptos transcritos se obtiene que, son revocables los autos y decretos dictados fuera de audiencia. Por tanto, si en el caso concreto la quejosa reclama el auto de veintisiete de febrero dos mil veintitrés, dictado en el juicio ********************, de la estadística del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, en el que se determinó no acordar favorablemente la petición de la parte quejosa, relativa a que se cambiaran de sede las convivencias de la menor de identidad reservada de iniciales ******************** con su progenitor, las cuales se llevan a cabo en el Centro de Convivencia Familiar con sede en Toluca, Estado de México al diverso Centro con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México; resulta inconcuso que es impugnable a través del recurso de revocación de conformidad con los numerales transcritos. Cabe apuntar que el recurso de revocación, de resultar fundado, tendría por efecto revocar o modificar el acto reclamado, de ahí que se materializa el supuesto descrito en el apartado uno. 2. No se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad. En cuanto al supuesto descrito en el apartado dos, relativo a las excepciones al principio de definitividad, conviene mencionar que no se actualiza ninguna. En efecto, el acto impugnado no importa privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Además, la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño, ya que, es parte del juicio de origen. De igual manera, el acto reclamado no consiste en algún auto de vinculación a proceso dictado en contra de la quejosa. Y finalmente, la procedencia del recurso no admite una interpretación adicional. En esa tesitura, no se configuran las excepciones del principio de definitividad descritas en el apartado cuatro. Por consiguiente, se materializa el supuesto que conforma la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley, de manera que la quejosa debió agotar el recurso de revocación contra el auto de veintisiete de febrero dos mil veintitrés, dictado en el juicio ********************, de la estadística del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, y, en consecuencia, la demanda de amparo deviene notoria y manifiestamente improcedente. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada de iniciales ******************** Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, lo anterior, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico Medios de comunicación alternos Asimismo, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales), el correo y número telefónico que refiere. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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