Karen Lorena Arzate Rivera

Expediente 1190/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1190/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
23/12/2021

Partes del expediente

  • Karen Lorena Arzate Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de noviembre del año en curso, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese impresión con evidencias criptográficas del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 29/NOV/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la promoción electrónica de cuenta recibida en términos del artículo 75 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por el cual el autorizado de la quejosa, por la cual el apoderado legal de la sociedad quejosa interpone recurso de inconformidad en contra del auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo en el presente asunto. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la inconformidad, distribúyase entre las partes copia del escrito que se atiende; y, dentro del término de tres días, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, el recurso de manera digital a través del sistema de interconexión, para que tenga a bien resolver lo que en derecho proceda. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: " En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso que se remite, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad de México, a dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que fenecieron los términos de tres días otorgados a las partes quejosa y tercero interesada, en auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujó dar a la ejecutoria de amparo; vista que fue desahogada únicamente por la parte quejosa. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a emitir el pronunciamiento respectivo, sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se impone destacar que el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorgaron para los efectos siguientes: "355. Efectos del amparo. En las relatadas circunstancias, al ser esencialmente fundados los agravios principales analizados contra los vicios propios del acto de aplicación reclamado, procede revocar el fallo recurrido y conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a la quejosa, para el efecto de que el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deje insubsistente el procedimiento de extinción y la resolución 838/2017 de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, que emitió en el expediente 1538/QROO/2011 y dicte una nueva, donde valore las constancias que componen los procedimientos de solicitud que originaron los títulos de concesión DGZF-271/13 y DGZF-168/17 y con fundamento en el artículo 24 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, con libertad de apreciación decida a quién asiste mejor derecho para aprovechar, explotar o usar la superficie materia de los títulos de concesión, es decir, si a la quejosa o a la tercero interesada y en su caso, qué superficie corresponde a cada una." Para esclarecer el caso y mejor proveer sobre el cumplimiento del fallo protector, resulta conveniente destacar algunas de las consideraciones que emitió el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para otorgar a la parte quejosa el amparo y la protección de la justicia federal, con los anteriores efectos; las cuales son del tenor siguiente: "325. Ciertamente, para la aplicación de la norma es necesario que exista igualdad de circunstancias entre los interesados, aspecto que a juicio de este tribunal colegiado no está sujeto a un tema de oportunidad, sino a que ambos soliciten la concesión y cumplan con los requisitos necesarios para su otorgamiento. 335. Virtud a lo expuesto, dado que la aplicación del orden de prelación previsto en el artículo 24 del reglamento, está condicionada a que existan interesados en igualdad de circunstancias y ello significa que soliciten la concesión y cumplan con los requisitos necesarios para su otorgamiento, toca decidir si en el caso, el director general responsable debió aplicar ese precepto a fin de resolver quién tiene mejor derecho a aprovechar, explotar y usar la superficie materia de concesión, es decir, si la quejosa o la tercero interesada. 341. Asimismo, que ambas se encontraban en igualdad de circunstancias debido a que solicitaron la concesión y cumplieron los requisitos necesarios, tan es así que, tiempo después les otorgó los títulos de concesión DGZF-271/13 a la quejosa y DGZF- 168/17 a la tercero interesada, como se ha visto. 342. Así, su otorgamiento evidencia el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello, pues de lo contrario no se hubieren emitido. 343. Luego de que la autoridad otorgó la concesión DGZF-271/13 y que su superior jerárquico resolvió el recurso de revisión de la tercero interesada, se percató que otorgó el título de concesión obviando el traslape entre superficies y que el medio de defensa no se encontraba resuelto, motivos por los que dio inicio al procedimiento de extinción y agotada su tramitación, emitió la resolución reclamada, donde, entre otras cosas: a) estimó que no procede la aplicación del artículo 24 invocado porque la quejosa no está en igualdad de circunstancias al haber ingresado su solicitud de concesión con fecha muy posterior a la tercero interesada; y b) extinguió el título de concesión aludido, al haberse otorgado por error derivado del traslape que advirtió y estar pendiente de resolución el recurso de la tercero y por ende, no haber quedado firme la negativa recurrida en el mismo. 344. Decisiones que a juicio de este tribunal colegiado son jurídicamente incorrectas, pues la quejosa y la tercero interesada se encuentran en igualdad de circunstancias al haber presentado la solicitud de concesión y cumplir con los requisitos necesarios para su otorgamiento, lo cual tuvo que valorar la autoridad ambiental y a fin de brindarles seguridad jurídica, no debió iniciar el procedimiento y luego extinguir el título de concesión de la quejosa, sino aplicar el artículo 24 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, para resolver a quién asiste mejor derecho para aprovechar, explotar y usar la superficie materia de concesión. 345. En efecto, previo a iniciar el procedimiento y extinguir el título de concesión la autoridad debió aplicar ese precepto reglamentario para decidir quién debe ejercer el derecho, pues al haber solicitado la concesión y cumplir con los requisitos necesarios, se encontraban en igualdad de circunstancias. 347. Es esa medida, si bien es cierto que la norma establece que en caso de que en igualdad de circunstancias existan interesados en usar, aprovechar o explotar la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítima, la autoridad ambiental debe observar cierto orden de prelación para otorgar las concesiones. 348. Lo cierto es que ante su falta de aplicación oportuna, no se advierte impedimento jurídico para que la autoridad aplique la misma regla en el caso concreto, pues se percató que otorgó el título de concesión de la quejosa soslayando que se encontraba en paridad de circunstancias frente a la tercero interesada, así como que la superficie se traslapa con la solicitud de ésta, cuya negativa era materia de un recurso pendiente de resolución y por ende, que no se encontraba firme. 349. Lo anterior, porque el propósito de aplicar la norma es resolver a quién asiste un mejor derecho de aprovechar, explotar y usar la superficie, para enmendar el error en que incurrió la autoridad y otorgar seguridad jurídica a los interesados. 350. Por tanto, se reitera, previo a iniciar el procedimiento y emitir la resolución de extinción del título de concesión de la quejosa, el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros debió aplicar el artículo 24 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 357. También es necesario puntualizar que la protección federal implica que se deje sin efectos la resolución de extinción del título de concesión DGZF-271/13 de la quejosa. 358. Bajo este panorama, si bien prevalecen ambos actos administrativos, el director general responsable dictará una nueva resolución donde aplicará del artículo 24 del reglamento invocado para resolver a quién asiste mejor derecho, es decir, si a la quejosa o a la tercero interesada y con ello, les otorgará seguridad jurídica, con lo cual enmendará aquella situación fáctica y jurídica cuya génesis estriba en su actuación administrativa." [Lo destacado es propio]. De las anteriores consideraciones se advierte lo siguiente: ? El tribunal de alzada determinó que la resolución reclamada número 838/2017 de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento de extinción número 1538/QROO/2011, en la cual se declaró la extinción por nulidad del título de concesión número DGZF-271/13, otorgado a la parte quejosa; era inconstitucional porque, previo a iniciar ese procedimiento y extinguir dicho título de concesión, debió aplicar el procedimiento de prelación previsto en el artículo 24 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. ? Así, determinó que fue incorrecta la decisión de la autoridad responsable en el sentido de que no era procedente la aplicación del citado artículo 24, porque la quejosa no estaba en igualdad de circunstancias al haber ingresado su solicitud de concesión con fecha muy posterior a la tercero interesada; para llegar a esta conclusión, el tribunal colegiado, realizó un estudio e interpretación del mencionado precepto reglamentario, y resolvió que la "igualdad de circunstancias", no está sujeta a un tema de oportunidad, sino a que dos interesados soliciten la concesión y cumplan con los requisitos necesarios para su otorgamiento. ? Derivado de lo anterior, dicho tribunal de alzada, decretó que la quejosa y la tercera interesada, se encontraban en igualdad de circunstancias, al haber solicitado la concesión y haber cumplido con los requisitos necesarios, tan es así que a ambas se les había otorgado las concesiones DGZF-271/13 y DGZF-168/17, respectivamente; destacando que, de no haber cumplido los requisitos necesarios, no se les hubieran otorgado esos títulos. ? Entonces, derivado de que la autoridad responsable, indebidamente inició y resolvió el procedimiento de extinción número 1538/QROO/2011, en el cual se declaró la extinción por nulidad del título de concesión número DGZF-271/13 otorgado a la quejosa, ya que lo hizo sin que previamente haya aplicado el procedimiento de prelación previsto en el artículo 24 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; el efecto de la ejecutoria de amparo, constriñó a la autoridad responsable a: I.- Dejar insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de extinción 1538/QROO/2011, incluyendo la resolución 838/2017 de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en la que se declaró la extinción por nulidad del título de concesión número DGZF- 271/13. II.- Emitir una resolución en los expedientes 1124/QROO/2010 y 1538/QROO/2011, en la que, con libertad de apreciación, aplique el procedimiento de prelación previsto en el artículo 24 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar y, decida a quién asiste mejor derecho para aprovechar, explotar o usar la superficie materia de los títulos de concesión DGZF-271/13 y DGZF-168/17, es decir, si a la quejosa o a la tercero interesada y en su caso, qué superficie corresponde a cada una. ? En este punto, es necesario precisar que, de las consideraciones 347, 348 y 358, de la ejecutoria de amparo, se advierte que, el Tribunal Colegiado de Circuito, reconoció que la aplicación correcta del procedimiento de prelación previsto en el artículo 24 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, es cuando los interesados tienen la calidad de solicitantes y, por ende, una vez aplicado dicho precepto, la autoridad ambiental debe resolver sobre el otorgamiento de las concesiones; por lo que, puntualizó que ante la falta de aplicación oportuna del citado artículo, la autoridad no estaba impedida jurídicamente para aplicarlo en el caso concreto, esto es, aun cuando la parte quejosa y la tercera interesada, ya tenían la calidad de concesionarias, e incluso, destacó que si bien prevalecían ambos actos administrativos [títulos de concesión DGZF-271/13 y DGZF-168/17], la autoridad responsable, tenía que dictar la resolución en la cual, aplicando el multicitado artículo 24, resolvería a quien asiste mejor derecho, es decir, si a la quejosa o a la tercera interesada, con lo cual enmendaría la aplicación oportuna de dicho artículo. Puntualizadas las directrices fijadas por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para dar cumplimiento al fallo protector, se procede al estudio de las constancias que obran en autos. Así, a través del oficio recibido en este órgano jurisdiccional el día trece de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, remitió copia certificada de la resolución de prelación número 415/2021, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, por medio del cual el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, precisó que se dejó insubsistente el procedimiento de extinción y la resolución 838/2017 de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, emitida en el expediente 1538/QROO/2011 y dictó una nueva, donde valoró las constancias que componen los procedimientos de solicitud que originaron los títulos de concesión DGZF-271/13 y DGZF-168/17 y con fundamento en el artículo 24 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, decidió a quién asiste mejor derecho para aprovechar, explotar o usar la superficie materia de los títulos de concesión, es decir, ratificó los derechos del título de concesión DGZF-271/13, a favor de la moral PLAYA TUCANCUN, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, y declaró la extinción del diverso título de concesión DGZF-168/17, cuyo titular era la tercero interesada En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que la responsable realizó lo ordenado, con motivo del amparo concedido; y por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Finalmente, se tiene por recibido el escrito suscrito por José Luis Duarte Cabeza apoderado legal de BCO TUCANCÚN, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones y solicita se realice pronunciamiento sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el escrito de cuenta únicamente para que obre como corresponda en razón de lo determinado en el presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y personalmente a la tercero interesada

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