Karen Lizeth Vinalay Ayala y Otros.
Expediente 1057/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Karen Lizeth Vinalay Ayala y Otros.
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, sector Costa Azul, con sede en esta ciudad. En ese sentido, regístrese con el número 1057/2023-I-A y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso, sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el numeral transcrito, impone la obligación al que resuelve de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (...). "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (...). VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". De la primera disposición transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos ante el Juez de Control competente. Ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, es que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Precisado lo anterior, en el caso concreto los quejosos reclaman la omisión de la autoridad responsable de integrar la carpeta de investigación 12030290400771191022, así como de recabar los datos de prueba encaminados a esclarecer los hechos denunciados; sin embargo, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado los quejosos, previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraban obligados a agotar el medio ordinario de impugnación, esto es, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el numeral 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de impugnar ante autoridad judicial tanto las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario el cual deben agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse de integrar y judicializar una carpeta de investigación. Dichas omisiones o determinaciones pueden ser impugnadas ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá dejar sin efectos la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, si es que no se justifica la procedencia de la determinación del representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -recurso innominado-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente, es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 apartado C, fracción VII, Constitucional, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las omisiones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En el caso, tenemos que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que la parte quejosa en su escrito de demanda, reclama del Agente del Ministerio Público, del sector Costa Azul, en esta ciudad, la omisión de integrar la carpeta de investigación 12030290400771191022, omisión que es evidente que en su calidad de víctimas -los quejosos- pueden impugnarla ante el juez de control, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos; por tanto, es indefectible que la parte quejosa, antes de acudir a esta instancia, debió necesariamente interponer dicho recurso innominado, pues es un medio de defensa que la legislación ordinaria contiene y que tiene como finalidad que el juez de control estudie dicha omisión. Es aplicable, al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2017641, del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2017640, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." Máxime que tal como lo dispone expresamente el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales la determinación que el Ministerio Público adopte en la carpeta de investigación deberá notificársela en su carácter de victimas a fin de que estén en aptitud de impugnarla dentro de los diez días siguientes ante el Juez de Control. En esa coyuntura, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Karen Lizeth Vinalay Ayala y Salvador García Díaz. Por otro lado, se tiene como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gregorio Valente Ramírez, Víctor Ernesto Manzanarez Francisco, Faustino Ricardo Valderrama Guerrero, Lidia Yecenia Martínez Cabello, José Salvador Lomelí Crispín, Gerardo Marroquín Rodríguez y José Antonio Leyva García, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Ma. Patricia Guatemala Palma, Walter Alarcón González y Arturo Rojas Cano, por no contar con el requisito anterior, así como a Joel Rumualdo Vicencio, Emma Lurdes Calletano Castro y Said Segura Castro, por designación expresa. Ahora bien, toda vez que de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "MANZANAREZASOCIADOS" corresponde a Víctor Ernesto Manzanarez Francisco. En consecuencia, como lo solicita expresamente el promovente, se le autoriza a dicho profesionista la consulta del expediente electrónico, en la inteligencia de que dicha autorización está condicionada en todo momento a que la Firma Electrónica se mantenga vigente, y se ordena notificar a la quejosa las actuaciones de carácter personal, vía electrónica, para los efectos legales conducentes. Por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, acorde a lo dispuesto en la Jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, registro digital 2026122, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Por tanto, se instruye al Oficial SISE, así como al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, a efecto de que verifiquen que la parte quejosa cuenta con los permisos y accesos necesarios para visualizar los archivos de todas y cada una de las promociones presentadas en el expediente en que se actúa, así como los acuerdos emitidos y las notificaciones practicadas. Se le tiene proporcionando números de teléfonos y correo electrónico, sólo para cuestiones no procesales, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nueve esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo vigente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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