Karen Lizbeht Vences Aguilar y Otros.

Expediente 875/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
875/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Karen Lizbeht Vences Aguilar y Otros.
  • Alejandro Vences Aguilar
  • Karen Lizbeht Vences Aguilar
  • Alejandro Vences Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la determinación de doce de marzo del año en curso, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio con anexo de cuenta, a través del cual el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, comunica que el ocho de marzo del año en curso, se llevó a cabo la audiencia inicial dictada dentro del expediente 1041/2019 y su acumulado 34/2020, en la cual las partes llegaron a un convenio, por lo que el asunto quedo totalmente archivado y se dejó insubsistentes las medidas provisionales decretadas en el mismo; adjuntando copia certificada del acta mínima de la aludida audiencia, para justificar lo anterior. Atento a lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se evidencia que el ocho de marzo pasado, se llevó a cabo la audiencia inicial en el expediente 1041/2019 y su acumulado 34/2020 de su índice, en la cual las partes llegaron a un convenio en dicho asunto. En esas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 81, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 71, Noviembre de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente número 1041/2019, tramitado ante la autoridad responsable. Sin embargo, de las constancias que adjunta la responsable como complemento al oficio que se atiende, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas de actuaciones fedatadas por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se advierte que la autoridad responsable el ocho de marzo de dos mil veintiuno, celebró la audiencia inicial dictada dentro del expediente 1041/2019 y su acumulado 34/2020 de su índice, en la cual las partes llegaron a un convenio, por lo que el asunto quedo totalmente archivado y se dejó insubsistentes las medidas provisionales decretadas en el mismo. En ese orden de ideas, como la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la resolución de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente número 1041/2019; empero, de las constancias remitidas se aprecia que el ocho de marzo pasado, el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, celebró la audiencia inicial en la cual las partes llegaron a un convenio, por lo que el asunto quedo totalmente archivado y se dejó insubsistentes las medidas provisionales decretadas en el mismo; motivo por el cual, cesaron los efectos del acto reclamado, al emitirse el convenio entre las partes en el procedimiento especial de divorcio incausado promovido por el quejoso Alejandro Vences Gómez en contra de Evelia Aguilar Enciso. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Junio de 1999, Novena Época, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo tal, que la situación jurídica de la parte quejosa volvió al estado que guardaba, sin dejar huella en su esfera jurídica, como si nunca hubiera existido y, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y ésta se hubiera ejecutado; en consecuencia, se procede sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 356, Apéndice 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De ahí que al advertirse la causa de improcedencia en estudio, y con el fin de velar por el derecho del quejoso a una impartición de justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional, el sentido de la presente determinación sería el mismo. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 386, Marzo de 2003, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional, prevista para las diecisiete horas con quince minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se deja sin efectos en razón de la determinación anterior.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos); a través del cual el Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en alcance al oficio 198/2020 de su índice, remite las siguientes constancias: Un DVD que contiene copia certificada de audiencia inicial verificada el 30/11/2020. Dos discos compactos que contienen video grabaciones privadas realizadas fuera de juicio, exhibidas por Alejandro Vences Gómez. Dos discos compactos que contienen video grabaciones privadas realizadas fuera de juicio, exhibidas por Alejandro Vences Gómez. Copias cotejadas de diversos documentos exhibidos por Alejandro Vences Gómez. Por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convengan; sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, se ordena glosar al expediente en una mica para su protección los discos compactos que anexa la autoridad oficiante.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); a través del cual el Juez Quinto Familiar de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, rinde su informe justificado, y como complemento del mismo, adjunta copias certificadas de todo lo actuado en los autos del expediente 1041/2019 y su acumulado 34/2020. Por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convengan; sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Luego, dada la voluminosidad de las constancias que remite dicha autoridad responsable, y para su debido cuidado, previa caratula de identificación, manéjense como anexos por separado. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, se advierte, que mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte y veintitrés de febrero del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto a los medios de prueba ofrecidos por Alejandro Vences Gómez en representación de los menores Karen Lizbeth y Alejandro ambos de apellidos Vences Aguilar, consistentes en: La Documental Pública, consistente en todas y cada una de las actuaciones que obran en autos del expediente 1041/2019, radicado ante el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (.); La pericial en materia de psicología; La Documental Pública, consistente en el informe justificado que haya rendido a la presente fecha la autoridad responsable; y La prueba indiciaria consistente en todo lo que de autos del expediente 1041/2019, radicado ante el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, estado de México, se desprenda como indicios recabados que tengan relación y les beneficien. Asimismo, por auto de diecinueve de febrero pasado, se reservó proveer lo conducente, respecto de la prueba ofrecida por Oscar Merced Olivares Salazar, en su carácter de asesor jurídico de los menores de identidad reservada de iniciales K.L.V.A. y A.V.A., consistente en: La documental Pública, consistente en el informe rendido por la autoridad señalada como responsable. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable se le tuvo rindiendo su informe justificado en párrafos que anteceden; en consecuencia, en relación a las pruebas referidas en los numerales 1, 3, 4 y 5, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, por cuanto hace a la prueba pericial en materia de psicología, referida en el número 2 con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo no ha lugar admitir la misma, en razón al no haber quedado demostrada su pertinencia e idoneidad. En efecto, el numeral 119 de la Ley de Amparo, establece que serán admitidas toda clase de pruebas en el juicio de amparo excepto la confesional por posiciones, así como las reglas a las que se sujetaran las mismas, no menos cierto es que las mismas deben de cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Se debe entender el primero de tales principios como la limitación del juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expedites en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.14 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1888, tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." En ese contexto, con dicha prueba pericial, el promovente del amparo pretende determinar si existe daño psicológico, físico, emocional o moral en los menores que haya sido causado por su progenitora. Empero, el acto reclamado en la presente instancia se hace consistir en la resolución dictada el veintiocho de octubre de dos mil veinte, por el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente número 1041/2019; por lo tanto, el referido medio de convicción, no es materia de análisis del presente juicio de amparo; máxime que con la misma se pretende acreditar cuestiones que deben ser ventiladas ante el juez natural. En tal contexto, las pruebas deben ser tendentes a acreditar que la resolución interlocutoria que se indica como acto reclamado, no se encuentra ajustada a derecho o no está debidamente fundada o motivada. Finalmente, toda vez que de estado que guardan los autos, se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las trece horas con quince minutos del once de marzo de la presente anualidad; por tanto, a fin de dar oportunidad a que las partes tomen conocimiento de lo anterior, difiérase anticipadamente la misma y en su lugar se fijan las diecisiete horas con quince minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, para su verificativo.

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