Karen Lisseth Flores Faz

Expediente 1033/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1033/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Karen Lisseth Flores Faz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, doce de marzo de dos mil veintiuno. - CAUSA ESTADO - Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el trece de marzo de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 1/2021. 1033/2020-IV.

  2. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, once de febrero de dos mil veintiuno. -Devolución documentos- Visto el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que indica, previa copia certificada que de los mismos quede agregada en autos y constancia de su entrega; se tienen como autorizados para que en su nombre los reciba, a las personas que refiere. -GENERACIÓN DE CITAS- En atención a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, se hace saber a la promovente que, en los términos previstos en ese ordenamiento, para el caso comparecer a recoger los documentos de los que solicita la devolución, además de ser necesaria la consulta del expediente de manera física, el desahogo de comparecencia o requerimientos, deberán generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Notifíquese por lista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus COVID19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020.... 1033/2020-IV.

  3. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación, se desprende que el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, no se ha notificado a la quejosa Karen Lisseth Flores Faz; por tanto, se instruye al actuario de la adscripción para que de inmediato realice la diligencia ordenada en dicho proveído. Notifíquese personalmente a la quejosa (CON COPIA DEL AUTO DE DESECHAMIENTO)....1033/2020-IV.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte .. Aguascalientes, Aguascalientes, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Karen Lisseth Flores Faz, contra actos del Director de Recursos Financieros del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y otras autoridades; fórmese el expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, con el consecutivo 1033/2020-IV. -DESECHAMIENTO- Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Del precepto de mérito se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En el particular se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Articulo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] I La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." De los anteriores numerales se desprende que el juicio de amparo únicamente procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección; de igual forma, que autoridad para los efectos del juicio de amparo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es decir, todo acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo, debe provenir de una autoridad constituida y facultada por la ley, lo cual constituye una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable, con la investidura para tomar decisiones o resoluciones con las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad, y que el resultado de su actuar cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten al particular. Por tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad, por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto u omisión, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame; esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Conforme lo anterior, se concluye: 1. El Estado en relación con los miembros de las instituciones policiales, con los cuáles mantiene una relación administrativa, actúa de forma general en un plano de coordinación. 2. Excepcionalmente actúa en un plano de supra a subordinación cuando con el acto en concreto pudiera tener como consecuencia la separación definitiva del servidor público con el Estado, como es el caso de los procedimientos administrativos, o bien, del cese del servidor público. En ese aspecto, se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P.XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento dieciocho, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Director, Director de Capital Humano, Contadora Pública perteneciente al área de capital humano y Director de Recurso Financieros, todos del Instituto de Servicios de la Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), la omisión de responder la petición que realizó en escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la Unidad de Admisión de Documentos del referido Instituto. Asimismo, reclama las consecuencias de ello. Como antecedentes del acto reclamado, la promovente expone bajo protesta de decir verdad lo siguiente: - El ocho de junio del año en curso, la quejosa se postuló para una vacante del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), sin embargo, en virtud de que le informaron que no se firmarían los contratos, sino que ello acontecería hasta que se enviaran por parte del referido Instituto, la quejosa no acudió a laborar. - El siete de septiembre del año en curso se percató de que le hicieron nueve transferencias a su cuenta bancaria personal por concepto de "pago médico". - Con motivo de ello acudió al Centenario Hospital Miguel Hidalgo, a fin de que informar aquel hecho, donde le informaron que tenía que firmar una carta en la que se obligaba a efectuar la devolución de los pagos, pero ese documento no especificaba el protocolo de devolución ni el número de cuenta correspondiente del Instituto de Salud para el Bienestar. - En virtud de que la quejosa no recibió información respecto de lo anterior, el veinte de noviembre de esta anualidad pretendió presentar una petición, pero se negaron a recibírsela con el motivo de que lo único que debía realizar es la devolución de los pagos hecho de manera errónea. Similares circunstancias sucedieron el veintitrés de noviembre de dos mil veinte. - El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, presentó u escrito en el área de Unidad de Admisión de Documentos del Instituto de Servicios de la Salud del Estado de Aguascalientes en el que solicitó se le haga llegar el protocolo y número de cuenta, así como el nombre de la institución bancaria para estar en posibilidad de efectuar la devolución de la cantidad que recibió por pagos que le realizaron erróneamente; sin que a la fecha le hayan dado respuesta. De lo expresado con anterioridad se desprende que atendiendo al acto que se reclama, a quienes se señalan como responsables no actúan como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino como consecuencia de una cuestión administrativa en virtud de un eventual vínculo laboral entre la quejosa y quienes se señalan como responsables; de tal manera que actúan en un plano de igualdad. En efecto, a fin de determinar si el acto reclamado constituye o no acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta insuficiente el hecho de que la responsable constituya un organismo de Gobierno, pues además es indispensable que éste se haya emitido en una relación de supra a subordinación. De lo que se concluye que en la especie el acto recamado no tiene el atributo de provenir de un ente de derecho público revestido de imperio frente al particular, sino de una relación de coordinación entre los mismos, que deriva de la postulación de la quejosa a ocupar un puesto en el Instituto Nacional para el Bienestar y que, con motivo de la eventual contratación, recibió cantidades por concepto de "pago médico". De ahí que en ese supuesto en concreto, el Estado actúa en un plano de coordinación y, por ende, no satisface los requisitos para considerarlo proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, al no derivar de una facultad imperiosa, o bien, donde se aplique el ius puniendi del Estado. Por la esencia que la rige, e invoca la jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 28, Tomo II, Marzo de 2016, Página 1639, Materia Común, Décima Época, bajo rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así }como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Se suma al criterio ante transcrito, la jurisprudencia P./J. 42/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, página 126, que dice: . No pasa desapercibida la jurisprudencia 54/2012 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible con el registro 2011888, en la página 829 del Libro 31, Junio de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". Empero, dicho criterio no impide que se pueda apreciar la causa de improcedencia que en forma notoria y manifiesta se actualiza en la hipótesis en análisis, cuenta habida que la imposibilidad jurídica y material para que se determine en el auto inicial de trámite de demanda de amparo, si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se refiere exclusivamente al acto que se precisa en el propio criterio, es decir, al Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), aprobada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, tomo II, página 1224, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I y el 5 fracción II, de la ley de la materia, con fundamento en el artículo 113, de la invocada Ley, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. Ilustrativo de lo anterior, por las identidad de razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia PC.I.L. J/31 L (10a.), visible con el registro 2014759, en la página 781 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, de epígrafe y texto siguientes: "SALARIOS Y PRESTACIONES QUE REGIRÁN PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS A PARTIR DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR, EN EL AUTO INICIAL DEL TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, SI EL ACUERDO NÚMERO DCAS-2572- 2015, QUE LOS PREVÉ Y QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO, PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado, el Juez de Distrito está en posibilidad jurídica y material de determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda, cuando se impugne el Acuerdo número DCAS-2572-2015, relativo a los "SALARIOS Y PRESTACIONES QUE REGIRÁN PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS A PARTIR DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE", con base en el cual se calcula y paga la pensión jubilatoria a los trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos, ya que cuenta con elementos e información suficientes para ello, que se obtienen de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios y de los documentos anexos a esas promociones; además, porque la inconformidad se centra en la aplicación del citado acuerdo, es decir, lo reclamado y sobre lo que versa la litis es lo atinente a prestaciones laborales." -DOMICILIO- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -AUTORIZADOS- Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a Víctor Velasco Barba y Rosa Aurora Guadalupe Zúñiga Esparza por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En cambio, se tienen como autorizados en términos restringidos a Yarentsi Nataly Márquez Montoya y Francisco Velasco Barba al no haber acreditado el extremo anterior. -SE AUTORIZAN MEDIOS ELECTRÓNICOS- Por otro lado, se autoriza el uso de medios electrónicos como cámaras de fotografías, grabadoras o lectores ópticos en cuanto a la consulta de las constancias que integran el expediente en que se actúa, sin perjuicio de las medidas necesarias para que sea utilizada con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar determinación o actuación alguna; debiéndose dejar constancia en autos. En el entendido de que la fe pública del servidor público no queda comprometida en cuanto a la posterior reproducción y edición que hagan los interesados. -HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -TRANSPARENCIA- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General.

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