Karen Janeth Rodriguez Marin

Expediente 675/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
675/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Karen Janeth Rodriguez Marin

Actuaciones

  1. Principal

    En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que ha CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta destaca que a la fecha, transcurrió el término legal de cinco días a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención efectuada en auto de veintiséis de noviembre del año que transcurre. En ese sentido, tomando en consideración que dicho plazo transcurrió del treinta de noviembre al cuatro de diciembre del año en curso; sin que la parte quejosa cumpliera la aludida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Asimismo, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Karen Janeth Rodríguez Marín, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 675/2020. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES Ahora, del contenido integral de la demanda no se advierte con claridad cuál es el acto o actos de que se duele la parte quejosa. Ello, pues por un lado, señala del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, la dilación en sustanciar el inicio del procedimiento administrativo adversarial sin otorgar un ingreso mínimo durante el tiempo que dure el procedimiento. De igual forma, refiere de la Dirección y Delegación Administrativa de la Policía de Fuerza Ciudadana, Coordinación de Administración y Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, la falta de competencia para gestionar por escrito la preventiva de pago de sueldos. También, de la Dirección de la Policía de Fuerza Ciudadana refiere el no implementar la medidas sanitarias y laborales para apoyar al personal que padece el COVID-19, tal como dice que lo establece el decreto por el que se instituyen medidas y acciones para la prevención, detención, contención, control, retraso y reducción del contagio y propagación del virus denominado COVID-19 en el Estado de Chiapas, último párrafo. Además, del Tesorero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, expresa la falta de competencia para autorizar la preventiva de pago de sueldos durante el procedimiento administrativo adversarial. Asimismo, del Coordinador General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, con residencia en esta ciudad, la falta de competencia para autorizar la preventiva de pago a los policías que se encuentren bajo un procedimiento administrativo adversarial, sin antes otorgar un ingreso mínimo vital. Mientras que, de la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico en su carácter de vocalía técnica del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refiere la negativa de agilizar el procedimiento administrativo y señalar fecha de audiencia de ley del procedimiento administrativo, corriendo traslado de las copias del expediente. Por otro lado, manifestó del Encargado del Área de Investigación Interna en su carácter de Órgano Prosecutor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el exceso de tiempo para sustanciar el archivo de investigación para no obstaculizar el procedimiento administrativo. Al respecto, es menester precisar que la falta de competencia para gestionar y autorizar la preventiva de pago de sueldos y el exceso de tiempo para sustanciar el archivo de investigación y el procedimiento administrativo, son en realidad calificativas de los actos y argumentos para destacar sus aspectos circunstanciales, sin que el quejoso haya precisado cuál es el acto o actos de que se duele, esto es, la conducta (activa o pasiva), que se atribuye a las autoridades responsables. Tiene aplicación, la tesis I. 3o. A. J/26, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 69, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Por otra parte, menciona que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Secretario General de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, Consejero Jurídico del Gobernador y Jefe de la Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales, residentes en esta ciudad, la inconstitucionalidad de la fracción VI del artículo 52 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y su aplicación, pero no precisa cuál es el primer acto de aplicación, su fecha de emisión, la fecha de notificación o de su conocimiento y a qué autoridad en particular se lo atribuye. Igualmente, en el capítulo de conceptos de violación, refiere que los artículos 42 y fracción VI del artículo 52 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, establecen un término excesivo para sustanciar el archivo de investigación y el procedimiento administrativo. En otro aspecto, menciona la aplicación de los artículos 96, fracción III y 99 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los que se establece la medida de apremio consistente en la preventiva de pago, la cual dice que viola el principio de presunción de inocencia. Así también, señala que el Director de la Policía de Fuerza Ciudadana, ordenó el dar faltando a la quejosa, no recibió sus constancias medidas y ordenó la preventiva de pago, en lugar de brindarle las facilidades y el apoyo debido a encontrarse enferma por síntomas de COVID 19, sin precisar si pretende reclamar un acto en concreto al respecto. De ahí que no se advierte con claridad cuál es el acto o actos de que se duele y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno. Lo anterior, ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". En consecuencia, con fundamento en los numerales 108 fracciones IV y V y 114, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído que ahora se dicta, precise lo siguiente: A) En atención a que señala el exceso de tiempo para sustanciar el archivo de investigación, deberá precisar si en realidad reclama únicamente la omisión de turnar los autos a la autoridad sancionadora para que inicie un procedimiento administrativo en contra de la parte quejosa, indicando el número de expediente correspondiente, a qué autoridad se lo atribuye o si esto se refiere a que reclama la omisión en notificar el inicio del procedimiento administrativo adversarial o algún otro acto, indicando a qué acto hace referencia. B) O bien, si en realidad reclama la orden de preventiva de pago dictada en el archivo de investigación de origen, precisando si es la de quince de julio del año en curso, que inició en esa quincena y a qué autoridad en particular atribuye dicho acto. C) Precise si reclama de forma destacada la negativa de notificarle el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa instado en su contra, de ser así, precise si aquella negativa se emitió de manera verbal o escrita, la fecha de su emisión, la fecha de su notificación o de conocimiento y a qué autoridad en particular se lo atribuye o si esto lo menciona sólo como consecuencia del acto reclamado. D) Tomando en cuenta que refiere la falta de competencia para ordenar la preventiva de pago de sueldos, deberá indicar si se duele de manera preponderante de la orden de suspensión de pago de sueldos, dictada en el archivo de investigación natural, aclarando si esto fue lo que dejó de percibir a partir de la primer quincena de julio de dos mil veinte, precisando la fecha de dicha orden y a qué autoridad se lo atribuye o si esto lo menciona únicamente como consecuencia del acto reclamado o la violación que le atribuye. E) Toda vez que de la Dirección de la Policía de Fuerza Ciudadana refiere el no implementar la medidas sanitarias y laborales para apoyar al personal que padece el COVID-19, tal como dice que lo establece el decreto por el que se instituyen medidas y acciones para la prevención, detención, contención, control, retraso y reducción del contagio y propagación del virus denominado COVID-19 en el Estado de Chiapas, último párrafo, deberá manifestar si pretende reclamar un acto en particular relacionado con dichas manifestaciones, indicando a qué acto se refiere, señalando su fecha, número de oficio o cualquier otro dato que permita identificarlo o si únicamente es un concepto de violación relacionado con la orden de suspensión de pago de sueldos. F) Si reclama de manera destacada la inconstitucionalidad de la fracción VI del artículo 52 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su caso, precise cuál fue el primer acto de aplicación en su esfera jurídica, la fecha de su emisión, así como la de notificación o conocimiento y a qué autoridad se lo atribuye. G) Si se duele de forma destacada de diverso precepto legal, en ese caso, deberá indicar a qué artículo y norma general en particular se refiere, a qué autoridad se lo reclama, cuál es el acto de aplicación de dicho precepto legal, si éste es el primero o uno ulterior y a qué autoridad se lo atribuye. H) Precise si al referir que el Director de la Policía de Fuerza Ciudadana ordenó dar faltando, se refiere al levantamiento de algún acta administrativa, fe de hechos o similares, aclarando cuál, su fecha exacta, si la señala como acto reclamado, si participó en su elaboración, cómo y cuándo tuvo conocimiento de ella y a qué autoridad se lo atribuye. I) Además, precise cuándo y cómo tuvo conocimiento de que le fue suspendido su sueldo. J) Asimismo, aclare si ya fue suspendida de su cargo, desde qué fecha y, cuándo fue el último día que laboró. K) Señale la fecha exacta y la forma en que conoció los antecedentes que llegue a relatar. L) Toda vez que, se refiere al juicio 1345/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, deberá manifestar cuál es el acto reclamado en dicho procedimiento y en qué estado se encuentra, así como qué relación existe entre aquél y éste. M) Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y de sus autorizados que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que si opta por dar cumplimiento de forma física a la prevención de mérito, deberá exhibir diecisiete copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que catorce son para las autoridades responsables, dos para el incidente de suspensión y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ángel Celestino Ramírez. Por otra parte, toda vez que, la parte quejosa señaló dos domicilios para oír y recibir notificaciones, uno en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y otro por medio del juicio en línea, por lo tanto, a efecto de evitar confusiones y dado el estado de contingencia sanitaria derivada de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, así como, para dar celeridad a las notificaciones en el presente juicio de amparo, se tiene únicamente la vía electrónica como medio para oír y recibir notificaciones de la parte peticionaria del amparo. En tal virtud, y como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente asunto al usuario que menciona, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En relación a su solicitud, y tomando en consideración que el usuario "angelcelestino0477", se encuentra registrado, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario; por tanto, como lo dispone el numeral 21 del Acuerdo General 12/2020, Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese las gestiones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el usuario en cita pueda efectuar la consulta electrónica del expediente en que se actúa. Atento a lo acordado en el párrafo que antecede, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite la casilla electrónica del auto referido; asimismo, verifique que todas y cada una de las determinaciones que se lleguen a emitir a partir del presente auto en el expediente en que se actúa puedan ser consultadas vía electrónica, es decir, al momento de realizar la publicación del acuerdo deberá cerciorarse que la casilla correspondiente a la notificación electrónica o por lista se encuentren debidamente requisitadas, para efecto de que el quejoso pueda realizar la consulta del expediente electrónico. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio.

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