Karen Itzel González Jimenez
Expediente 173/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Karen Itzel González Jimenez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, con sede en **********, y de otras autoridades. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito y anexos de cuenta presentado por ******************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero,, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número *************, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO La quejosa *****************, reclamó de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: "A).- La ilegal suspensión y/o retención de mis salarios que quincenalmente venía percibiendo como trabajadora de la Subsecretaría de Fomento Turístico en la Zona Norte, que me fueron suspendidas a partir de la segunda quincena del mes de enero de 2022, correspondiente al periodo del 15 al 30 de enero de 2022, y las que se me sigan reteniendo y/o suspendiendo, hasta que me sean liberadas por vulnerar mis garantías individuales y constitucionales, así como mis derechos humanos, ya que hasta esta fecha no me han depositado mi pago quincenal, no obstante a que sigo desempeñando normalmente mis actividades, " Este Juzgador considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 1 fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Los preceptos legales antes invocados permiten apreciar que, para la procedencia del juicio de amparo, no es suficiente el reclamo de una violación a los derechos humanos reconocidos, y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; sino que, la contravención o trasgresión de los derechos fundamentales, debe ser imputable a una autoridad. En la jurisprudencia por reiteración de tesis 2a./J.164/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que las notas distintivas de una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: i. La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ii. Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. iii. Con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. iv. Para emitir esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el criterio antes citado, el Alto Tribunal de la República estableció que, el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, surge de relaciones de supra a subordinación, entendidas como las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden púbico y del interés social, caracterizadas por la imperatividad, coercitividad y unilateralidad; en contraposición a las relaciones de coordinación, las cuales surgen entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias suscitadas entre las partes, último de los casos que en la especie se actualizó. La jurisprudencia a que se hizo alusión, se encuentra localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página 1089 (registro 161133), la cual es del tenor: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, para los efectos del juicio de amparo, una autoridad responsable será aquella a quien la norma legal faculta para emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones que afectan la esfera jurídica del gobernado, sin requerir su voluntad o aún en contra de ella. Esto es, acto de autoridad es el emitido en ejercicio de las facultades decisorias que le están atribuidas, en la ley, al emisor; por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo precisa que, tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Con base en los anteriores lineamientos, el acto destacado no tiene la naturaleza de acto de autoridad, toda vez que la potestad a quien se le atribuyó, no puede considerarse como autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo. Lo anterior se considera así, pues en su demanda de amparo, la quejosa narró ser trabajadora de la potestad responsable Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; lo cual revela la relación laboral que la promovente del amparo sostiene con la aludida Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que señaló como responsable, en su carácter de patrón. Por tanto, el acto destacado no es susceptible de impugnarse directamente a través de la acción constitucional, pues la pretensión de la quejosa consistió esencialmente en que, se le pagara sus salarios retenidos a partir de la segunda quincena de enero de dos mil veintidós, correspondiente al periodo del quince al treinta de enero de dos mil veintidós, y las que se sigan reteniendo y/o suspendiendo; circunstancia meramente relacionada e inherente a la relación de trabajo que existe entre la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y sus trabajadores, regulada por el artículo 123 Constitucional, y la ley laboral aplicable. La quejosa reclamó de su empleador acciones y omisiones que, desde su punto de vista, trasgredieron lo dispuesto por el artículo 5 Constitucional; sin embargo, para hacer procedente el juicio de amparo, el acto debe ser reclamado a una autoridad, o a un particular que realice actos equiparables, lo cual no aconteció, pues los patrones, al efectuar determinaciones o actos con relación a sus empleados, aun cuando violaran sus derechos humanos, no adquieren el carácter de autoridades responsables o ente equiparado a una, precisamente por el plano de igualdad con motivo de la relación laboral pre-existente. De tal manera, el derecho de la quejosa para solicitar el pago de sus salarios retenidos a partir de la segunda quincena de enero de dos mil veintidós, correspondiente al periodo del quince al treinta de enero de dos mil veintidós, y las que se sigan reteniendo y/o suspendiendo, que sostiene no le han sido cubiertos; no encuentra su origen en una relación de supra a subordinación, sino de una relación laboral que mantiene en un plano de coordinación con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado donde labora; por ello, el acto reclamado no pueda ser considerado de autoridad para efectos del juicio de amparo. Con la precisión que, la impetrante tiene expedito su derecho para instar en contra de la dependencia en cuestión, y ante el tribunal ordinario laboral, cualquier acción jurisdiccional laboral, y no acudir directamente al juicio de amparo, pues este último, constituye un medio extraordinario de control constitucional, a través del cual se dilucida violación a los derechos humanos de los gobernados, y no aspectos relacionados con los derechos laborales de los trabajadores, que estimen infringidos por sus patrones. En conclusión, si la quejosa reclamó la retención de sus salarios a partir de la segunda quincena de enero de dos mil veintidós, correspondiente al periodo del quince al treinta de enero de dos mil veintidós, y las que se sigan reteniendo y/o suspendiendo, tal circunstancia no puede ser analizada de manera inmediata, a través de la acción de amparo, sino sometida en la vía ordinaria laboral, ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo. Por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda planteada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que al efecto se indica en su demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********************, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas por no contar con registro de su cédula profesional. De igual forma, se tiene a la parte quejosa proporcionando su correo electrónico para los efectos legales conducentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º de citado Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Karen Denisse Armenta Herrera528/2022
- Karen Esveidie Barbosa Balboa617/2022
- Karen Esveidie Barbosa Balboa1541/2019
- Karen Esveidie Barbosa Balboa1273/2019
- Karen Esveidie Barbosa Balboa y Otros.1740/2022
- Karen Esveidie Barbosa Balboa1338/2019
- Karen Jeanette Romero Dillanes617/2016
- Karen Jeanette Romero Dillanes1065/2015
- Karen Velasco Vargas719/2019
- Karina Dimayuga Rodríguez277/2016
- Karina Dimayuga Rodriguez1106/2016
- Karina García de la O455/2017