Karen Ibeth Cabuto Cervantes
Expediente 1094/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/10/2018
Partes del expediente
- Karen Ibeth Cabuto Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 92 a 94), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de siete de septiembre pasado (folio 95), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 46 a 64), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la misma, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $3,648.00 (tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos moneda nacional), que resulta lo pagado por concepto de la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos de Fomento a la Educación, Asistencia Social y Universidad Autónoma de Nayarit, debidamente actualizada y sin la cantidad de "$280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde a la cuota fija mínima de las contribuciones adicionales a que está obligado el contribuyente, respectivamente; de cuya resta se obtiene el numerario de $3,368.00 (tres mil trescientos sesenta y ocho pesos moneda nacional). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, en el mes de agosto de dos mil dieciocho, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa, mientras que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, por lo que el periodo de actualización comprende dicho lapso, sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual inmediato anterior al período involucrado, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil dieciocho fue de 132.991 y para el mes de abril de dos mil dieciocho de 131.987. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.007606809761567. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $3,393.61 (tres mil trescientos noventa y tres pesos con sesenta y un centavos moneda nacional). Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia del cheque expedido en favor de la parte promovente de garantías por la cantidad de $3,393.62 (tres mil trescientos noventa y tres pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva (foja 93). Luego, al restar a la cantidad de previa mención la diversa correspondiente al remanente a devolver, se aprecia que se devolvió en demasía el numerario de $0.01 (un centavo moneda nacional); empero, dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de obtenerla, así como los que efectúe la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.Se tiene por recibido el escrito signado por *** en su carácter autorizado de la parte quejosa, a través del cual, solicita copias simples del cumplimiento que dio la responsable a la sentencia de amparo y las constancias que remitió; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, por disposición expresa de su artículo 2º, se autoriza la expedición de las copias que indica, a su costa, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos el promovente o la persona que faculta para tal efecto.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos del presente sumario constitucional, se advierte que el veintisiete de julio del año en curso, se requirió, en lo que al caso interesa, al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el objeto de que cumpliera con el fallo protector concedido, sin que hasta el día de hoy, haya informado lo propio. Por consiguiente, requiérase a la autoridad en cita, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe el cumplimiento a la sentencia. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, no manifestar el impedimento legal que tenga al efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de la Materia, en contra de la sentencia de seis de julio de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por consiguiente, acorde a lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la precitada autoridad responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que deberá emplear los medios a su alcance incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que requiera a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, manifestar el impedimento legal que tengan al efecto, se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la citada Ley. Lo anterior, no obstante que las autoridades responsables se encontraban gozando de su periodo vacacional en el lapso señalado en la cuenta para interponer el recurso de revisión respectivo, pues ese hecho no interrumpe el término para hacer valer ese medio de impugnación; además, que la notificación de la presente determinación se les realizará una vez concluido éste. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página seiscientos dieciséis, Tomo I, Segunda Parte-2, de enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Materia Civil, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "REVISIÓN. NO SE INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA INTERPONERLA, CUANDO ESTÁN DE VACACIONES EL TRIBUNAL COLEGIADO Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- Carece de trascendencia que se demuestre mediante circular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el boletín judicial respectivo, que en determinado lapso disfrutaron los tribunales del fuero común del período de vacaciones, pues por disposición del artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión debe interponerse por conducto del Juez de Distrito que dictó la sentencia constitucional recurrida, ya que en ese período, en dichos juzgados siempre existe personal encargado de recibir todo tipo de promociones." Asimismo, la tesis XXI.2o.P.A.31 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil ochocientos setenta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de dos mil seis, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "REVISIÓN EN AMPARO. ES EXTEMPORÁNEA SI SE INTERPONE FUERA DEL TÉRMINO DE 10 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE ADUZCA QUE EN EL MENCIONADO TÉRMINO DISFRUTABA DE VACACIONES.- La interpretación sistemática de los artículos 24, 26, 28, fracción I, 33, 34, fracción I, 83, fracción IV y 86 de la Ley de Amparo, permite establecer que en el juicio de amparo el cómputo de los términos comienza a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; que se incluirá en ellos el día del vencimiento, que se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles (con excepción de los términos relativos al incidente de suspensión que se contarán de momento a momento); que para la interposición de los recursos, correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ellas haya surtido sus efectos la notificación respectiva; que no se computarán dentro de los términos, los días hábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que deban hacerse las promociones; que en los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, las notificaciones se harán a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados, por medio de oficio que deberá entregarse ya sea a la propia autoridad o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, la notificación así practicada surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, es decir, desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas; que el plazo de diez días para interponer el recurso de revisión, en contra de las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, empezará a contar desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida; luego, la suspensión de labores de la autoridad responsable con motivo de sus vacaciones, no interrumpe el término para que ésta interponga el recurso de mérito, pues conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tratándose del juicio de garantías en la vía indirecta, tal medio de impugnación debe interponerse precisamente por conducto del Juez que pronunció la resolución materia de revisión; por ende, al computarse dicho término en perjuicio de la responsable, sólo podrán descontarse los días hábiles en que se hubieran suspendido las labores en el Juzgado de Distrito, pero no aquellos en que la autoridad recurrente disfrute de su periodo vacacional."
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