Karen Estefany Mar Magaña

Expediente 752/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
752/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Karen Estefany Mar Magaña

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días, otorgado mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, a fin de que subsanara su escrito de demanda sin que a la fecha lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, por lo que, téngase a Karen Estefany Mar Magaña, formulando demanda de amparo únicamente contra actos de las autoridades precisadas en el escrito inicial, todas con residencia en Mexicali, Baja California. Ahora bien, de un análisis efectuado al escrito de demanda se obtiene que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la misma, en razón de que la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, así como el domicilio particular de la quejosa se encuentran en la ciudad de Mexicali, Baja California, lo que supone la preeminencia de que el acto que por esta vía se reclama -orden de aprehensión, presentación, búsqueda o detención-, se ejecutará en aquella ciudad, máxime que la quejosa refiere en su escrito de demanda que agentes de la policía ministerial se presentaron en su domicilio con la finalidad de privarla de su libertad personal. Así también, resulta necesario precisar que el espíritu del artículo 37 de la Ley de Amparo, se encuentra orientado a otorgarle mayor facilidad al agraviado, para que desde su lugar de residencia pueda vigilar el desarrollo del juicio de amparo, dado los beneficios de economía procesal que esto provee. Al respecto, debe indicarse que la competencia es de orden público y un presupuesto procesal para el conocimiento y resolución de los asuntos que se someten a la jurisdicción de las autoridades encargadas de la impartición de justicia, y como tal debe ser estudiada de oficio por éste órgano jurisdiccional, circunstancia por la que no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si el acto reclamado requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de este Juzgado Federal de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción del anterior artículo se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: a) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, ante el que se presente la demanda, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. c) Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Estas tres reglas permiten determinar a qué Juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. Lo que no sucede tratándose de actos declarativos, pues cuando se reclamen actos de esta naturaleza, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda y preferentemente a la intención de la quejosa, se precisa como acto reclamado destacado, el siguiente: -La orden de aprehensión, presentación, búsqueda o detención dictada en su contra y su ejecución. En el caso, no se trata de una resolución de carácter declarativo, sino de una orden emitida por alguna de las autoridades que señala como ordenadoras para privarla de su libertad personal, así como su ejecución, por tanto, no se puede aplicar la regla de lugar de presentación de la demanda de amparo porque no se trata de un acto declarativo. Así, la fijación de la competencia debe ser atendiendo a las reglas de ejecución, por lo que, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Luego, si se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, en el caso, en Mexicali, Baja California, lugar donde este juzgador no ejerce jurisdicción. De ahí que, el acto reclamado, debe tener ejecución materialmente en aquella ciudad, aunado que de las manifestaciones vertidas por la quejosa, se advierte que ésta tiene su domicilio en Aves del Paraíso fraccionamiento Villaflorida, de la ciudad de Mexicali, Baja California, en donde -refirió- se presentaron agentes de la policía ministerial con el fin de privarla de su libertad. De esta forma, resulta inconcuso que no se surte la competencia a favor de este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto, dado que al tratarse de un acto que conlleva ejecución material, traducido en la orden de aprehensión o detención de la impetrante, quien manifestó que tiene el temor de ser arrestada en el lugar en donde vive, sin embargo, no señala alguna autoridad ejecutora, con residencia en esta ciudad, aunado a que precisa que su residencia habitual se encuentra en la ciudad de Mexicali, Baja California, lo que deja de manifestó que, en este asunto, será en aquella entidad, en donde se ejecutará el auto que le depara perjuicio, por lo que en aras de una impartición pronta y expedita acorde con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que deba ejecutar el acto. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número de registro, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." De igual forma, sirve de apoyo, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 199-204 Cuarta Parte, página doce, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Por lo tanto, en la especie, resulta que respecto de dicho acto reclamado, este Juzgado Federal no es legalmente competente por cuestión territorial para conocer de la demanda que nos ocupa. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juez de Distrito con sede en Mexicali, Baja California, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado deba tener ejecución. En tales condiciones, se ordena remitir la demanda original de amparo y copias simples al Juez de Distrito en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Mexicali. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, por los medios electrónicos que a su alcance tenga, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. En otro aspecto, no procede suspender los actos reclamados por la incompetencia planteada, lo anterior dado que el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito y éste estime carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que ameriten la suspensión de plano, lo que en la especie no acontece en virtud a que el acto reclamado no está en ninguno de los supuestos a que alude el artículo 126 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano, tales como: - Los que importen peligro de privación de la vida; - Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; - Incomunicación; - Deportación o expulsión; - Proscripción o destierro; - Extradición; - Desaparición forzada de personas; - Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; - La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, - Los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender a su origen; ello tomando en consideración a que invariablemente serían de restitución físicamente imposible, o que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de los derechos fundamentales trasgredidos. Sin embargo, se reitera, de lo relatado por la quejosa en su demanda se evidencia que en la especie no se está en alguna del hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano; por lo que, deberá atenderse a la naturaleza del acto; por lo expuesto, se declina la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo aún no transcurre el plazo de ocho días a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional en el entendido de que se señalan las nueve horas con treinta y tres minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo su celebración. Notifíquese.

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