Karen Estefanie Cornejo Sanchez
Expediente 2039/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2039/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Karen Estefanie Cornejo Sanchez
- Jefe, Encargado Titular O Comisionado de la Delegacion Regional de Migracion (Estacion Migratoria de Reynosa) Adscrito Al Instituto Nacional de Migracion. Ciudad.
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación secretarial asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Karen Estefanie Cornejo Sánchez hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez cumplidos tres años de haberse dictado este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se destaca que en el presente juicio no existen documentos originales importantes o de valor, y no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
...Vista la constancia actuarial que antecede, levantada por la Actuaria Judicial adscrita el nueve de septiembre de dos mil veintidós, se advierte que Karen Estefanie Cornejo Sánchez, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, contra actos del Jefe, Encargado, Titular o Comisionado de la Delegación Regional de Migración del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la citada demanda de garantías. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. No ha lugar a abrir el incidente de suspensión, toda vez que por auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se otorgó la suspensión de oficio del acto reclamado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciba la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. En esa medida, indíquese a la responsable, que basta con que dé cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo, si informa lo peticionado por correo electrónico oficial, resultará innecesario que lo haga también vía fax. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a la autoridad responsable, para que al momento de que rinda su informe justificado proporcione a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Dada la naturaleza del acto reclamado en este asunto no existe tercero interesado. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por Manuel Martínez Martínez y Jesús Galván Gallegos; y en atención a su contenido, dígaseles que no ha lugar a acordar su solicitud, toda vez que en esa fecha se admite la demanda de garantías, por existir manifestación expresa de la quejosa. Finalmente, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el informe rendido por la autoridad responsable, en relación a la suspensión de plano concedida en auto de nueve de septiembre actual; hágase del conocimiento de las partes mediante notificación por lista, para que expongan lo que a su interés convenga.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel Martínez Martínez y Jesús Galván Gallegos, a favor de Karen ********************, de nacionalidad salvadoreña, contra actos del Jefe, Encargado Titular o Comisionado de la Delegación Regional de Migración, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 2039/2022-4M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que la quejosa se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como acto reclamado la privación de la libertad, deportación, o expulsión del país e incomunicación, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente, la quejosa se encuentra interna en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que la quejosa en su calidad de extranjera (que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubique en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentra en defensa de sus derechos a través de abogados particulares; este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ".A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria." Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio de la quejosa, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen e incomunicación; asimismo, instruyan la inmediata libertad de Karen ********************, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfagan los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que la quejosa pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a la agraviada circular en esta localidad. Sin que se le requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la quejosa no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. Si la privación de libertad de la quejosa obedeció a la comisión de delito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de Karen ******************** para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de ésta. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que la justiciable fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerla a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la quejosa, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, o en lugar diverso destinado por esa dependencia como albergue de extranjeros, con el propósito de que verifique si en alguno de esos sitios permanece Karen ********************; de ser así, le notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado en el caso de no estar ahí, se presente al local de este órgano de control constitucional y manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que la quejosa no sea localizada como recluida o albergada en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que la quejosa hubiese sido puesta a disposición de una autoridad distinta a la señalada como responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirla para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentre; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que la quejosa no entienda el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que el mismo entienda y comprenda lo que se le está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a la autoridad responsable, asimismo, respecto a la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que, en el supuesto de que la quejosa no ratifique la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares, o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de Amparo. Como lo solicitan los promoventes, se tiene como domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en los términos que señala, a los citados en la demanda de amparo. Por lo que hace a la petición de la promovente para accesar al expediente electrónico por conducto de su autorizado legal con el nombre de usuario ********************, se giran instrucciones a la Analista Jurídico SISE para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que la parte quejosa tenga acceso al expediente electrónico derivado de este asunto. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a la autoridad señalada como responsable, mediante el oficio que se gire, deberá verificar si la denominación con que fue señalada es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, nueve de septiembre de dos mil veintidos. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Manuel Martínez Martínez y Jesús Galván Gallegos, a favor de Karen Estefanie Cornejo Sánchez, de nacionalidad salvadoreña, contra actos del Jefe, Encargado Titular o Comisionado de la Delegación Regional de Migración, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 2039/2022-4M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que la quejosa se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como acto reclamado la privación de la libertad, deportación, o expulsión del país e incomunicación, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente, la quejosa se encuentra interna en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que la quejosa en su calidad de extranjera (que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales), se ubique en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentra en defensa de sus derechos a través de abogados particulares; este órgano jurisdiccional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: .A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria. Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio de la quejosa, deportación, rechazo, expulsión o devolución a su país de origen e incomunicación; asimismo, instruyan la inmediata libertad de Karen Estefanie Cornejo Sánchez, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfagan los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: Ello no implica que la quejosa pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a la agraviada circular en esta localidad. Sin que se le requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la quejosa no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrán ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este juzgado. Si la privación de libertad de la quejosa obedeció a la comisión de delito: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la ley de la materia, se decreta la suspensión de plano en favor de Karen Estefanie Cornejo Sánchez para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de ésta. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia respecto a su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que la justiciable fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerla a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrá hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la quejosa, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 170578 y publicada en la página 15, del tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, o en lugar diverso destinado por esa dependencia como albergue de extranjeros, con el propósito de que verifique si en alguno de esos sitios permanece Karen Estefanie Cornejo Sánchez; de ser así, le notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado en el caso de no estar ahí, se presente al local de este órgano de control constitucional y manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que la quejosa no sea localizada como recluida o albergada en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que la quejosa hubiese sido puesta a disposición de una autoridad distinta a la señalada como responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirla para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentre; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que la quejosa no entienda el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que el mismo entienda y comprenda lo que se le está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a la autoridad responsable, asimismo, respecto a la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que, en el supuesto de que la quejosa no ratifique la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares, o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor a una multa equivalente a cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de Amparo. Como lo solicitan los promoventes, se tiene como domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en los términos que señala, a los citados en la demanda de amparo. Por lo que hace a la petición de la promovente para accesar al expediente electrónico por conducto de su autorizado legal con el nombre de usuario "luiscarlos1986", se giran instrucciones a la Analista Jurídico SISE para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que la parte quejosa tenga acceso al expediente electrónico derivado de este asunto. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a la autoridad señalada como responsable, mediante el oficio que se gire, deberá verificar si la denominación con que fue señalada es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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