Karen Elizabeth Mayoral Cerda

Expediente 83/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
83/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2016

Partes del expediente

  • Karen Elizabeth Mayoral Cerda

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a dos de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que KAREN ELIZABETH MAYORAL CERDA, recurriera la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, al advertirse que el presente juicio se sobreseyó y que no se aperturó incidente de suspensión por duplicado en el que se negó la suspensión provisional y la definitiva, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE EL ORIGINAL DEL CUADERNO INCIDENTAL SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEBERÁ SER DESTRUIDO, en el plazo de SEIS MESES a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. N O T I F Í Q U E S E.

  2. Principal

    R E S U E L V E ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Karen Elizabeth Mayoral Cerda, contra el acto y la autoridad que precisados quedaron en el contexto de este fallo. NOTIFÍQUESE, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Incidental

    Ensenada, Baja California, a primero de marzo de dos mil dieciséis. Vista la cuenta que antecede; como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo vigente, con copias del auto admisorio de esta fecha y de la demanda de Amparo formulada por Karen Elizabeth Mayoral Cerda, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; fórmese por duplicado el incidente de suspensión. Pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, para cuyo efecto remítaseles copia simple del escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo, vigente en la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto por los artículos 260 y 238 de la Ley de Amparo vigente. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia incidental. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, interpretado a contrario sensu, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a KAREN ELIZABETH MAYORAL CERDA, en virtud que no acredita ni presuntivamente el interés jurídico para obtener la medida suspensional pedida, pues no comprobó el derecho de posesión del bien que defiende en esta vía constitucional, inmueble ubicado en Benito Juárez 1200 entre Emilio Gil, Villas del Prado II, de esta ciudad y del cual asevera se le pretende desalojar, por consiguiente, en la especie, y respecto al acto reclamado en cuestión, no se satisfacen en su integridad los requisitos exigidos por el artículo invocado con antelación, toda vez que no demuestra tener algún derecho legalmente protegido por la Ley para defender el bien inmueble que indica. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia P./j.96/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 37/97, misma que puede ser consultable en la página 23 y 24 del Tomo VI, del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, Pleno, Salas y Tribunales Colegidos de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "SUSPENSION PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN, EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTICULO 124, FRACCION I, DE LA LEY DE LA AMPARO, EL QUEJOSO DEBE MOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compra-venta debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo de impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas, que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que en el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Asimismo, resulta aplicable al caso el contenido de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VIII julio, en la página 225, la cual establece: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación." No pasan inadvertidas las documentales públicas, que en copia simple exhibió la impetrante, consistentes en credencial para votar número 0057125176195, acta de nacimiento de la aquí quejosa y acta de nacimiento de su menor hijo; así como un recibo de pago de televisión por cable en el que aparece como titular de la cuenta el de nombre José Marcos Jaimes Vázquez, respecto de un diverso inmueble ubicado en Matamoros sin número, Ampliación Revolución de esta ciudad; por lo que es evidente que con dichas documentales no logra acreditar el interés jurídico en el presente juicio. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a primero de marzo de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda, formulado por Karen Elizabeth Mayoral Cerda, por medio del cual promueve amparo indirecto contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por violaciones a los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 1o., fracción I, 107, 108, 112, 114 y 117 de la Ley de Amparo vigente, se ADMITE dicha demanda; se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 83/2016. Dése la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa. Se fijan las DIEZ HORAS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, al que habrá de adjuntar copia certificada de las constancias que tomó en cuenta para dictar los actos que se le reclaman, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 116, 117 y 260, fracción II de la Ley de Amparo en vigor. Se requiere a las partes, para que conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado de Distrito, si en el presente juicio de derechos fundamentales se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento, en especial si por cualquier circunstancia cesaran los efectos del acto reclamado o se dé un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por las fracciones XVII y XXI del numeral 61 del mismo ordenamiento legal, así como si tienen conocimiento de diversos juicios de amparo promovidos por la parte quejosa; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, con apoyo en el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ M., señalando domicilio para tales efectos el ubicado en Privada Lomas de Cataviña número 355 del Fraccionamiento Lomas de la Presa de esta ciudad. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente y el numeral 282 del código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse en el juicio de garantías en que se actúa. Asimismo, téngasele ofreciendo como PRUEBA DOCUMENTAL las copias simples que acompaña, con las cuales se hará relación en la audiencia constitucional, ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la ley de la materia. Hágase el cotejo de las copias que anexa con los documentos que adjunta al escrito original de demanda que se atiende, certifíquense los mismos y agréguense en los cuadernos incidentales de suspensión respectivos. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes que el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. NOTIFÍQUESE.

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