Karen Elizabeth Berzunza Rejón
Expediente 1440/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1440/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 18/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Karen Elizabeth Berzunza Rejón
- Verónica Mejía Manriquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
III.-Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el veintisiete de agosto pasado se elevó a categoría de laudo el proyecto de resolución correspondiente al juicio reclamatorio laboral 53/2013. Ahora bien, se trae a colación que el acto que reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta responsable de dictar el laudo relativo al juicio laboral 53/2013. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 53/2013. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que en fecha veintisiete de agosto del año en curso, la autoridad responsable elevó a categoría de laudo el proyecto de resolución correspondiente al juicio laboral de mérito. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable emitió el laudo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el fallo relativo al juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del laudo pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de terceros interesados a VERÓNICA MEJÍA MANRIQUEZ, y que no hayan sido emplazados en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.
- Principal
III.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obra el oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/1251/2018, suscrito por la Fiscal Investigador Número Tres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo. Así como que mediante proveído de veinte de abril de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este Juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se otorgó la protección constitucional a Karen Elizabeth Berzunza Rejón, contra el acto que reclamó del Fiscal Investigador Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, consistente en el acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en autos de la carpeta de investigación M3/2389/2017, en el cual le negó su solicitud de otorgar medidas precautorias y orden de restricción respecto de Verónica Manrique Herrera; lo anterior, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el sexto subsecuente. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, dejando insubsistente el acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete y emitiendo otro, en el que reitera lo que no fue materia de análisis en la sentencia de amparo y una vez que haya compurgado los vicios que fueron destacados en el cuerpo de tal fallo, con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero siempre subsanando los vicios formales indicados. Seguidamente, el diez de abril de dos mil dieciocho, se dio trámite en este Juzgado a la ejecutoria de referencia, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que por la Fiscal Investigador Número Tres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, remitió copia del acuerdo del catorce de abril de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación M3/2389/2017, dió cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto, conforme a los lineamientos expuestos de manera precisa con anterioridad. Por tanto, la autoridad responsable cumplió con los efectos de la sentencia, pues así se advierte del acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciocho; ahí que, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos
- Principal
III.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obra el oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/1251/2018, suscrito por la Fiscal Investigador Número Tres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo. Así como que mediante proveído de veinte de abril de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este Juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se otorgó la protección constitucional a Karen Elizabeth Berzunza Rejón, contra el acto que reclamó del Fiscal Investigador Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, consistente en el acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en autos de la carpeta de investigación M3/2389/2017, en el cual le negó su solicitud de otorgar medidas precautorias y orden de restricción respecto de Verónica Manrique Herrera; lo anterior, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el sexto subsecuente. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, dejando insubsistente el acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecisiete y emitiendo otro, en el que reitera lo que no fue materia de análisis en la sentencia de amparo y una vez que haya compurgado los vicios que fueron destacados en el cuerpo de tal fallo, con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero siempre subsanando los vicios formales indicados. Seguidamente, el diez de abril de dos mil dieciocho, se dio trámite en este Juzgado a la ejecutoria de referencia, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que por la Fiscal Investigador Número Tres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, remitió copia del acuerdo del catorce de abril de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación M3/2389/2017, dió cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto, conforme a los lineamientos expuestos de manera precisa con anterioridad. Por tanto, la autoridad responsable cumplió con los efectos de la sentencia, pues así se advierte del acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciocho; ahí que, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos
- Principal
III. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio número FGE/DEJ/AMP/DIAT/1251/2018, suscrito por la Fiscal Investigadora Número Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y con un anexo que adjunta, en alcance al oficio FGE/DEJ/AMP/DIAT/1238/2018, mismo que obra agregado en proveído de dieciocho de los corrientes, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, en relación con el tercero transitorio de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo.
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