Karen Edith González Sánchez
Expediente 280/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Karen Edith González Sánchez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable por identidad de razón la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, tomando en consideración que en autos del juicio de amparo en que se actúa, se concedió la suspensión de plano; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 inciso b) del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En el entendido de conforme al penúltimo párrafo del precepto legal antes invocado, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, en que se ordena su archivo como asunto concluido; y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá ser depurado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. ...
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a seis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta, suscrito por el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí", toda vez que mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese.
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Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veinte. Se tiene recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director del Hospital General de esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado; visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la promovente ***, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación a que se le dio de alta después de una radiografía de control de su hombro izquierdo, con vendaje en ocho, al no ameritar tratamiento quirúrgico, decidiendo la referida alta para continuar con manejo conservador de manera ambulatoria; sin que hiciera manifestación alguna, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado federal procede a proveer lo que en derecho corresponde. En ese contexto y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende particularmente de la documental remitida por el Director del Hospital General de esta ciudad, consistente en hoja de alta de diecinueve de septiembre del año en curso, así como del informe justificado de dicha autoridad, que el personal del referido hospital dio de alta a la quejosa de mérito por considerar después de un estudio de radiografía que la misma requería un vendaje en ocho en hombro izquierdo, por lo cual no ameritaba cirugía, continuando con un manejo conservador de manera ambulatoria, dándole cita para el día último de septiembre de dos mil veinte, sin que la paciente acudiera a la cita mencionada. Bajo ese contexto, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando el quejoso exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la omisión de otorgar atención médica integral oportuna, debida y urgente que en derecho corresponde, por no administrarse el tratamiento médico, incluyendo equipo médico, material osteosíntesis y de cirugía. Al respecto, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, Director del Hospital General de esta ciudad, consistente en hoja de alta de diecinueve de septiembre del año en curso, se evidencia que se dio de alta a la quejosa de mérito por considerar después de un estudio de radiografía que la misma requería un vendaje en ocho en hombro izquierdo, por lo cual no ameritaba cirugía, continuando con un manejo conservador de manera ambulatoria, dándole cita para el día último de septiembre de dos mil veinte, sin que la paciente acudiera a la cita mencionada. Documental, a la cual se concede valor probatorio indiciario y pleno respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de proporcionar la atención médica necesaria para tratar la fractura de clavícula izquierda, en tanto que el personal del Hospital General consideró que la quejosa no necesitaba tratamiento quirúrgico y se le ha dado de alta, para continuar con manejo conservador de manera ambulatoria, sin que la paciente acudiera a la cita del día último de mes; por tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las DIECISÉIS HORAS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE CINCO DE OCTUBRE DE ESTE AÑO A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de octubre de dos mil veinte. Se tiene recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director del Hospital General de esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado; visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la promovente ***, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación a que se le dio de alta después de una radiografía de control de su hombro izquierdo, con vendaje en ocho, al no ameritar tratamiento quirúrgico, decidiendo la referida alta para continuar con manejo conservador de manera ambulatoria; sin que hiciera manifestación alguna, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado federal procede a proveer lo que en derecho corresponde. En ese contexto y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende particularmente de la documental remitida por el Director del Hospital General de esta ciudad, consistente en hoja de alta de diecinueve de septiembre del año en curso, así como del informe justificado de dicha autoridad, que el personal del referido hospital dio de alta a la quejosa de mérito por considerar después de un estudio de radiografía que la misma requería un vendaje en ocho en hombro izquierdo, por lo cual no ameritaba cirugía, continuando con un manejo conservador de manera ambulatoria, dándole cita para el día último de septiembre de dos mil veinte, sin que la paciente acudiera a la cita mencionada. Bajo ese contexto, se advierte que existen elementos probatorios que acreditan la actualización de una causal de improcedencia que jurídicamente permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En efecto, para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo no es necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional y al dictado de la sentencia, sino que puede decretarse durante su tramitación y antes de la celebración de dicha audiencia, siempre que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, de suerte tal que, aun cuando el quejoso exhiba mayores pruebas, sea imposible desvirtuar la causa de improcedencia, o aun cuando no se haya dado vista a las partes del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues estimar lo contrario, dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de dicho informe justificado, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el caso. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en la justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del contenido del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo será improcedente, entre otros casos, cuando hayan cesado los efectos jurídicos del acto reclamado. Conforme a los criterios jurisprudenciales sustentados por nuestro máximo Tribunal, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste es suspendido o acabado, esto es, cuando se revoca o deroga el acto combatido de manera que no produce efecto alguno en la esfera de derechos de la gobernada, como si el acto jamás hubiera nacido. Para que se actualice la cesación de efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino es necesario que, aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la quejosa reclama la omisión de otorgar atención médica integral oportuna, debida y urgente que en derecho corresponde, por no administrarse el tratamiento médico, incluyendo equipo médico, material osteosíntesis y de cirugía. Al respecto, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, Director del Hospital General de esta ciudad, consistente en hoja de alta de diecinueve de septiembre del año en curso, se evidencia que se dio de alta a la quejosa de mérito por considerar después de un estudio de radiografía que la misma requería un vendaje en ocho en hombro izquierdo, por lo cual no ameritaba cirugía, continuando con un manejo conservador de manera ambulatoria, dándole cita para el día último de septiembre de dos mil veinte, sin que la paciente acudiera a la cita mencionada. Documental, a la cual se concede valor probatorio indiciario y pleno respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, permite constatar que ya cesaron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues dejó de existir la omisión de proporcionar la atención médica necesaria para tratar la fractura de clavícula izquierda, en tanto que el personal del Hospital General consideró que la quejosa no necesitaba tratamiento quirúrgico y se le ha dado de alta, para continuar con manejo conservador de manera ambulatoria, sin que la paciente acudiera a la cita del día último de mes; por tanto, las cosas volvieron al estado en que estaban antes de la violación reclamada en la demanda de amparo, como si el acto nunca hubiese existido. En ese contexto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional fijada a las DIECISÉIS HORAS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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