Karen Dolores Medina Chan

Expediente 1115/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1115/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Karen Dolores Medina Chan

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos la copia certificada del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente 20709/18-17-09-9, del índice del Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, del que se desprende que, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de cinco de los corrientes, remite las constancias solicitadas. Acúsese recibo. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, por lo que hace al anexo remitido por dicha autoridad, consistente en el original del expediente 20709/18-17-09-9, de su índice; dada su voluminosidad, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado como anexo uno, pero formando parte a la vez de estos autos. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos se advierte que en el auto admisorio de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer lo conducente respecto a la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa; en consecuencia: Atendiendo a la reserva decretada, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada como prueba de la parte quejosa, la pericial en materia de contabilidad, misma que deberá ser desahogada conforme al cuestionario que el oferente de la prueba acompañó a su escrito de demanda. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el numeral 120 de la ley de la materia, al promoverse la prueba pericial el Juez debe hacer la designación de un perito para la práctica de la diligencia correspondiente, gírese oficio al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, a efecto de que sirva proporcionar a este Juzgado Federal, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de este proveído, el nombre y domicilio de un profesionista en materia de contabilidad, que labore en esa dependencia, con el objeto de que este órgano de control constitucional pueda designarlo como perito oficial de este Tribunal en el presente asunto. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. En lo que toca al perito designado por la parte quejosa, Luis Gabino Vázquez Coutiño, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto se designe a quien fungirá como perito oficial por parte de este juzgado. Con el citado precepto 120 de la Ley de Amparo, prevéngase también a las demás partes, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, designen perito en este juicio, con el propósito de que se asocie al nombrado por este órgano jurisdiccional, o bien, rinda su dictamen por separado, así como para que adicionen por escrito el cuestionario con lo que les interese, para lo cual córraseles traslado con copia del mismo, e informen si por su conducto se les notificaría, o bien, señalen su domicilio para oír y recibir notificaciones. Apercibidas que de no hacer tal designación y ampliación, en el plazo concedido para ese efecto, se les tendrá por conformes con el dictamen que habrá de rendir el perito oficial de este Juzgado de Distrito y con el cuestionario propuesto por la parte oferente. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 489/2022-I-A, promovido por Luis Jorge Medina Minet, representante del menor DIEGO ALFONSO MEDINA SUÁREZ; y. RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, Luis Jorge Medina Minet, representante del menor DIEGO ALFONSO MEDINA SUÁREZ, solicitaron la suspensión definitiva de los actos que reclamaron de las autoridades siguientes: 1. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Con sede en la Ciudad de México 3. COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, CAPITÁN CARLOS GÓMEZ MONTES DE OCA Con sede en Yucalpetén, Yucatán 4. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN Con sede en esta ciudad SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Siendo que mediante interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintidós, se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y se difirió la audiencia por las autoridades foráneas, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos que la parte quejosa reclama, que como se asentaron en el auto de suspensión provisional, esencialmente son: La omisión de integrar a la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 al grupo etario del menor quejoso, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto último, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022; lo cual pone en riesgo su salud. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (promoción 9143), con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestó la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, al rendir su informe previo en su representación, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, en relación a la referida autoridad responsable, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, pues la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, así lo manifestó al rendir su informe previo en su representación (promoción 8977). Por otra parte, hasta el momento en que se resuelve el presente incidente, no se tiene conocimiento de que el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, haya rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificado, según se aprecia de la boleta de acuse de recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317,630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." CUARTO. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisiva con efectos positivos, respecto de los cuales, es procedente conceder la medida cautelar instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado determina que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Así mismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Ahora bien, la parte promovente del amparo solicita la suspensión respecto de la omisión de las responsables de contemplar a los menores de cinco a once años, entre ellos, su menor hija que tiene siete (7) años de edad, en la aplicación de la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19, pues refiere que su exclusión del plan nacional de vacunación puede generar la probabilidad de que se les coloque en un estado de vulnerabilidad que implique su exposición para contagiarse del aludido virus, y con ello, con altas posibilidades de causar los efectos dañinos que provoca en la salud, cuya consumación haría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho que reclama, esto es, el derecho de preservar su salud. En este contexto, es oportuno invocar como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emitió el Comunicado 23/2021, mediante el cual modificó la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuyo contenido se encuentra publicado en la página oficial del gobierno federal, que dispone en la parte que interesa, lo siguiente: "...El biológico cumple requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para el grupo etario de referencia. Es la primera vacuna contra COVID-19 autorizada en México para su aplicación en adolescentes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, las expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible enhttps://bit.ly/3tNfUzL. Se reitera el riesgo de aplicarse cualquier supuesta vacuna contra COVID-19 en espacios, laboratorios, hospitales y clínicas no designadas por la autoridad. Si conoce algún establecimiento que ofrezca cualquier producto que se sospeche es apócrifo o que los ofertantes lo hagan pasar como sustancia contra el virus SARS-CoV-2, usted podrá realizar la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: www.gob.mx/cofepris/accionesyprogramas/denunciassanitarias." De la transcripción anterior, se aprecia que la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, denominada Pfizer-BioNTech, en México sólo es recomendable al grupo etario mayor de los 12 años; esto es, al momento no existe un pronunciamiento de la autoridad mexicana especializada en la evaluación de los riesgos a salud, que haya definido la seguridad de la aplicación del biológico en menores de doce años, como el caso de la parte quejosa, quien a la fecha tiene siete (7) años de edad. Sin embargo, también es un hecho notorio que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. -FDA, por sus siglas en inglés- autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; autorización que se basó en la evaluación exhaustiva de la FDA de los datos que incluyó aportes de expertos del comité asesor independiente que votaron, contundentemente, a favor de poner la vacuna a disposición de los niños en este grupo de edad. En este comunicado de la FDA de los Estados Unidos, se concluye que los beneficios de prevenir casos graves de COVID-19 con la vacuna de Pfizer generalmente superan los riesgos de los posibles efectos secundarios en ese grupo de edad. Otros aspectos relevantes en relación con la protección de este grupo etario son la posibilidad de reducir algunas complicaciones derivadas de la infección por el virus SARS-CoV-2 en niños como miocarditis o síndromes inflamatorios generalizados que, aunque son complicaciones poco frecuentes si pueden aparecer en un pequeño porcentaje de niños infectados con este virus y finalmente reducir la transmisibilidad del virus a los familiares o compañeros de escuela de estos niños. Lo anterior, además está reforzado por las recomendaciones emitidas por el Centro Para el Control de Enfermedades de los E.E.U.U. -CDC por sus siglas en inglés- y la Academia Americana de Pediatría. Además, es un hecho notorio que no sólo la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, para incluir a niños de cinco a once años de edad; pues el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) también recomendó que se otorgue una extensión de indicación para la vacuna frente a la COVID-19, para incluir su uso en menores de cinco a once años; lo a su vez fue retomado por la Asociación Española de Pediatría. Datos que redundan en el consenso científico que existe respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna en niños de ese grupo etario de cinco a once años de edad. Más aún, el viernes veintiuno de enero de dos mil veintidós, el Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) en inmunización de la OMS amplió su recomendación sobre el uso de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech con una dosis reducida, precisamente al grupo etario que comprende a los niños entre cinco y once años de edad. En el documento publicado en el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351139/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-BNT162b2-2022.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y Se observa que se hace la recomendación de la aplicación de la vacuna con dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda entre las cuatro u ocho semanas. Así las cosas, este órgano jurisdiccional advierte que la evaluación científica referida, pone en evidencia los serios riesgos y peligros por no administrar el biológico y, en contrapartida, los riesgos y contraindicaciones son de mucho menor entidad, lo que permite ponderar la razonabilidad y conveniencia de aplicar la vacuna en este grupo etario. Esto es, la evaluación ponderada de ventajas, desventajas, daños previsibles y riesgos, aconsejan aplicar la vacuna y no negarla, acorde a lo solicitado y respaldado por los padres en pleno ejercicio de su autonomía como responsables de la salud e integridad de sus menores hijos. E incluso en fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 5 años. Tal y como se advierte del siguiente enlace de la página oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/vacunas-covid-19-autorizdas Aplica al caso, la tesis jurisprudencial 1a/J. 8/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019358, que establece: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Con base en lo expuesto, resulta procedente conceder la suspensión definitiva a la menor quejosa, ya que de no hacerlo se pone en riesgo su vida, dado que esa petición se funda en la condición de peligro grave que le afecta al no recibir el esquema de vacunación anti COVID-19 de Pfizer-BioNTech, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Ello para no infligir el derecho fundamental de la parte quejosa de acceso a una medida esencial para la prevención de la mencionada enfermedad epidémica, en términos de los artículos 4,° constitucional, 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 2°, 4° y 6° de la Convención de los Derechos del Niño y, 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, de los que México es parte. Por lo que SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que las responsables Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, a la brevedad lleven a cabo la aplicación del esquema de vacunación en los términos anteriormente descritos, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, preferentemente, la segunda, debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas. Lo anterior, de no existir riesgo alguno a su salud y de acuerdo con la vacuna Pfizer-BioNTech que por su edad le corresponda. Al tratarse de un menor de edad, deberá explicársele a él y a quien lo acompañe (tutores), el procedimiento de aplicación de la vacuna antes de hacerlo, así como la naturaleza y efectos secundarios que eventualmente podrían derivarse. Lo anterior, BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE SUS PADRES O TUTORES, y previo conocimiento informado y firma que deben tener respecto de los posibles riesgos que implican la aplicación del esquema completo de la vacuna, que deben ser hechos de su conocimiento por la autoridad de salud correspondiente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 136/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, página 61, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Registro digital: 168549, que se transcribe: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." En la inteligencia de que las autoridades responsables señaladas deben acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se indican. En el entendido que de no contar con el tipo de vacuna Pfizer-BioNTech que corresponda a la edad de la parte menor quejosa, la(s) responsable(s) sobre la(s) que se resuelve el presente incidente; deberá gestionar ante las instancias correspondientes la obtención de la misma utilizando para ello el máximo de los recursos de que disponga el Estado Mexicano a fin de hacer progresivo el respeto irrestricto a los derechos humanos y no regresivo como lo establece el numeral 2 del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Igualmente, no debe dejar de destacarse que en caso de encontrarse vigente la presente suspensión y durante ese lapso se llegara a precisar la hora y fecha en que se aplicaría la vacuna en esta ciudad para los menores que se encuentran dentro del rango de edad del menor quejoso, entonces la presente suspensión dejará de surtir sus efectos; ello, a fin de no crear a través de esta determinación una condición de discriminación frente a derechos del mismo grupo etario que se encuentre en las mismas condiciones para ser vacunados, lo cual es inadmisible como lo dispone el artículo 1° constitucional. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE NIEGA al menor DIEGO ALFONSO MEDINA SUÁREZ, por conducto de su representante Luis Jorge Medina Minet, la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, precisados en el considerando primero de esta resolución incidental, en los términos expuestos en el considerando segundo de la misma. SEGUNDO. SE CONCEDE al menor DIEGO ALFONSO MEDINA SUÁREZ, por conducto de su representante Luis Jorge Medina Minet, la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación Covid-19 "Operativo Correcaminos" Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán, precisados en el considerando primero de esta resolución incidental, en los términos expuestos en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese y cúmplase.

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