Karen Dayanara López Marroquín
Expediente 315/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Karen Dayanara López Marroquín
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
1. Causa estado. Visto el estado procesal, así como la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de garantías, no fue recurrido por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara firme ese acuerdo. Hágase las anotaciones en el libro respectivo. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia, se considera que este expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
1. Informes de suspensión de plano. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por el Sub Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Acuña, Coahuila de Zaragoza y Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, mediante los cuales rinden informe de suspensión de plano. 1.1 Acuerdo. Sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante auto de treinta y uno de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia este asunto. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
1. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial de treinta de este mes y año, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito de notificar a la quejosa directa Dayanara López Marroquín, el proveído de treinta de marzo del año en curso, toda vez que obtuvo su libertad. 1.1 Acuerdo. En atención a su contenido, se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial adscrito para notificar a la quejosa directa ....., el proveído de treinta de marzo del año en curso, en virtud que fue informado por la Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila que ya no se encuentra resguardada en ese lugar, toda vez que en esa misma fecha la quejosa en mención obtuvo su libertad; de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. 2. Improcedencia de oficio. En mérito de lo anterior, este órgano de justicia advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos implementados por el Instituto Nacional de Migración que restringía la libertad de tránsito en el país de la aquí quejosa directa Dayanara López Marroquín. 2.1 Premisas argumentativas. El citado precepto legal establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgando el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. 2.2 Contexto de los hechos. En este caso, se advierte de la razón actuarial de cuenta, que la quejosa directa Dayanara López Marroquín ya no se encuentra retenida o alojada a disposición del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, toda vez que el treinta de marzo de dos mil veintitrés se decretó su egreso definitivo, lo que implica que no continúa restringida en su libertad. Circunstancia suficiente para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, quedando restituido la agraviada en el goce de sus derechos (libertad), como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sobre el tema se cita la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente conforme a derecho es sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo. 3.1 Anotaciones. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE) DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico e impreso. 3.2 Comunicación a autoridad. Asimismo, comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales conducentes.
- Principal
1. Recepción. Se tienen por recibidos los oficios 9695/2023 y 9932/2023, de veintinueve y treinta de marzo de dos mil veintitrés, signados por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Durango, Durango, mediante los cuales remite los autos del juicio de amparo 489/2023-V, de su índice, promovido por ******************** a favor de ********************, en virtud de que el órgano jurisdiccional en cita se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo; asimismo, allega el informe de suspensión de plano rendido por la Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila. 1.1 Competencia. Al efecto, con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo de estilo correspondiente. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 315/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Antecedentes del juicio de amparo. Ahora bien, resulta innecesario proveer respecto a la suspensión de plano que solicita la parte promovente en el escrito de demanda de amparo, toda vez que de las constancias que integran el expediente 489/2023-V, se advierte que el veintiocho de marzo del año en curso, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Durango, Durango, concedió la suspensión de plano a la parte quejosa respecto de los actos reclamados, y por tal motivo, giró a este juzgado el 71/2023 (orden 150/2023), de su índice, para que se notificara a la quejosa directa ********************, la suspensión de plano concedida, asimismo, se llevara a cabo la encomienda ahí solicitada. 3.1 Hecho notorio. Respecto a lo anterior, es un hecho notorio que este juzgado federal, radicó el exhorto 177/2023 (orden 242/2023), del que se advierte de la constancia de notificación de veinticuatro de marzo del año en curso, la cual obra agregada en ese expediente, que la quejosa directa ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre. 3.2 Inexistencia de actos crueles e inhumanos. De igual manera, se advierte que la quejosa refirió que no fue víctima de actos de tortura, lesiones provocadas, maltrato físico o psíquico, golpes o incomunicación; por tal motivo, al manifestar expresamente que no existieron los citados actos, desde este momento los mismos quedan fuera de la litis constitucional planteada, siguiéndose el trámite únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en la detención ejecutada y posible orden de deportación y su ejecución. Lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Penales Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo, lo que válidamente puede introducirse como prueba en este expediente, lo invoquen o no las partes. 3.3 Criterio aplicable. Sirve de apoyo la XXII.J/2, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. 4. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve ******************** a favor de ********************, contra actos del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad y Oficina de Representación Social del Instituto Nacional de Migración en Acuña, Coahuila de Zaragoza. 5. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano. 5.1 Acuerdo. En atención a su contenido, se tiene a la autoridad migratoria informando que no se encuentra facultada para acatar la suspensión de plano otorgada por la autoridad declinante, toda vez que la parte quejosa únicamente se encuentra resguardada en ese lugar y es la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Acuña, Coahuila quien realizó el aseguramiento e inició el procedimiento administrativo migratorio, por lo que no está facultada para emitir resolución de salida. 5.2 Cumplimiento a la suspensión de plano. Este órgano jurisdiccional requiere a la autoridad migratoria residente en esta ciudad de Piedras Negras, a que cumpla de inmediato y sin evasivas la orden de libertad de la migrante quejosa. Lo anterior en razón de que está obligada a observar el mandato judicial que aquí está proveyendo, independientemente de que una distinta autoridad migratoria haya realizado el procedimiento administrativo correspondiente, ya que debe prevalecer el principio de máxima protección del derecho humano a la libertad en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6. Suspensión de plano. Ahora bien, con independencia de que por auto de veintiocho de marzo del año en curso, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Durango, Durango, haya decretado la suspensión de plano en favor de la parte quejosa respecto de los actos reclamados en el presente asunto; al aceptar este órgano jurisdiccional la competencia planteada, los quejosos se encuentran a disposición de este juzgado de distrito, respecto su libertad personal y por ende, se decreta la suspensión de plano en los siguientes términos: Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 126 y 160 de dicha legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN. A fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física de la migrante quejosa, se adoptan como medidas urgentes que debe cumplir la autoridad migratoria, las siguientes: 6.1 Deportación. Las autoridades responsables no podrán deportar a ******************** a su país de origen, hasta en tanto reciba notificación de la conclusión definitiva de este juicio. La suspensión concedida no constituye un obstáculo para que pueda retornar a su nación de origen, en caso de ser voluntad expresa de la parte quejosa (retorno migratorio voluntario). 6.2 Libertad inmediata. La persona migrante deberá quedar en inmediata libertad, puesto que de la manifestación bajo protesta de decir verdad del promovente, se advierte que el plazo previsto en el artículo 68 de la Ley de Migración ya transcurrió. En consecuencia, no existe fundamento legal para otorgar mayores plazos a la autoridad responsable, ya que de prolongar la detención o alojamiento, se convierte en arbitraria y violatoria del derecho humano a la libertad personal reconocido como de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14, 16 y 21), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7). 6.3 Eficacia de la medida cautelar. Esta suspensión de plano debe tener el efecto de poner en inmediata libertad a la migrante quejosa para que conforme al artículo 160 de la Ley de Amparo, quede a disposición del Juzgado de Distrito por cuanto hace a la libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo correspondiente. La autoridad migratoria podrá imponer las medidas de seguridad previstas legalmente para continuar con el procedimiento migratorio, sin impedir el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, así como en la normativa convencional, como lo establece el artículo 66 de la Ley de Migración. 6.4 Asistencia al migrante. En observancia de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la Constitución General de la República, el derecho de entrar y viajar por el territorio mexicano está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa donde se regulen limitaciones a esos derechos que impongan las leyes sobre inmigración. Por consiguiente, la autoridad migratoria deberá cumplir, sin excusa, con el otorgamiento de los derechos de asistencia al migrante identificados en los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración. 6.5 Apercibimiento de vista a la Fiscalía General de la República. Las autoridades responsables que viole este mandato judicial serán sujeta a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo. 7. Informe sobre cumplimiento de la suspensión de plano. Se requiere a la autoridad responsable Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, para que de inmediato informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa en el presente acuerdo; en su caso, deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su información. 7.1 Apercibimiento y vista a Superior Jerárquico. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar la causa legal o material que se lo impida, se le dará vista a su Superior Jerárquico, y se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 7.2 Consecuencias del incumplimiento a la suspensión. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no atender la suspensión de plano decretada en el presente asunto, se actuará conforme lo disponen los artículos 66, 206 y 209, parte final de la ley de Amparo (denuncia por delito federal) y se hará dicha circunstancia del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación, en términos del artículo 262, fracciones III y V, del mismo ordenamiento. 7.3 Ingreso del Actuario Judicial a la estación migratoria. Se hace del conocimiento a las autoridades responsables que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o expresar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. 7.4 Uso de la fuerza pública. El incumplimiento a lo anterior constituirá una obstaculización a la justicia federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles o militares de los tres niveles. 8. Localización del migrante. Se comisiona al Actuario Judicial, para que se constituya de inmediato en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a fin de localizar a la quejosa ********************. Una vez localizada, el fedatario judicial, en términos del Protocolo para juzgar casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberá llevar a cabo las actuaciones siguientes: 8.1 Migrante vulnerable. Dar cuenta y razonar que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen actos que coloquen en una situación de vulnerabilidad a la promovente. 8.2 Estado del migrante. Dar cuenta y razonar el estado físico de la quejosa al momento en que se desahogue la diligencia y preguntar sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas, maltrato físico o psicológico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual deberá realizar la certificación conducente y utilizar algún medio electrónico en donde puedan quedar registradas las presuntas lesiones. 9. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 10. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica, al solicitante con nombre de usuario "********************". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente el citado usuario; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 10.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 11. Ministerio Público. En términos del artículo 5o, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 12. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que los peticionarios de amparo manifiesten la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibidos que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 12.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, así como del acceso a la misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable se sirva a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 13. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 14. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría del Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 15. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 16. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 17. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. 18. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE) DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS.
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